El asesinato de Fernando Morroni es recordado desde entonces con marchas año tras año y, aunque una investigación de Caras y Caretas permitió identificar al funcionario policial que ejecutó a Morroni, la aureola de impunidad sigue encima de los responsables.
Uno de los procesados por el desborde policial, pero no por el homicidio, es el actual jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruiz.
El tema de la extradición de los ciudadanos vascos venía ocupando la agenda pública y política, y se dio en el marco de la campaña electoral que corría ese año; gobernaba entonces Luis Alberto Lacalle, cuyo gobierno ya venía jaqueado por las denuncias de corrupción con funcionarios procesados y el asesinato de Eugenio Berríos, donde habían participado tres militares uruguayos, pero la interpelación al ministro del Interior del momento, Ángel María Gianola, no tuvo consecuencias.
El Frente Amplio, en la oposición, en aquel momento pareció conformarse con el procesamiento de los tres funcionarios policiales por delitos menores y que siguieron con su carrera policial, y el vencedor de las elecciones fue el elegido presidente por segunda vez, Julio María Sanguinetti.
Desde aquel 24 de agosto, tres partidos políticos han pasado por el gobierno nacional y el homicidio de Morroni fue jugando una carrera contra reloj contra la prescripción del delito que parece haber ganado y catapultado al exfuncionario policial al olvido, que una vez prescripto el delito volvió de La Plata, donde se encontraba a las sombras, a vivir en el departamento de Durazno y dedicarse a la actividad política.
Guillermo Machado
Pero el asesinato de Fernando Morroni a manos de la Policía no fue el primero; el obrero de la construcción, militante de su sindicato, el Sunca, e integrante de la Unión de Juventudes Comunistas, Guillermo Machado, había sido detenido por una razzia policial el 16 de julio de 1989 en la plaza contigua al Hospital Pasteur, y luego fue llevado a la Seccional 15 de Policía, ubicada a pocas cuadras. De allí salió inconsciente horas después; fue internado en el CTI y murió sin haber recuperado el conocimiento en ningún momento. Las versiones policiales son inconsistentes, nadie explica con claridad que pasó en esas horas. El cuerpo de Guillermo Machado tenía señales de maltrato.
Gobernaba por primera vez Julio María Sanguinetti y con el resultado adverso del voto verde contra la ley de caducidad de abril de ese año, implantó el decreto de razias policiales.
Ante la muerte de Guillermo Machado, el Sunca convocó a un paro general, que el PIT-CNT acompañó. Una multitud de personas asistió al velatorio en el barrio Paso Molino y acompañó al féretro hasta el Cementerio del Norte.
Días después se realizó en el Cerro “La marcha de las antorchas”, convocada por la Coordinadora Anti Razias, y respaldada por el PIT-CNT, la FEUU, la FES, CGU y otras organizaciones populares, reclamando el fin de las razias.
Un asesinato en los inicios de la primera campaña electoral a cuatro años de que Uruguay recuperara el Estado de Derecho, pero esta muerte bajo el decreto de las razias tenía mucho de lo vivido en los años del “pachequismo” y la dictadura cívico-militar, de hecho era un decreto de la dictadura; Sanguinetti había generalizado las razias, consistentes en operativos de detenciones y revisiones masivas, principalmente contra los jóvenes, con el argumento, ya en ese entonces, de combatir la inseguridad. Un argumento adicional era la necesidad de recuperar la autoridad ante los “desbordes” de la movilización y la protesta social.
La Policía actuaba en base a la “apariencia” de los presuntos sospechosos; detenía y reprimía a cualquier hora, fundamentalmente en los barrios humildes y obreros y particularmente a las y los jóvenes. El pelo largo, la barba, determinados buzos con inscripciones, eran motivo de sospecha y causa de detención. Hubo centenares de denuncias sobre abusos en los procedimientos y también de maltrato policial.
En el caso de Machado una investigación judicial que no llegó a fondo y que aplicó por toda sanción una especie de “reprimenda” legal al comisario de la Seccional.
Ronald Escarzella
Ronald Escarzella (conocido como Rony) fue asesinado el 23 de abril de 1993.
Fue dirigente sindical de la química trabajando en la ex fábrica Juan Benzo S.A. de jabón BAO en el barrio de la teja. Fue militante activo del MLN y principal militante del "Movimiento por la Tierra" impulsado por Raúl Sendic (padre).
Ante su muerte, el PIT-CNT emitió una declaración el 28 de abril de 1993 en la que condena el asesinato, expresa su repudio a las amenazas y reclama el esclarecimiento del crimen.
Escarzella se dedicó a desarrollar el proyecto del "Movimiento por la Tierra", organizado por Raúl Sendic.
A partir de este período, las amenazas y balaceras hacia el "Movimiento por la Tierra", se hicieron peligrosamente frecuentes. El seguimiento y vigilancia fueron estrechando el cerco sobre Rony, principal militante del Proyecto Sendic, hasta que, por medio de un plan siniestro llevado a cabo con fría determinación, Rony es asesinado en una playa desierta del departamento de Rocha.
El escenario fue una playa desierta en el paraje "Los Moros" cerca del balneario Valizas, donde los criminales esperaron la información del grupo de vigilancia. Hubo una emboscada, lo encapucharon y lo asesinaron con total impunidad. Miles de cartas de repudio y condena inundaron los despachos estatales.
El aparato ejecutor fueron criminales a sueldo que, según las pocas investigaciones, eran procedentes de Brasil, país al que regresaron luego del asesinato, siendo uno de los primeros casos de sicariato contra militantes políticos. Hubo un grupo de planificación. Hubo un grupo de vigilancia y seguimiento. Contaron con la superestructura del aparato estatal uruguayo. Tuvieron la infraestructura del Ministerio del Interior, de varias comisarías, de varios vehículos.
Fue el 23 de abril de 1993. El presidente era Luis Alberto Lacalle. El ministro del Interior era Juan Andrés Ramírez. Los investigadores fueron los policías Saúl Clavería, Julio María Sosa, José Carlos Cal y Wilson Núñez Cal.
Previo a su asesinato y a su dedicación al nuevo proyecto de militancia, Escarzella había dirigido un duro conflicto con la patronal de la BAO. En una misiva que dirigió a una compañera que vivía en el exterior, narraba: "Hoy puedo decirte, con no poca satisfacción, que el conflicto ha finalizado dejando un saldo altamente positivo y algo que, sin triunfalismos, ha sido un gran triunfo. ¿Por qué? Primero: porque los compañeros se sienten fortalecidos y hoy tienen la prueba de que ellos pueden enfrentarse y salir victoriosos ante el poderío de una empresa reaccionaria, que como tú sabes no titubeó en utilizar todos los medios legales que el régimen pone a su disposición (policía, grupos de choque especiales y toda la estructura del Estado), así como los ilegales (contratar matones, atentados, amenazas de muerte y, en fin, aplicación del terrorismo). Segundo: porque la organización sindical (el principal objetivo de la empresa) quedó intacta y, más aún, fortalecida con la incorporación de seis compañeros más, todos ellos jóvenes, que esta fue su primera experiencia de lucha".
No hubo un solo procesamiento en Uruguay en un crimen que sigue impune.
Villanueva Saravia
El 12 de agosto de 1998 apareció muerto el intendente de Cerro Largo y dirigente del Partido Nacional Villanueva Saravia que, a pesar de las grandes dudas y la conmoción pública, desde las autoridades se manejó la hipótesis de suicidio.
La versión oficial fue decretada por el exministro del Interior, el profesor Luis Hierro López, que aparentemente ordenó la redacción de un comunicado diciendo que Villanueva se había suicidado, cuando recién estaban saliendo los investigadores policiales para el lugar del hecho. Esa misma versión oficial después fue sustentada por la propia Justicia.
Sin embargo, el halo de misterio que rodeó su muerte llevó en su momento al dirigente nacionalista Juan Sartori a pedir se reabriera el caso.
Mientras la versión oficial desde el gobierno de Julio María Sanguinetti y de las autoridades herreristas (mayoría en el Partido Nacional) hablan de un trágico desenlace por cuestiones amorosas (lo habría abandonado su amante), el Dr. Mario Burgos escribió un libro en el que sostiene que a Villanueva “lo mató un comando especializado y contratado para simular un suicidio”.
En lo que podría ser el segundo caso de sicariato y aún de magnicidio, Burgos sostiene su afirmación en que, “en este caso actuó un comando profesional, que preparó un proyectil que permitiera no ‘yabranizar’ la cosa; es decir, que la herida fuera perfectamente reconocible. Un comando que sabía cada paso y acto de Villanueva Saravia. Contestando su pregunta, también estoy convencido de que la sociedad uruguaya no estaba en aquel momento -y tampoco lo está ahora- preparada para admitir la ‘colombianización’ o la ‘mexicanización’ de la actividad política. Es decir, que se pueda solucionar un problema de un adversario político peligroso mediante el homicidio. Y esto explica la conjura de silencio que vino después de la muerte de ‘Villa’. Había que pararse en el suicidio y no admitir otra cosa, porque, si no, la seguridad de todos los políticos de este país quedaba entre dos grandes interrogantes. Pero además existen otros elementos que hacen más vil esta simulación de suicidio; situémonos en los momentos previos a la muerte del ‘Villa’. Había enfrentamientos muy duros. Y, en ese contexto, el herrerismo significaba uno de los mayores adversarios para el malogrado intendente”.
Como haciendo una trazabilidad de hechos desde el asesinato de Morroni y la presidencia de Lacalle, Burgos recuerda una serie de hechos y declaraciones que parecen formar la parte central de la trama: “Si hoy sale una grabación que involucra al exministro Ángel Gianola hablando con generales del Ejército, que es grabada aparentemente por uno de estos, y se difunde que se analizaba la posibilidad de un golpe de Estado para el caso de que el Frente Amplio ganara las elecciones siguientes, y aparece Villanueva Saravia diciéndole al diario La República que había que pensar en un golpe de Estado si Lacalle (Luis Alberto) ganaba las elecciones, porque iba a ser un gobierno bajo sospecha de corrupción, cómo puede haberle caído al Dr. Lacalle?, ¿Cómo puede haberle caído al herrerismo? El herrerismo se reúne y pide al Directorio del Partido Nacional que poco menos lo expulse a Villanueva Saravia del Partido y, como Volonté no podía prescindir de Villanueva en ese momento, lo respalda y el herrerismo en pleno se retira del Directorio. Entonces es muy claro que había un enfrentamiento frontal entre Villanueva Saravia y Luis Alberto Lacalle. Aquí había gente a la que concretamente le interesaba que Villanueva frenara su lengua, que dejara de transgredir, que dejara de atacar”.
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A 4 años del asesinato de Plef, su madre sigue exigiendo justicia
Felipe Cabral (Plef)
El 16 de febrero del 2019, el artista Felipe Cabral moría ejecutado tras fotografiar una pintada que la jornada anterior había hecho en el muro de una casa abandonada. La Justicia sigue sin determinar las responsabilidades de los involucrados en el homicidio, dando casi por resuelto el caso con la muerte de Ángel Panizza, el principal sospechoso.
La investigación sobre las distintas responsabilidades en el asesinato del artista Felipe Cabral (Plef), creador del icónico gato que figura en muros y paredes de la ciudad, sigue sin definirse y con un avance hacia el archivo de las actuaciones de la fiscal Mirta Morales, aunque el delito esté lejos de prescribir; sin embargo, para operadores judiciales y policiales, hay elementos suficientes que si bien no ameritan un procesamiento por homicidio, hay indicios claros de responsabilidad por encubrimiento y omisión de asistencia.
La reconstrucción del crimen con base en las filmaciones obtenidas recreando la escena en 3D comprobó que, sin lugar a dudas, la bala de un rifle calibre 22 fue disparada desde la casa de Panizza. Fue recién el 2 de agosto de 2019 que se llevaron adelante las primeras audiencias; en ese lapso el principal sospechoso falleció (más precisamente en mayo). La mesa quedaba servida para que se llevara la responsabilidad por el homicidio, pero Panizza no estaba solo en su casa en el momento de los hechos. Su hijo, que reside en la vivienda, y su nuera estaban allí.
Caras y Caretas dedicó varias publicaciones aportando elementos que por el momento la Justicia desestimó.
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Luca Ventre
La Fiscalía de Roma abrió una investigación por “homicidio intencional” de Luca Ventre, el hombre que intentó buscar refugio saltando el portón de la embajada de Italia en Montevideo y poco después fue trasladado al Hospital de Clínicas por un patrullero, donde habría llegado ya sin vida, el 1 de enero del 2021.
Imágenes de las cámaras de seguridad muestran a dos agentes inmovilizándolo y sacándolo del complejo para trasladarlo al hospital. Pero hay testimonios contradictorios y el hermano dijo que fue “masacrado y torturado por unos vigilantes que le rodearon el cuello con un brazo”.
Ventre murió producto del accionar policial desmedido para las circunstancias, recordando el asesinato de George Floyd a manos de la Policía en Estados Unidos, o más acá en el tiempo, en agosto de este año, del militante Facundo Molares en Buenos Aires, muerto bajo un procedimiento policial de arresto.
Los artículos que Caras y Caretas publicó sobre la responsabilidad policial y diplomática en la muerte de Ventre fueron tomados por la Justicia italiana y la prensa internacional, pero el caso en Uruguay va en vía de archivo.
Impunidad y desidia
Estos asesinatos que tuvieron un alto impacto en la opinión pública, sin embargo no lograron sortear la impunidad, la misma que opera hace 50 años con la búsqueda de detenidos desaparecidos.
Bajo esta lógica que parece obedecer más al sistema político, policial y judicial en su conjunto que a los gobiernos de turno, los datos sobre otros delitos ordinarios pero que violan los derechos humanos no resultan tan sorprendentes, aunque son vergonzantes.
La criminóloga Clara Musto, consultada por Caras y Caretas, da los siguientes datos sobre homicidios no aclarados y desaparición o ausencias de personas: “El porcentaje de los homicidios consumados que logran ser aclarados por el sistema de justicia ha disminuido desde 65 % en el 2015 al 50 % en el 2021. La ineficacia del Estado y, más específicamente, del sistema de justicia criminal es indicado como un factor que facilita los homicidios. La idea básica es simple: cuando el Estado no hace justicia y es incapaz de controlar los conflictos conforme a la ley, estos tienden a ser regulados a través de la violencia. Bajas tasas de esclarecimiento criminal y elevadas tasas de impunidad, lentitud del sistema judicial o prisiones hacinadas, y con escasa capacidad de reinserción, son males endémicos a través de los cuales diversos especialistas buscaron entender por qué se mata y se muere tanto en América Latina. De hecho, la tasa de condenación para el crimen de homicidio, que es igual al número de condenados por cada 100 víctimas de homicidio doloso, es de 24 en el continente americano, muy inferior a los 48 de Asia y los 81 de Europa (UNODC, 2014)”.
En cuanto a las desapariciones o ausencias de personas, los números también deberían llamar a la reflexión: “La brecha entre hombres y mujeres con las desapariciones es menor que con los homicidios. Al 2022 figuran 149 personas desaparecidas en el Registro de Personas Ausentes del Ministerio del Interior, 65 % de ellos varones y 35 % mujeres”.
La impunidad parece formar parte del ADN en la gestión judicial y policial del Estado uruguayo y en un elenco político hoy mayoritario que parece no querer complicarse la vida con estos temas, aunque la inminente presencia del narcotráfico le estalle en la cara.
