En diálogo con Caras y Caretas, José Pedro Olivera, integrante de la Comisión Directiva de Crysol y representante de la organización en la Comisión Especial de la Ley 18.033 en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), repasa el camino recorrido, los avances alcanzados y las expectativas que se abren en el presente escenario político.
De las calles a la Comisión Interamericana
“Nosotros hicimos una gran movida en 2023 que duró dos meses por todo el país”, recuerda Olivera. En ese recorrido, Crysol recogió 896 firmas para presentar ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), reclamando que se reconociera la compatibilidad de la pensión con otros haberes.
La respuesta fue negativa. Sin embargo, esa instancia era condición indispensable, recomendada por los abogados del colectivo, para poder dar el siguiente paso, llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Ya la Comisión Interamericana nos dio el visto bueno y habilitó el camino hacia un acuerdo amistoso. Eso significa que tanto el Gobierno uruguayo como nosotros tenemos que manifestar la voluntad de negociar y, si hay coincidencia, se sigue adelante con las conversaciones”, explica Olivera.
El antecedente inmediato más relevante es el caso de Silvia Flores Mosquera, quien llevó su reclamo a instancias internacionales y logró que el Gobierno de Luis Lacalle Pou aceptara negociar. Tras un proceso extenso, se alcanzó un acuerdo que permitió compatibilizar la pensión por discapacidad que ella recibía con la jubilación de su esposo fallecido.
Otro ejemplo es el de Diego Damián, integrante de Crysol, que inició una acción exploratoria ante la CIDH con el patrocinio del abogado Juan Ceretta. El organismo volvió a dar la razón al reclamante, lo que abrió una nueva puerta hacia un acuerdo amistoso.
Estos antecedentes son hoy las principales cartas del colectivo, muestran que la incompatibilidad entre pensión y jubilación vulnera normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente.
Negociaciones en curso con el Gobierno
La llegada al gobierno del presidente Yamandú Orsi abrió una nueva etapa. Crysol ya se reunió con el secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, para plantear formalmente su reclamo. “Estamos en negociaciones porque hay dos caminos posibles, una ley en el Parlamento o un acuerdo amistoso en el marco de la Comisión Interamericana”, resume Olivera.
La aspiración principal del colectivo es que el tema se resuelva mediante una ley votada en el Parlamento que garantice el derecho para todo el universo de beneficiarios. Pero, si no se alcanzaran los votos necesarios, el acuerdo amistoso con el Estado uruguayo sería la vía para lograr, al menos, un reconocimiento parcial que luego pueda ampliarse.
El colectivo tiene redactado el borrador de lo que consideran debería ser el articulado de una ley que consagre la compatibilidad. Olivera enumera los puntos centrales:
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El acuerdo amistoso contemplará los derechos de quienes recurrieron a la CIDH y de quienes en 2023 presentaron recursos ante la SCJ.
El BPS deberá comenzar a liquidar de inmediato jubilaciones y pensiones en condiciones de ser percibidas según la normativa vigente.
El BPS y las cajas paraestatales deberán pagar la PER a todas las personas con amparo de la Comisión Especial, presentes y futuras.
El Estado asumirá el pago de la retroactividad correspondiente.
Se dictará en un plazo razonable una ley general que beneficie a todo el colectivo.
El Estado realizará una ceremonia pública de reconocimiento, asumiendo la ilegitimidad de haber negado el derecho a la reparación integral.
“Lo que pedimos es simple, que quienes tienen una jubilación legítima puedan cobrarla junto con la pensión reparatoria. Y que quienes cobran la pensión también puedan acceder a su jubilación. No se trata de un privilegio, sino de respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, enfatiza Olivera.
Derechos humanos en el centro
Para Crysol, el tema va más allá de lo económico. “Por supuesto que hay un aspecto material, pero lo fundamental es el respeto a las normas de derechos humanos. Desde 2012, cuando se creó la Institución Nacional de Derechos Humanos, se declaró por unanimidad la justeza de nuestro reclamo”, recuerda Olivera.
Los respaldos internacionales también han sido contundentes. El relator de la ONU, Pablo de Greiff, invitado en 2013 por el Gobierno de José Mujica, fue categórico: “Son derechos distintos, y no se puede otorgar uno eliminando el otro”.
Ese respaldo sostiene el optimismo del colectivo. “En la instancia actual somos optimistas. Hemos tenido en este gobierno una sintonía favorable para resolver el tema”, asegura Olivera.
El pasado 22 de agosto de 2025 quedó instalada la nueva integración de la Comisión Especial prevista en la Ley 18.033, norma que desde 2006 reconoce derechos reparatorios a las personas afectadas por persecuciones políticas, ideológicas o gremiales durante la dictadura y el período previo (1973-1985).
Con la designación de sus nuevos integrantes, la Comisión comienza un nuevo ciclo de trabajo con el cometido de aplicar, evaluar y resolver los casos vinculados a los beneficios establecidos en la ley, tanto el cómputo ficto de servicios para pasividades jubilatorias como la pensión especial reparatoria (PER).
Olivera, que integra el organismo, valora positivamente el inicio de la nueva etapa: “Salimos muy satisfechos de la reunión. Vemos muchas ganas de trabajar y de resolver los temas pendientes. Lo importante es que no haya expedientes encajonados o sin resolución”.
Según detalla, hay varios expedientes trancados que requieren ser completados con documentación para poder avanzar. La expectativa es que con esta integración se agilicen los procesos.
El tiempo apremia
La urgencia del reclamo se explica también en un dato significativo, la edad promedio del colectivo ronda los 78 años. “No da para demorar mucho. Cada año mueren compañeras y compañeros sin haber accedido a la reparación completa. Por eso insistimos en que la retroactividad también se contemple. No es un capricho, es una cuestión de justicia y de tiempo”, subraya Olivera.
El antecedente de 2006, cuando se creó una comisión específica para instrumentar la ley, sirve como referencia: “Apuntamos a que se genere un mecanismo ágil que nos permita resolver rápidamente”.
Crysol ha buscado interlocución con todos los sectores políticos. Antes de las elecciones, ya se habían reunido con Yamandú Orsi y con Carolina Cosse. Luego de los comicios, fueron recibidos por Presidencia. Incluso se los consultó para sugerir nombres de la Secretaría de Memoria Reciente, un gesto que interpretan como señal de apertura. “La reunión con Orsi fue en un espíritu muy cooperativo, muy buena. Notamos voluntad de trabajo y de atender el tema”, destaca Olivera.
La pensión especial reparatoria fue concebida como un instrumento de reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado. Sin embargo, la incompatibilidad con otros haberes la ha vaciado parcialmente de sentido. “Una reparación no puede obligar a renunciar a un derecho legítimo como la jubilación. Ese es el núcleo de nuestro reclamo. La reparación debe ser completa, simbólica y material”, afirma Olivera.
La eventual ceremonia pública de reconocimiento que Crysol plantea como parte del acuerdo es coherente con esa visión, la reparación no se agota en lo económico, sino que requiere un gesto institucional claro de asunción de responsabilidades por parte del Estado.
Una lucha que continúa
La búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de la dictadura uruguaya sigue siendo un proceso abierto. La Ley 18.033 marcó un hito, pero las tensiones actuales muestran que el camino hacia una reparación integral aún no se ha completado.
Crysol, con sus integrantes envejecidos pero persistentes, mantiene en alto la bandera de la memoria y los derechos humanos. Su reclamo interpela a todo el sistema político y a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo trata Uruguay a quienes sufrieron la represión de la dictadura? ¿Cómo se traduce en hechos concretos el compromiso con los derechos humanos?
Lo que está en juego es la coherencia de un país que se ha definido a sí mismo como defensor de la democracia y los derechos humanos.
“Estamos optimistas, pero sabemos que no hay tiempo que perder”, concluye Olivera. Su voz refleja la urgencia de una generación que, a casi medio siglo del fin de la dictadura, reclama algo tan básico como el reconocimiento pleno de sus derechos.
