El caso Sánchez
A fines de febrero pasado el periodista Jorge Bonica, director de El Bocón, informó que “dos personas se comunicaron con él para entregarle documentos que demostrarían que, mediante una burda maniobra, el expresidente de Junta, José Luis Sánchez, se habría apoderado de varios millones de pesos”. Según la denuncia, también estarían involucrados otros ediles blancos que ocuparon la presidencia durante los pasados 5 años.
La maniobra consistía en la presentación de facturas aparentemente falsas por parte de un proveedor de servicios. Ese proveedor aparecía como asociado a un hijo Sánchez. Éste, como ordenador de gastos, depositaba el monto de la factura en la cuenta de su hijo. El detalle es que éste inmediatamente la giraba a la cuenta de su padre, es decir, el edil Sánchez. La cifra rondaba los 240.000 pesos mensuales y la maniobra se realizó durante varios años.
Ahí es donde aparecen involucrados otros dos ediles blancos que también se desempeñaron como presidentes de la Junta. Por ahora no está probado que recibieran dinero, pero sí que fueron omisos en los controles, ya que se continuaron pagando facturas a una empresa que ni siquiera figuraba en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), obligación para toda empresa que contrate con el Estado.
Con esos documentos en mano, Bonica se reunió con la actual presidenta de la Junta, la también edila blanca Verónica Robaina, quien le confirmó que “las facturas eran auténticas”. El periodista decidió, entonces, entregar toda esa documentación a la Fiscalía a cargo del doctor Jorge Vaz. Y aquí es donde comienza la hecatombe. Sánchez amenazó con suicidarse si Bonica no retiraba la denuncia. Después pidió licencia a su cargo para ya no volver porque no fue reelecto, ninguna lista lo incluyó. La bancada del Frente Amplio solicitó la conformación de una comisión investigadora que el Partido Nacional apoyó a regañadientes, cuando el escándalo público antes de las elecciones de mayo era imparable.
La comisión se reunió después del aplastante triunfo nacionalista, pero decidió por mayoría que sus actuaciones serían secretas. Entonces, contrataron al abogado Augusto Durán Martínez —experto en Derecho Administrativo, exprosecretario de la Presidencia de Luis Lacalle Herrera, presidente del Instituto Manuel Oribe y padre del actual embajador uruguayo en EEUU— para que les dijera que “estaba todo en orden”.
En su informe, Durán afirma que “la contratación practicada se realizó de conformidad con el derecho”, que “se actuó correctamente”, además de que “no se detectaron irregularidades que cuestionen la legitimidad del proceso administrativo”. Agrega que “si hubo órdenes de gastos en favor de determinado proveedor es que hubo una selección de contratista y esa selección del contratista se efectúa por un acto administrativo implícito”.
También estableció que “la modalidad de contratación directa aplicada por escaso monto fue legítima y ajustada al marco legal vigente”, afirmando que no se observaron irregularidades administrativas ni jurídicas sustanciales.
Hace dos semanas, la Comisión presentó el informe en mayoría al plenario de ediles. Pero, por una maniobra de la bancada blanca, el Frente Amplio fue impedido de leer el informe en minoría.
Nadie contó con que el hijo de Sánchez, finalmente, “destaparía el tarro”.
El fiscal Vaz hizo lo correcto. Primero citó a Bonica para ratificar la denuncia. Luego a Sánchez y a su hijo como testigos, además de a otras personas. Entonces el hijo de Sánchez fue lapidario. Negó tener una empresa, señaló que sí conocía a la persona que emitía las facturas, “porque vivimos en la misma ciudad”, pero negó tener cualquier tipo de vínculo con él.
El joven dijo al fiscal que “hace unos años, durante un cuarto intermedio de la sesión de la Junta, su padre lo llamó para pedirle su número de cuenta del BROU y a la vez le solicitó que le reenviara ese dinero a su cuenta”. Entonces no sospechó nada, creyó que sería por algún negocio. Pero igual le llamó la atención que los giros fueran desde la cuenta de la Junta Departamental. En ese momento abrió su aplicación del BROU y le mostró al fiscal la enorme cantidad de giros que recibió y reenvió. Con esa evidencia, el fiscal Vaz solicitó a la Justicia que ordenara el levantamiento del secreto bancario para las cuentas de la Junta Departamental, las del edil Sánchez, las de su hijo y también las de los expresidentes de la Junta, los ediles blancos Darwin Correa y Alexandro Infante, que continuaron los pagos.
La causa está detenida porque hace algo más de 40 días que el BROU tiene demorada la respuesta al requerimiento fiscal.
Sánchez no solo robó dineros públicos, también abusó de su posición de privilegio y contó con complicidades en la Intendencia. Porque con autorización del Gobierno y a nombre de personas de su confianza, el entonces edil Sánchez operó seis puestos de comidas en varias playas de Punta del Este. En diferentes fotos difundidas esta semana se lo ve trabajando en uno de esos puestos.
El ilegal sueldo de los ediles
El presupuesto de la Junta Departamental de Maldonado ronda los 10 millones de dólares anuales y lo aporta enteramente la Intendencia. Así ocurre en todos los departamentos. Destaca por el excelente nivel salarial. El secretario general, el nivel más alto del escalafón, percibe 289.000 pesos, más otra serie de beneficios por los que supera los 300.000 pesos, en tanto una auxiliar de servicios tiene un salario que va entre 62.000 y 87.000 pesos según el grado escalafonario. Pero es el secretario político quien tiene el salario más alto: 306.554 pesos. Un secretario de bancada cobra 223.770 pesos.
Cuando el fiscal Vaz reciba toda la información requerida al BROU, seguramente en las cuentas de la Junta encontrará millonarias transferencias mensuales realizadas a una sola persona, que puede ser un edil, un funcionario o un tercero que nada tiene que ver con la Junta. Esas partidas corresponden a un “sueldo encubierto” que reciben ediles de todos los partidos políticos representados en la Junta.
Cuando el fiscal reclame información sobre esas millonarias sumas, se encontrará con un lapidario informe de la Jutep y las observaciones que todos los años reitera el Tribunal de Cuentas de la República.
En julio del 2015, apenas asumió el nuevo gobierno encabezado por el intendente Enrique Antía, y a propuesta de varios ediles blancos, la Junta decidió votar un sueldo para cada edil. La decisión es violatoria de la Constitución de la República, del Estatuto del Funcionario Público, el gasto es observado todos los años por el Tribunal de Cuentas y la Jutep encabezada por Ricardo Gil Iribarne condenó “por ilegal” lo que denominó “sueldo oculto”.
Pero además es ilegal por donde se lo mire, ya que ninguna autoridad electa puede votar su salario, sino que éste se establece en el período anterior. Entonces dijeron que ese monto “podía ser usado para alquilar locales partidarios u otras actividades”. La Jutep también descalificó ese argumento porque era “una forma ilegal de financiar a los partidos políticos”.
La propuesta de los blancos fue acompañada por los ediles frentistas que respondían a Darío Pérez y por uno de los dos ediles colorados. Hoy ese sueldo supera los 100.000 pesos, no paga aportes al BPS ni tampoco IRPF. En realidad ni siquiera se sabe qué ediles lo cobran y qué pasa con el dinero. Todos los meses el presidente de la Junta ordena depositar en una cuenta bancaria y a un nombre determinado por cada bancada, que no necesariamente es edil, una cifra que surge de multiplicar el sueldo por la cantidad de ediles. Luego cada una hace el reparto.
Este año el Legislativo departamental gastó casi 1.000.000 de dólares con ese único destino. El dinero, como todo el presupuesto de la Junta, lo aporta la Intendencia de Maldonado. El Tribunal de Cuentas lo ha observado siempre, pero, como no existe ninguna sanción, los ediles lo reiteran una y otra vez.
Otro millón de dólares en publicidad
En plena pandemia y bajo la presidencia de Sánchez, la Junta decidió adjudicar una partida de unos 500.000 dólares en publicidad con el objetivo de “ayudar a medios y periodistas que la estaban pasando mal”. Luego, el edil herrerista Darwin Correa, que presidió la Junta entre el 27 de noviembre del 2022 y el 23 de noviembre de 2023, continuó con esa repartija. El día que asumió había prometido “realizar varias campañas públicas”, aunque los criterios de distribución del dinero y el verdadero sentido y conveniencia de esas campañas nunca fueron explicados. Porque, además, el Legislativo no tiene nada para publicitar y sus recursos financieros son aportados por la Intendencia. Pero los documentos a los que accedió Caras y Caretas muestran la arbitrariedad con que se destinaron esos fondos.
Por ejemplo, la empresa Marengreen S.A., propietaria de la FM Cadena del Mar, cuyo titular ante la URSEC es Francisco Sanabria, expropietario de Cambio Nelson, recibió el equivalente a 50.000 dólares entre el 1 de diciembre del 2022 y el 30 de noviembre del 2023. En tanto a Rodrigo Silva, gerente de esa emisora y testaferro de Sanabria, se le adjudicaron en el mismo período otros 10.000 dólares. Además, el periodista Marcelo Umpiérrez, que se desempeña como productor, periodista en Cadena del Mar y, a su vez, es corresponsal de Telenoche 4 y antes de Subrayado, recibió en ese año 776.530 pesos; es decir, 61.000 pesos por mes. FM Milenium, una radio adjudicada a un testaferro de Sanabria, también recibió sumas importantes.
Algunas de sus facturas establecen que se prestó “servicio de promoción institucional en redes, radio, TV y notas”. También recibieron publicidad, entre muchos otros, un periódico de Rocha, dos de Montevideo y otro de Lavalleja; una periodista montevideana; dos radios comunitarias de Maldonado y varios medios, productores y periodistas del departamento. Aunque ninguno iguala lo que cobraron las radios vinculadas a Sanabria.
Por si fuera poco, el presidente de la Junta Departamental ordenó un gasto de 16.000 pesos para unas placas y carteles de reconocimiento a la Liga Mayor de Fútbol, que él presidía.
Si bien estas adjudicaciones no serían ilegales en el sentido amplio del término, sí son reveladoras del uso indiscriminado de dineros públicos para comprar afinidades mediáticas. Por eso es evidente que la ciudadanía de Maldonado desconoce muchísimos actos de corrupción. Ninguno de los grandes medios se los informa. Para eso se pagó.
Conflicto de intereses
La Comisión de Obras de la Junta Departamental es el organismo más codiciado por la mayoría de los ediles. Allí se trata todo lo referido a nuevas construcciones, fraccionamientos y desarrollo urbano del departamento. También se consideran y aprueban las excepciones a las ordenanzas requeridas por los inversores. Normalmente el plenario del Legislativo vota todo lo aconsejado por su comisión.
Cinco ediles blancos miembros de la Comisión de Obras son operadores inmobiliarios. Después de dejar la presidencia, Darwin Correa, socio en Blás Propiedades, volvió a integrar dicha comisión, de la que es miembro desde el 2015. Javier Sena es inmobiliario y presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este. Fue quien propuso “regalarle 40 metros más de altura al proyecto Cipriani”. Luis Artola es un poderoso empresario que opera en varios rubros, también el inmobiliario, y es el propietario de un exclusivo club privado que funciona en la costa sobre la parada 3 de Playa Mansa. Alexandro Infante es empresario inmobiliario igual que Pedro Gava, principal de una de las inmobiliarias más importantes de Piriápolis.
En tanto, el edil Christian Estela, también integrante de la referida comisión, debe ser el más conocido de todos a nivel nacional. Aparece periódicamente en los videos de Zin TV diciendo “le dio pa’ que tenga, pa’ que guarde y pa’ que ponga a enfriar”. Curioso personaje que hace unos 20 años operaba un pequeño almacén en el barrio San Antonio, lugar de trabajadores ubicado en la periferia de la ciudad.
Al final del primer gobierno de Antía pasó a residir en la Avenida Roosevelt frente a sanatorio Mautone. Para explicar el cambio dijo públicamente que “un amigo le regaló un jacuzzi y no tuvo más remedio que construir una casa arriba”. Un testigo lo acusó como “prestamista” durante las audiencias judiciales que terminaron con Ricardo Dutra, director de Cultura del primer gobierno de Antía, preso por una millonaria estafa realizada desde su profesión de escribano.
En el segundo gobierno de Antía, Estela pasó a operar el parador municipal Papa Charlie, ubicado en parada 8 de la Brava. La adjudicación está a nombre de su esposa y recientemente fue extendida por 10 años más.
Más arriba informamos que el edil José Luis Sánchez también operaba, con testaferros, seis puestos de comida en la zona costera. Pero en ese juego perverso de pago de favores por votos, en la propia Junta se menciona que “la pareja del edil frentista Leonardo Delgado también logró autorización para operar un parador costero”.
