La empecinada voluntad de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que ocupa un lugar ético en el seno de la sociedad uruguaya, sigue chocando contra ese muro de secretismo donde a veces se ha logrado abrir alguna rendija que permitió asomarse a la verdad.
Los cinco tomos del informe publicado en el 2007 en el marco del convenio entre Presidencia y Universidad de la República en cumplimiento del artículo 4º de la Ley Nº 15.848 ha permitido actualizar y sintetizar la situación de 197 detenidos desaparecidos, testimonios de testigos que compartieron reclusión y de informes militares y policiales, informes, muchos de ellos, fraguados, como se comprobó en el caso del contralmirante Tabaré Daners, o informes que no permitían acceder a nuevas fuentes documentales.
Justo es reconocer que los principales avances en materia de procesamientos y hallazgos y políticas de reparación recibieron un fuerte impulso durante los gobiernos del Frente Amplio, no exentos de acuerdos entre bambalinas entre el poder político y el militar, que finalmente eran dirimidos en la íntima órbita de los casinos de oficiales y centros de retirados de las Fuerzas Armadas.
Ningún gobierno civil desde 1985 a la fecha, y menos los frenteamplistas, ha podido gestionar la política de Estado a seguir en la materia, sin tener que enfrentar las extremas posturas del Centro Militar, encolumnado detrás de la concepción del extinto general retirado Iván Paulós, que definió la nueva etapa de lucha contra la subversión como “guerra psicológica”.
Esta concepción de una guerra permanente contra el enemigo no es solo la postura de militares retirados, representa una aureola de épica fascista que hace carne en algunos integrantes de la nueva oficialidad que consideran a sus superiores héroes de la Patria y que han demostrado, con su silencio, un acto supremo de lealtad.
Tierra imprescriptible
En materia de hallazgo de restos óseos de detenidos desaparecidos, siete restos fueron hallados en suelo uruguayo (Roberto Gomensoro, Ubagésner Chaves Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro, Ricardo Blanco, Eduardo Bleier, Amelia Sanjurjo y Luis Arigón), mientras que otros más fueron identificados en Argentina. Con el hallazgo de Arigón ya son cuatro los detenidos desaparecidos encontrados en los predios del Batallón 14 de Toledo.
Estos hallazgos ponen en entredicho la famosa teoría de la existencia real de la Operación Zanahoria, operativo realizado durante el gobierno de Sanguinetti por el cual se habrían desenterrado los cuerpos, cremado y las cenizas arrojadas al mar.
Para militares consultados en su momento para informes de Caras y Caretas (Domingo Arena: los que cumplen condena sin querer redimirse), de haberse llevado a cabo tal operativo, algún resto podría haberse dejado por error, pero no cuatro en el caso del Batallón 14.
La Justicia ha cautelado nuevos sitios, como el sótano del Comando General de la Armada en el puerto de Montevideo, y siguen las búsquedas en los batallones 13 y 14.
Hoy la doctora Mariana Mota, en un merecido reconocimiento y certezas de garantías a su actuación, asume la Presidencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, creada en diciembre del 2008 por la Ley Nº 18.446. Entre varios de sus cometidos, es el organismo hoy responsable de continuar con la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Institucionalmente coordina con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia, que volvió a retomar, junto a la Udelar, un fundamental trabajo en materia documental. (Ver entrevista a Alejandra Casablanca: "Construir la pedagogía de la memoria").
Imputaciones y procesamientos
Hay 15 represores requeridos por la Justicia uruguaya por crímenes de la dictadura que se encuentran fuera del país. Algunos fueron ubicados en Brasil, Paraguay, Austria, Estados Unidos y España. El avance de los procesos judiciales llevó a muchos represores a ser procesados y condenados por los delitos de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura.
La labor de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, fue un avance en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Desde su creación, en 2018, hubo tres veces más procesamientos y condenas que en el resto del período posdictadura, donde hubo tan solo 13 condenas y dos procesamientos. 34 de los procesados privados de libertad cumplen pena en establecimientos carcelarios: 28 en la Unidad 8, conocida como Domingo Arena, y 6 en la Guardia Republicana.
Durante el período pasado, Cabildo Abierto presentó un proyecto para disponer de manera preceptiva la prisión domiciliaria a los mayores de 65 años, incluidos los que hubieran cometido crímenes y delitos de lesa humanidad antes de la aprobación de la Ley 18.026. Aunque el proyecto no fue aprobado, al día de hoy 34 represores que fueron procesados o condenados están en prisión domiciliaria, la misma cantidad de privados de libertad en Domingo Arena y la Guardia Republicana.
Las PER
Como política pública de reparación, el Estado, mediante el BPS, paga la PER (pensión especial reparatoria), que es una prestación económica de seguridad social para compensar a ex presas y presos políticos que sufrieron persecución por motivos políticos, ideológicos o gremiales entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. Esa política quedó definida en la Ley N.º 18.596, “Reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985”.
Treinta 20 de mayo de Nunca Más
Este año se cumplieron treinta Marchas del Silencio, una de las expresiones cívicas más masivas de la sociedad uruguaya, manifestación producto de la incansable lucha de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que, desde aquellas primeras convocatorias los viernes de tardecita en Plaza Libertad de Montevideo, no han cejado.
En mayo del 2022 hicimos una entrevista a Elena Zaffaroni (Detenidos-desaparecidos: la punta del iceberg de una cultura institucional de impunidad), entrevista que lamentablemente resiste el paso del tiempo. La pregunta realizada en aquella oportunidad y su respuesta parecen no haber dado cuenta del pasaje del almanaque:
-
Si uno mira en perspectiva de aquel puñado de Madres y Familiares que en los años 80 se reunía todos los viernes en la Plaza Libertad a estas Marchas del Silencio, algo cambió en la sociedad uruguaya, pero no parece ser así en su institucionalidad.
-
Para nosotros es espectacular lo que pasa y en sí es uno de los objetivos que no pasaba al principio; las madres buscaban a sus hijos, las esposas a sus compañeros, a sus hermanos, y era, al inicio, la desesperación por la vida de ellos [N. de R.: “Vivos los llevaron, vivos los queremos” es una de las consignas], y luego vino un manto de silencio de todos los años de la Ley de Caducidad, que no solo fue impunidad jurídica, sino que fue un planchazo general, una intención de aislar y cerrar el tema, lograr que no hubiera una condena social, entonces quedó un grupo de tres o cuatro madres reuniéndose porque cada una se fue de vuelta a seguir su camino porque fue difícil encontrarse, fue casi espontáneo cruzarse haciendo los trámites, y todo lo que se ha logrado ha sido por la adhesión paulatina de la gente. Finalmente no las pudieron aislar, y año a año pasa esto que muchas madres y familiares ya no lo pueden ver, vivir, pero la mayoría vieron venir este proceso. Hoy hay algunas madres activas de 94 años que se siguen reuniendo, otras que han dejado de venir a los plenarios pero entienden y sienten esta conciencia que va creciendo. Esta adhesión a principios tan fundamentales es maravillosa. Ahora, con respecto a la respuesta del Estado, que es hacia donde apunta esta movilización —porque, si no ¿quién más que el Estado es el que debe dar respuestas al corazón de esta lucha que es la entrega de los desaparecidos, la búsqueda de los archivos que contienen información?, no de los papeles que nos están dando que no aportan mucho (aunque es mejor que nada), pero los documentos que son el corazón de los operativos que son clasificados—, nunca obtuvimos nada y tampoco el reconocimiento por parte del Estado. Eso ha motivado esta lucha y reclamo, pero no ha generado garantías en el camino de la verdad y la justicia, y el cambio de las instituciones.
