¿Cuáles son las razones por las que Amnistía Internacional calificó de “preocupantes” las señales de crisis institucional en Uruguay? El último informe del organismo cita al menos 5 aspectos preocupantes que van desde el espionaje a senadores opositores, la vigilancia ilegal de civiles, las consecuencias del caso Astesiano, hasta supuestos actos de corrupción policial.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
1- Espionaje: el informe de Amnistía Internacional 2022-2023 sobre la situación humanitaria en 156 países señala que partir de la acusación formal del jefe de seguridad del presidente por falsificación de pasaportes, "salieron a la luz presuntos actos de espionaje contra dos senadores de la oposición, casos de vigilancia ilegal de civiles, así como supuestos actos de corrupción policial, que constituían señales preocupantes de una crisis institucional".
2-Ataques a la libertad de expresión: Agrega a ello que "Uruguay descendió 26 puestos en el ranking de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de expresión, pasando del lugar 18 al 44 de la lista de países".
“Personas que ocupaban cargos públicos, ministros y ministras, y miembros del senado siguieron utilizando lenguaje estigmatizante con respecto a periodistas y medios de comunicación”, advirtió el organismo.
3-Censura a estudiantes: la Administración Nacional de Educación Pública prohibió al estudiantado manifestarse en los centros de enseñanza secundaria de Montevideo para pedir un mayor presupuesto educativo. Las autoridades amenazaron con utilizar a la policía para desalojar a los estudiantes que protestaban.
4-Hacinamiento carcelario: las ya duras condiciones de reclusión empeoraron durante el año. El sistema penitenciario adolecía de un grave hacinamiento, y el número de personas recluidas ascendía al 120% de la capacidad prevista. Según el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, la población de las cárceles aumentaba de forma constante, y al concluir el año alcanzaba la cifra de 14.497 personas. Se registraron 42 muertes bajo custodia.
De acuerdo con el Comisionado Parlamentario, Uruguay presentaba en 2022 la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América del Sur (411 por 100.000 habitantes).
5-Impunidad: un total de 14 miembros del ejército y la policía, retirados o en actividad, fueron declarados culpables de tortura, secuestro y asesinato cometidos durante el régimen cívico-militar de las décadas de 1970 y 1980. Las autoridades no realizaron avances sustanciales en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada de ese periodo porque no se hallaron nuevas pruebas en las excavaciones y las personas sospechosas de responsabilidad penal no aportaron nuevos datos.