Esta oficina inició su trabajo cuando Jorge Larrañaga era ministro del Interior durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
De acuerdo a un pedido de acceso a la información pública realizado por Caras y Caretas (respondido el pasado 12 de marzo), la OIT fue creada el 8 de marzo del 2021 por la resolución 555/2021 y tiene entre sus cometidos “recolectar, registrar y evaluar información a nivel táctico referente al ingreso y comercialización interna de sustancias estupefacientes y otros elementos cuyo ingreso está especialmente prohibido”, así como “analizar la información, teniendo como objetivo el desarticular y minimizar maniobras delictivas en las unidades penitenciarias”.
Resolucion que crea la OIT
Según la información rubricada por el Encargado (I) de la Oficina de Información Táctica (OIT) del INR, Cabo Carlos Barragán, dicha Oficina “depende de la Dirección Nacional del INR” y afirmó que “la actividad de esta Oficina continúa”. Explicó que “esta no sustituye los cometidos y/o tareas que realiza la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP)”, sino que “por el contrario, se realizan tareas, intercambio de información y operaciones en conjunto y coordinación con estos”.
Oficina de “inteligencia ilegal” con “competencias superpuestas”
Sin embargo, el sindicato denuncia que la OIT “fue creada en clara violación a normas que rigen el derecho público en nuestro país” ya que “las competencias atribuidas a dicha oficina se superponen a las de la Unidad de Investigación y análisis Penitenciario (UIAP) la cual esta última adquiere competencia por la ley 19.670 art 93 y su decreto reglamentario N°84/019”.
Esto se desprende de un informe del estudio de abogados Delpiazzo, escrito por Gabriel Delpiazzo y Agustín Echezarreta, el cual la denuncia cita y subraya que la Resolución del INR que crea la OIT está “viciada de incompetencia” y concluye que dicha oficina es una “inteligencia ilegal”.
El informe de Delpiazzo cita la ley N° 18.719, la cual crea el INR y en la que se detalla que dicha normativa “no atribuyó de forma expresa al INR los cometidos que este órgano confirió a la OIT”.
“Dicha ley no atribuye en forma expresa al INR cometidos de inteligencia, prevención y represión de delitos en unidades penitenciarias”, agrega el informe.
El informe legal realiza una comparación entre la OIT y la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP), creada por el art. 58 del Decreto N° 84/019 y que depende de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) del Ministerio del Interior.
A la UIAP, se le atribuye específicamente "la investigación de los delitos que tengan vinculación con Unidades Penitenciarias de todo el país", así como ”investigar o ejecutar procedimientos u operaciones vinculadas a su competencia conforme directivas de la DIPN”, entre otras cuestiones.
El informe del estudio Delpiazzo, argumenta que además, el funcionamiento de la OIT resultaría contrario al artículo 7 de la ley 19.696 sobre la regulación del sistema de inteligencia del Estado, el cual establece la prohibición de cualquier órgano de inteligencia de “realizar tareas represivas; cumplir, por sí, funciones policiales o de investigación criminal, salvo que dicha actividad se encuentre dentro de sus cometidos legales específicos o mediante requerimiento judicial en el marco de una causa concreta”.
El estudio Delpiazzo concluye que la actual administración debe “subsanar el vicio de incompetencia” de la OIT o “revocar” la resolución que la creó.
Al respecto, Sitrapen solicitará al Ministerio del Interior que se inicie una investigación sumarial por los hechos denunciados y pedirá que se cierre la OIT en caso de que esta oficina siga funcionado. Por último, buscarán saber si integrantes de dicho sindicato fueron investigados por funcionarios de la OIT mediante el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) u otros sistemas de información a los que se hayan tenido acceso.
Consultado por Caras y Caretas, el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE), Mario Layera, aseveró que la OIT “no forma parte” del organismo que dirige y “tampoco de la Dirección de Investigación de la Policía Nacional que tiene una unidad especializada para el INR”. Sobre la legalidad de la referida oficina, en la misma línea que la denuncia, el jerarca subrayó: “Es algo paralelo y a mi juicio irregular”.
La oficina de Taroco
De lo poco que se sabe de la operativa de la OIT, por un lado, existe una publicación del Ministerio del Interior del 15 de diciembre de 2023, que se refiere a una colaboración de dicha oficina con la UIAP -al igual que la DGRTID, la Jefatura de Policía de Artigas y la Dirección del INR- en la desarticulación de una red criminal vinculada a estafas ocurridas en junio de 2019, en la Unidad N º 4 del INR de Santiago Vázquez (exComcar), que involucraba a policías, un privado de libertad y un civil.
Por otra parte, la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, quien lleva adelante el complejo caso por el cual fue imputado por reiterados delitos de abuso sexual el ex senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés, descubrió una “estafa procesal” que pretendía poner al exlegislador como víctima de una operación armada por Jonathan Mastropierro y Romina Celeste Papaso, “para hundir al senador”. Dicho plan, que consistía en amedrentar y desprestigiar a las víctimas denunciantes, fue liderado por Carlos Taroco -director de la OIT desde su creación- quien apeló, al menos, a dos funcionarios que operaban en dicha oficina: Federico Rodríguez y Marcos Quiñones.
A Rodríguez le fue encomendada la tarea de seguir a Mastropierro e intentar seducirlo para extraerle información sobre los denunciantes de Penadés. En tanto, Taroco le encargó a Quiñones, elaborar un flujograma de las víctimas de Penadés.
La Fiscalía concluyó que el Comisario Taroco (que también oficiaba como director del exComcar desde el 2022) y dos de sus subordinados en la OIT (Rodríguez y Quiñones), utilizaron el aparato estatal para obtener datos de las víctimas. El registro informático que dejaron en el sistema SGSP fue la punta de un hilo del que tiró la fiscal para terminar en el celular que le incautaron a Penadés, en el que se encontró una foto del flujograma confeccionado por Quiñones. Además, Ghione reveló que el equipo comandado por Taroco, obtuvo datos de otras dependencias como Policía Científica, de la que extrajeron imágenes de un bar en el que estaba Mastropierro.
Taroco fue condenado en marzo de 2024 a tres años de prisión por reiterados delitos de cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir y fue dado de baja de la función pública. A los otros policías se les tipificó cohecho calificado y en el caso de Rodríguez se le sumó la asociación para delinquir. También fue condenado por cohecho Fabricio Fernández, un preso que participó de la “trama" para recabar datos de las víctimas para colaborar con la defensa del exsenador nacionalista.
Según surge de la investigación, los funcionarios de la OIT, liderados por Taroco, se contactaron con presos que sabían que podían haber tenido relación con Penadés. A uno de ellos lo trasladaron de Punta de Rieles al exComcar y a otro le ofrecieron dinero a cambio de que declare a favor de Penadés. Con respecto a uno de ellos; Ghione señaló que Taroco realizó "un arreglo" sobre las horas de trabajo para redimirle la pena.
Sobre estas acciones de amedrentamiento, Taroco le dijo en una charla a Diego Cuiñas -parlamentario del Parlasur, amigo de Penadés, y nexo entre el exsenador y Taroco, a quienes conocía de la masonería-: "Ayer mandé hacer requisas, hoy vamos a tratar de apretar al pibito que además es amigo de Mastropierro".
A Cuiñas y otros dos hombres; Marcelo Garate, dueño de un club de fútbol en el que se hacían las reuniones para coordinar el plan; y Matías Cardoso, quien respondía a órdenes de Cuiñas y Taroco para financiar las operaciones parapoliciales de la OIT, la Justicia los condenó por tráfico de influencias y asociación para delinquir.
La Fiscalía concluyó que todo el plan fue costeado por el propio Penadés, quién, a través de Cuiñas y Cardoso, le entregaba dinero a Taroco, quien después lo repartía con los policías de la OIT que trabajaban junto a él en la oscura trama. En una conversación, Taroco le dijo a Cuiñas, que "los gurises quedaron súper agradecidos" con el dinero. En otra ocasión le contó: “mañana les doy más plata y algo de licencia para que se dediquen al plan”. Más tarde le advertía que iba a tener que “poner a uno más y un auto más"... "Los tengo cansados... están a full, por eso trato de compensarlos. Tratá de conseguir dinero, lo invertimos todo en él", insistía Taroco.
Según la información brindada por el Ministerio del Interior a Caras y Caretas, “no se percibe ni se percibió partidas presupuestarias por pertenecer a esta Oficina”. En relación con los funcionarios, desde su creación, la OIT “contó con un máximo de 9 (escalafones L y S dependientes del INR a excepción de los funcionarios del escalafón L de la escala superior)”. Al menos hasta el 12 de marzo, contaba con “4 funcionarios (3 del escalafón L - uno de la escala superior- y un funcionario del escalafón S)”.
En lo que refiere a los jerarcas de la OIT, desde de su creación, “la Oficina se encontraba a cargo del Comisario Carlos Taroco”, y “a partir del 20/10/2023 y hasta la fecha se encuentra a cargo del Comisario José Martínez”, informó la cartera.
Organización Internacional del Trabajo acepta la denuncia contra el Estado Uruguayo por obstruir inspección en las cárceles
Al mismo tiempo, el Sitrapen denunció al Ministerio del Interior por presuntamente no haber permitido que la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres (CHTI) del Ministerio del Interior, ingresara a inspeccionar las condiciones laborales en cárceles.
El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (SITRAPEN),denuncia la negativa tácita del Ministerio del Interior a permitir inspecciones de CHTI en las cárceles. La CHTI, recibió una solicitud el 06 de septiembre de 2022 para evaluar la insalubridad del trabajo penitenciario.
A pesar de la solicitud de la CHTI al Ministerio del Interior para inspeccionar las cárceles, la cartera cortó las comunicaciones, denegando las visitas. El Ministerio del Interior consultó al INR sobre si las visitas se habían realizado recién el 24 de enero de este año, y las unidades penitenciarias informaron que la CHTI nunca realizó dichas inspecciones.
17032021 - 107
Martín Riveron / FocoUy
El hecho de que el Ministerio del Interior negara el acceso a la CHTI es para los trabajadores “un hecho irregular”.
“Dicha omisión en permitir las vistas ha retrasado a la CHTI el poder dar su dictamen sobre la insalubridad del trabajo en carceles lo cual ha traído como consecuencia en un perjuicio a toda la colectividad de trabajadores penitenciarios”, dice la denuncia.
Sitrapen insiste con que su trabajo sea declarado insalubre desde setiembre del 2022. En ese momento, el presidente del mencionado sindicato, Germán Gutierrez, realizó la primera solicitud de este tipo. En la misma línea va un reclamo de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe) - otro sindicato de trabajadores penitenciarios- quienes también insisten en que el trabajo en cárceles sean declarado insalubre.
Esto fue denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), junto al hecho de que en el país solo tres de 26 cárceles tienen habilitación contra incendios, así como que únicamente cuatro centros carcelarios cuentan con salas de lactancia a nivel nacional y, en la misma línea, cuestionan la falta de un protocolo que impida que mujeres embarazadas realicen tareas penitenciarias.
“Se alega la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de Uruguay del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103), del Convenio sobre sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) y del Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161).seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) y del Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo”, dice una carta de la Departamento de Normas Internacionales del Trabajo (NORMES) de la Organización Internacional del Trabajo enviada al Sitrapen.
