Por su parte, Francia enumeró las condiciones en las que trabajan y residen los operadores penitenciarios. Según sostuvo la letrada, en los alojamientos donde residen los operadores, hay humedad, los baños no tienen agua ni luz, los colchones en donde tienen que dormir los trabajadores por las noches son muy finos, no hay calefacción, ni abrigo suficiente.
En relación a la alimentación, denuncian que es insuficiente, al punto de que los propios funcionarios realizan entre ellos una colecta para juntar el dinero necesario y complementar lo que les hace falta en su dieta. Sumado a esto, donde los trabajadores tienen que residir, reportan que hay ratas, suciedad y hongos.
“El que conoce o ha ido a alguna cárcel puede dar fe de que lo que estamos diciendo es así e, incluso, muchas veces peor, porque hay zonas que no se visitan”, dijo Francia en la comisión.
La abogada también subrayó que los funcionarios no tienen partida por insalubridad, elemento por el que el sindicato está luchando y es un reclamo que presentarán ante el Ministerio del Interior.
Ríos agregó que se vive “mucha violencia” dentro de los centros penitenciarios: “Quienes las han visitado saben que a veces a los policías les afecta estar doce horas escuchando el golpeteo o el grito constante, las peleas, o tener que sacar a las personas mutiladas, lastimadas, muertas o en las peores condiciones. Lamentablemente, los policías van normalizando esa situación, además de que no tienen una atención psicológica como correspondería”.
Funcionarios civiles penitenciarios piden que el trabajo sea declarado insalubre
En la misma línea que el Sipolna van los reclamos de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (O.Fu.Ci.Pe), que este año presentó un informe ante la Secretaría del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) titulado “Desafíos y reflexiones: Entre la Complejidad y la Urgencia”, en el que detallan, entre otras cuestiones, las complicaciones que conlleva trabajar como un civil penitenciario.
El texto, al que accedió Caras y Caretas, apunta al “poco reconocimiento social” que tiene el oficio, así como su baja remuneración y la falta de trabajadores penitenciarios en varias unidades, lo que provoca que los operadores “deban asumir una tarea insostenible a lo largo del tiempo” en condiciones que menciona el documento.
“La falta de personal, la mala higiene e infraestructura edilicia, presencia de roedores, son evidentes y críticas en la mayoría de las unidades”, señala el texto.
A su vez, resaltan que el encierro al que se someten las personas privadas de libertad (PPL), trae consigo violencia, y con esta, “nuevos encierros y sanciones”.
“El clima negativo deteriora a las personas privadas de libertad, pero también deteriora, agota y deriva en varias enfermedades físicas y mentales a los trabajadores civiles penitenciarios”, sostienen desde O.Fu.Ci.Pe.
Consideran que es “innegable” que el sistema penitenciario tiene enfrente desafíos “significativos y complejos”, que van desde sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento, hasta la falta de recursos humanos y una pobre infraestructura: “La sobrecarga laboral y las condiciones adversas en las que operan nuestros compañeros y compañeras son alarmantes y deben ser abordadas de manera urgente”, agregan.
Por su parte, el presidente de O.Fu.Ci.Pe, Jonathan Perdomo, señaló a Caras y Caretas que la cantidad de operadores penitenciarios que hay en relación a las PPL es “insuficiente”.
“Hemos perdido vacantes de operadores penitenciarios que fueron transformados en vacantes de policía”, sostuvo Perdomo. En esa línea, explicó que en los últimos años ha aumentado el número de PPL y se han inaugurado varios pabellones, “pero con la misma cantidad de personal”.
“Se sobrecarga el trabajador, entonces estamos teniendo muy pocos trabajadores para atender a los privados de libertad, en algunos lados tenemos algún operador o una operadora penitenciaria para 200 personas privadas libertad”, subrayó.
Detalló que desde la organización han detectado casos en los que un mismo operador tiene que hacerse cargo de dos sectores.
"Nosotros no estamos de acuerdo con esto porque no se nos pagan los sueldos y tampoco podemos hacer el trabajo correctamente, tenés que hacer un seguimiento, estamos haciendo agua y creemos que es necesario que se declare una emergencia carcelaria", dijo Perdomo.
Con respecto a la insalubridad del trabajo, desde O.Fu.Ci.Pe han solicitado que el mismo sea declarado como tal. El presidente de la organización relató las condiciones de trabajo: "El tema de andar entre aguas servidas, las ratas y el sonido que tiene una cárcel son varios factores que inciden".
Ante la consulta de si los trabajadores reciben algún tipo de tratamiento psicológico dada su labor, Perdomo dijo que se la logrado junto con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) el tener salud ocupacional. "Se trata de ayudar a los compañeros, pero nos está faltando un montón", sostuvo.
"Lo único que tenemos son dos psicólogos para alrededor de 1200 operadores", agregó, aunque dijo que desde el sindicato sí se otorga un servicio de psicólogo gratuito: "Entendemos que hay compañeros que están realmente complicados".
