¿Estamos hablando de una cárcel que tiene una superpoblación de cuánto?
Tiene una capacidad de 4000 y estamos llegando a los 6000. Debe tener un hacinamiento de un 140 %.
Y en ese módulo, donde ya hubo un caso similar, ¿cuál es la situación?
En ese módulo el hacinamiento llega al 200 %. En el módulo 11 y el módulo 4, son dos módulos donde sucesivamente ha habido este tipo de casos.
Hay un cambio cultural. Antes, por ejemplo, cuando iban a pelear había una serie de códigos, era un 1 a 1 con cortes carcelarios e incluso guerra entre bandas con cortes carcelarios. Ahora cambió; ahora directamente se usa este tipo de técnica del uso de fuego, donde se mata no solamente a la persona que tú querés matar, sino a todas las personas que están alrededor de esa gente que tú querés matar.
Entonces hablamos de que hay un cambio cultural donde se intensifica la violencia. Es acorde a la evolución que pasa en países como Brasil y Ecuador, donde la violencia se viene exacerbando y se viene perdiendo lo que es el aprecio por la vida humana. Porque antes, por ejemplo, podríamos decir que sí, es entendible que tuvieses un problema con una persona y hagas un mano a mano y de alguna manera pelee con ciertos códigos, aunque uno termine muerto. Es primitivo, pero por lo menos había ciertos códigos que se respetaban.
Ahora hablamos de que directamente se mata sin distinguir razón alguna. O sea, vos estás al lado de la persona que yo quiero matar, vas a morir y no me interesa. Eso sí, es un cambio cultural importante que pone en riesgo toda la seguridad del establecimiento y de las personas.
Por lo expresado por las autoridades, ¿los protocolos y elementos de disuasión que se usan no son suficientes para evitar estos ataques mortales?
El problema es que (Ana) Juanche y las autoridades asumieron hace 100 días, están bajo las normas presupuestales del Gobierno anterior. No hay nuevos cargos de funcionarios para la cantidad de población privada de libertad que ha crecido en los últimos 5 años. Ahora se van a inaugurar los módulos del Penal de Libertad y la nueva Cárcel de Mujeres, pero el gobierno anterior no presupuestó los nuevos cargos de funcionarios que van a operar las cárceles nuevas.
Entonces, ahora lo que esta administración se enfrenta es que van a tener módulos nuevos, cárceles nuevas, pero sin funcionarios que las puedan ocupar. Entonces, eso habla sinceramente de la poca planificación, el total desinterés que hubo de la administración pasada en el tema penitenciario.
Larrañaga (Jorge) había prometido que iban a rematar una serie de inmuebles del Ministerio del Interior y con eso iban a financiar cárceles nuevas.
¿Y qué pasó?
No sucedió. Hasta el día de hoy no se sabe qué cosas remataron. La Cárcel Central que decían que la iban a rematar, no la remataron, sigue funcionando como cárcel y fracasó todo ese proyecto de Larrañaga. Es más, hay un discurso, podríamos decir de parte de la derecha, que quiere reivindicar la figura de Larrañaga, como que fuera un gran ministro del Interior, y en realidad, en el ámbito penitenciario, no se destacó en absolutamente nada, y en el ámbito de lo que es la seguridad ´pública le tocó la pandemia, así que le tocó básicamente dirigir el tema de seguridad en un contexto donde la mayoría de los comercios y de la movilidad de las personas fue reducida. Así que no sé en qué parte brilló.
Es más, si cuando se habla, por ejemplo, de que le volvió a dar la confianza a los policías y hablamos, por ejemplo, de que los que salieron a decir ese discurso fueron, por ejemplo, Patricia Rodríguez, que era la presidenta del Sipolna y después de se fue a militar por los blancos… entonces ahí hablamos de que ella hablaba en su calidad de dirigente sindical, representando a los trabajadores o en la calidad de una persona que se estaba acomodando con los blancos. Porque la verdad, hay una diferencia entre los sindicalistas que no laburan y sus afiliados, que son los que arriesgan la vida todos los días. Los que arriesgan la vida no se dieron cuenta de los cambios, al contrario, lo sufrimos.
Volviendo al problema edilicio de casi todas las cárceles, a partir de un pedido de informe en marzo desenmascararon que solo 3 de 26 unidades penitenciarias tienen la habilitación de Bomberos. ¿Qué se hizo desde ese momento? Ustedes pidieron al Ministerio del Interior que corrija la situación y sin embargo esto terminó en la Justicia. ¿Cómo fue el proceso?
Es más duro todavía. Cuando nos remiten la información, nosotros iniciamos una acción de amparo, que es una vía judicial rápida para solucionar el problema. La Justicia lo que nos dijo, porque nosotros perdimos el amparo, fue que como los hechos que nosotros denunciáramos son de larga data y, a la vez, no revisten gravedad, como que no hay un peligro inminente. La Justicia no dio lugar al amparo y por ende no se iba a involucrar.
Frente a esto, ya hace un mes tenemos cuatro muertos nuevos en el Comcar. Hablamos de que la Justicia incumplió su deber del artículo 23 de la Constitución que dice que los jueces son responsables de la mínima violación de los derechos de las personas que ellos tienen que cuidar y a nosotros se nos dijo que a 16000 personas privadas de libertad y a cuatro-cinco mil trabajadores que vamos a trabajar en edificios con riesgo de incendio y que nuestras vidas no importaban. Eso nos dijo la corporación judicial.
Ahora fuimos por un proceso ordinario, que es una vía más lenta.
El pasado miércoles 25 de junio se realizó una instancia de conciliación con el Ministerio de Interior. ¿Qué sucedió allí y cómo sigue el tema?
El Ministerio no concilió. Sí mandó un abogado que atiende los temas con los sindicatos. Entonces, en la audiencia no conciliamos en ningún término y dijeron que están viendo cómo solucionan las distintas problemáticas y tener diálogo con todos los actores, que eso dentro de todo es novedoso, para lo que uno ve en conciliación. Quedamos para una reunión la semana que viene por estos temas, y en base a lo que nos digan en esa reunión, vamos a ver si procedemos a la vía contenciosa o no.
Este paso ya se agotó. Era una vía que tenía el Ministerio del Interior para asumir sus responsabilidades y me parecía que no había razón para dilatarlo más, debido, incluso, a los cuatro fallecidos que tuvimos la semana pasada.
Estas nuevas autoridades continuaron de alguna manera con la posición histórica del Ministerio del Interior de patear sus obligaciones para adelante, lo más que se pueda. Pero, para demostrar que estamos abiertos primero al diálogo, vamos a tener una reunión la semana que viene y en base a lo que salga de esa reunión, resolveremos si vamos al tema contencioso o no.
Son más que conocidos y repetitivos los alarmantes diagnósticos del comisionado parlamentario. ¿Le parece que es momento para que todos todos los partidos se pongan de acuerdo en dos o tres políticas claras para empezar a estructurar un cambio real y positivo del sistema penitenciario?
Sí, a mí me gustaría que todos los partidos políticos hagan un pedido de disculpas a las familias de las personas privadas de libertad y a los trabajadores por las condiciones de las cárceles de este país. Ese sería el punto base para crear una política de Estado y que no se pasen las culpas. Escuché las declaraciones del ministro Negro achacando parte de las responsabilidades del incidente que hubo en el Comcar a la LUC (Ley de Urgente Consideración).
¿Le pareció oportuno?
Me parece que no es oportuno. ¿Qué pasa? El Gobierno del Frente Amplio tuvo el incendio de la cárcel de Rocha y no había LUC, entonces, en esta etapa, donde uno echa la culpa al otro, en el tema cárceles todos tienen las manos manchadas de sangre, algunos más otros menos; y no es un tema realmente para hacer campaña política. No importa ya qué hizo uno, qué hizo otro. Ahora el gobierno es otro, el pueblo cambió de partido político justamente para que haya cambios y no queremos ver que le echen la culpa. Sabemos que hace 100 días que están, pero el mensaje no tiene que ser “la culpa es tuya”.
¿Cómo lo vamos a solucionar? Porque el Frente Amplio no tiene mayorías en Cámara de Diputados y achacarles las culpas al partido mayoritario de la oposición no creo que sirva para generar acuerdos frente al tema penitenciario y frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene que haber.
Si se creara un Ministerio de Justicia, ¿qué cambios deberían tener el INR y el sistema penitenciario en general?
Siempre cuando se dice que se va a hacer un nuevo ministerio se quejan por el tema del aumento de la burocracia. Los ministerios sirven para generar políticas públicas. Entonces, la pregunta es: ¿Uruguay tiene un problema carcelario importante como para tener un ministerio que genere políticas públicas para atender este fenómeno? Yo diría que sí, tenemos más 16000 personas y como 20000 con medidas sustitutivas, así que el problema de lo que es la desintegración social, gente con problemas de la Justicia y de una defensoría de oficio que realmente no logra dar un servicio de calidad a las personas sí amerita totalmente que haya un ministerio que elabore políticas en ese sentido.
A mí me da gracia, por ejemplo, ver las declaraciones de Javier García diciendo que ahora se opone a que haya un nuevo ministerio, cuando en el Gobierno de ellos crearon el Ministerio de Ambiente que, perdónenme, pero en lo que fueron los cinco años, pusieron al ministro Peña, que en paz descanse, que no se acordaba si era recibido o no, y no pudo ni siquiera atrapar un mono tití que se había escapado. Como ministerio, como burocracia autónoma que se creó, los resultados no se dieron. Es más, hace poco el Ministerio de Ambiente decidió multar a la Intendencia Maldonado con 50.000 dólares porque contaminó un lago con escombros. Entonces, si el Partido Nacional está en contra de la burocracia, bueno, perfecto, hubiera predicado con el ejemplo y no hubiera creado el Ministerio de Ambiente, y sí hubiera creado el Ministerio de Derechos Humanos.
¿Fue bueno que la Dinali haya pasado del Ministerio del Interior al Mides?
Y sí, fue bueno. A mí me parece que el Partido Nacional, en el Mides, por lo menos con el tema carcelario sí tuvo una impronta, una mejora, por lo menos en lo que es la calidad técnica. El Partido Nacional sí tuvo una política eficiente en el Mides con respecto al tema de cárceles comparado con lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio, donde había todo un tira y afloje entre los comunistas y el MPP, con el Mides en el medio, porque el Mides no ingresaba a las cárceles.
Ahora se abrió una oficina del Mides en el Comcar y parece que la idea es que el Mides empiece a penetrar en las cárceles en todo el país; que eso estaba previsto en el gobierno anterior y no se hizo por un tema presupuestal, calculo.
Hay que destacar que hay gente en todos los partidos que se preocupa por el tema de la cárcel. Lamentablemente eso no se traduce a los discursos, obviamente, imperantes de cada partido.
Pero sí, que la Dinali haya pasado para el Mides fue excelente.
A mí me dio un poco de gracia (Diego) Sanjurjo, que dijo “vamos a crear una tarjetita y a los presos liberados les vamos a dar 2000 pesos y una casa para ver si no reinciden”, y después te dicen, no, “descubrimos que el 70 % no reincidió”. Y a mí que me disculpen, porque él dice que mandó a hacer un proyecto de investigación, yo qué sé, son cosas medio de sentido común. Sanjurjo es un técnico del Partido Colorado que fue incorporado en este gobierno dentro de un Ministerio del Interior con toda una impronta técnica. Está blindado desde el punto de vista político porque tenemos un ministro de Interior que fue fiscal, que de alguna manera es técnico. Tenemos a Ana Juanche en el INR que también es una técnica, Ana Vigna que también está en el INR y Sanjurjo, son toda gente técnica. De alguna manera se quiso despolitizar todo el tema de la seguridad.
¿Eso lo ves positivo?
Lo veo una movida muy inteligente por parte de este nuevo Gobierno, de justamente llevar una política de Estado en materia de seguridad. Y bueno, es más difícil pegarle a un técnico que a un político, en eso estamos de acuerdo.
Pero volviendo al tema de Sanjurjo, hay muchos proyectos que se elaboran, que son muchas cosas de sentido común. Para mí un liberado tiene que tener la garantía de un lugar a donde ir y tiene que tener un monto mínimo de dinero como para poder sobrevivir, o ¿cómo esperás que no reincida? Ese es el tema.
En agosto se va a votar el presupuesto, ¿cuáles deberían ser las prioridades a corto plazo, lo urgente, y qué se tendría que implementar a largo plazo?
A corto plazo tiene que haber una inundación de recursos humanos dentro de las cárceles. Personal técnico profesional, sobre todo, seguido por operador y policía. Tiene que haber una mejora en todo el tema de lo que son las conducciones, que no se habla mucho de eso, que no hay personal ni vehículos para llevar a los presos a lo que son los hospitales y tampoco las audiencias. Esos temas, realmente para ser un servicio público, tienen que estar solucionados.
Después, como política institucional, las cárceles tienen que salir del Ministerio del Interior. Tenemos que ser un servicio descentralizado y crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que haga políticas desde el punto de vista carcelario. Esos serían los pasos a seguir.
El otro punto es cómo integramos a las personas privadas de libertad a lo que es la economía nacional. Hay muchas políticas públicas que el Gobierno no cumple. Por ejemplo, un porcentaje de todos los contratados en las licitaciones públicas tienen que ser ex personas privadas de libertad y eso no se cumple y no se controla.
Ahora que, por ejemplo, se puso en el tapete el tema de Colonización, que se gastan millones de dólares en tierras que el Estado compra y después las arrienda y se calcula que por cada colono el Estado invierte como 300.000 dólares, pregunto: ¿no se puede hacer que esta gente que accede a estos beneficios estatales contrate personas privadas de libertad? O, por ejemplo, cuando se habla de zonas francas, ¿no se puede hacer que las cárceles sean zonas francas para que se puedan instalar empresas y contratar a los presos?
Son todas esas ideas que realmente es cuestión de ponerles voluntad, pero hay que dejar de ver a las cárceles como un lugar de castigo que solamente consume la vida y la salud mental de todos lo que trabajan y viven ahí, y verlo como un servicio público; y que esta gente tiene que salir, y tiene que salir mejor de lo que entró.
Ahí sí es menester hablar de la LUC, sobre las oportunidades laborales reducidas, al igual que las penas alternativas. ¿Eso fue un retroceso?
Sí, sí, fue un retroceso. Fue una política de inflación penal que fue votada, se sabía que lo iban a hacer, y el pueblo lo legitimó. Cuando vos hacés una política de inflación penal, sos responsable de acompañar el presupuesto en base a la cantidad de personas que van ingresando, y no se hizo. En 5 años no se aumentó el presupuesto de cárcel y seguimos teniendo el presupuesto del año 2019, cuando teníamos 10.000 presos.
El resultado más notorio fue, por ejemplo, que en el Comcar llegaron a no tener qué comer. Eso, el comisionado (Juan Miguel Petit) lo denunció en un juicio y lo ganó. Ahora yo pregunto: ¿Por qué no hay responsables respecto a eso? Porque realmente, si vos sos un gobierno y estás matando de hambre a los presos, ¿no sos responsable?, ¿no es un delito de lesa humanidad que vos tengas personas y no les estés dando de comer?
Yo leí los testimonios de los citados por el Ministerio en el juicio de Petit con el Comcar y un subdirector decía que la comida de los presos era un lujo y que hasta él mismo la comía… Una falta de respeto total.
Ese es el efecto de lo que es llevar una política legislativa totalmente por fuera de la realidad. O sea, se interpusieron normas de inflación penal y se redujeron beneficios liberatorios como la reducción de pena por trabajo y estudio.
Yo estoy de acuerdo, puede haber delitos que de repente no merezcan que la sociedad les dé una señal como que puedan salir más rápido en libertad. Yo estoy de acuerdo en que una persona que es un violador o un asesino, realmente no tenga que tener esos beneficios porque no es el mismo nivel de maldad que una persona que rapiñe o que trafique droga, y eso sí lo puedo entender, pero no se puede poner algo al barrer y decir “vamos a quitar el beneficio a los que venden droga, a los que violan, a los asesinos, a los rapiñeros, todos al barrer porque no todos los delitos son penados de la misma manera” y, justamente, en base a que no son penados de la misma manera, no tienen que carecer de los mismos beneficios liberatorios.
Creo que hay que escuchar a la sociedad, porque yo fui víctima de la delincuencia y sé lo molesto que es que te roben y lo veas paseando al mismo que te robó porque no fue preso. Yo entiendo que hay que poner el foco en la víctima, que la víctima tiene que sentir que el Estado la protege, que le responde. Pero tampoco se puede caer al otro lado de decir: a estos tipos hay que torturarlos y no me importa nada de lo que pasa porque al fin y al cabo no votan.
Hay que tener un equilibrio y el mensaje justamente tiene que ser contemplar las dos cosas, el interés de la población que es víctima de delincuencia y el interés de las personas privadas de la libertad y de sus familiares, para que no sean torturados, porque una vez que una persona está presa ya dejó de ser un delincuente. Eso es un error de nuestra cultura que nosotros los seguimos viendo como delincuentes, y ya no lo son, son personas condenadas. Entonces hay que tratarlas como tal, si no, estamos teniendo una venganza, y es lo que tenemos que evitar.
Hay muchos presos que siguen dirigiendo sus organizaciones y ordenan ejecutar atentados y sicariatos desde la cárcel. ¿Cómo se ha gestionado y cómo se gestiona desde el INR la estadía de los delincuentes más pesados?
El problema yo te diría que no son los delincuentes pesados dentro de la cárcel, sino los delincuentes pesados afuera, en la sociedad, porque Uruguay no es Brasil, Uruguay no es Ecuador, es un país muy chico; en Uruguay nos conocemos todos y estos barrios en los que operan los Suárez, los Algorta, los Albín ¿están a cuánto del centro de Montevideo? A 15 minutos. No es que vos decís “está en una selva perdida o en medio de una favela impenetrable”.
Podría decir que falta mano dura, pero lo que falta es control del Estado en esas zonas. El Estado tiene que tener una presencia policial permanente de saturación en todos estos barrios complejos y a la vez llegar con servicios. Porque, si no, al final es como que estás generando guetos y no es la idea.
Nuestra delincuencia organizada —si se quiere poner que son organizadas— son familias. Estamos hablando de grupos de 20, 30, a reventar 50 personas. No estamos hablando de una guerrilla de cientos y miles, que ahí podríamos decir “la pucha, estamos en problemas y realmente nos van a hacer frente”.
Siempre sale algún político reclamando que les saquen los celulares a todos, como si eso fuera tan fácil. ¿Se puede hacer?, ¿esa es la solución?
¿Sabés qué es lo cómico? Si vos les sacás los celulares, ¿sabés quién te hace el mandado? El abogado. El abogado se lo puede dar a cualquiera. Si vos no podés escuchar lo que el tipo hace con el abogado… Pero a lo que me refiero es: ¿tiene que tener un narco comunicación con el mundo exterior? Yo te diría que no; la tiene que tener limitada o cortada. Pero los narcos tienen guita y si yo quiero dar una orden para afuera la voy a dar y voy a usar a mi abogado. Es así de sencillo y como la conversación con el abogado está protegida por ley, queda bajo el secreto profesional.
Entonces, la lógica es que el narco va a seguir operando desde la cárcel siempre, de una manera o la otra, y aunque no opere, el vacío de poder lo va a ocupar otro narco, porque es familiar. Vos descabezás a un miembro de la familia y es como la mafia italiana; sacás a un familiar y viene otro, y se van a seguir matando.
Lo peligroso de esto es que nosotros estamos en la etapa en que estos clanes familiares se matan entre sí por el control de los barrios.
¿Y cuál sería la próxima etapa?
Lo que pasó en Ecuador —también en Brasil—. Ecuador era uno de los países más seguros del mundo. Las cárceles lo que generan son cambios culturales. La cultura carcelaria empieza a salir de la cárcel y empieza a afectar a los barrios donde esta gente tiene vínculo. Tenemos que tener miedo si no empezamos a abordar la cárcel, si no empezamos a abordar la marginalidad.
Hoy por hoy, las bandas de delincuentes se están matando entre ellas, pero el día en que empiecen a tomar conciencia de que el enemigo ya no son ellos y sea el Estado, ahí vamos a tener un problema real, porque Uruguay es chico y no estamos acostumbrados a tener una delincuencia organizada que ataque al Estado, que ataque a fiscales que ataque a jueces, que ataque a políticos.
El atentado al INR del año pasado, en 2020 el atentado a la Brigada Antidrogas y la amenaza Ferrero, ¿son indicios de que eso está llegando?
¿A vos te parece que es tan difícil en este país matar a alguien importante? Vos te ponés un traje, entrás a un ministerio o al Parlamento, decís “tengo una cita con Fulano” y te dejan pasar. Por ejemplo, cuando murió Mujica, que tenías a todo el gobierno, ¿te pensás que me revisaron o algo?
Vos vas a Estados Unidos y entrás a cualquier museo, por ejemplo, o a cualquier lugar público, y te hacen sacar los zapatos, pasás por escáner, porque son culturas que están acostumbradas al terrorismo. Nosotros, gracias a Dios, no. Nosotros tenemos la suerte de que vos entrás a cualquier lugar y decís “che, tengo que hablar con Fulano de tal” y te ven una cara con pinta de bueno y bien vestido, y te dicen “dale, sí, pasá”.
Ahora, ese tipo de cultura, que gracias a Dios me parece que es sana, ojalá no la perdamos el día que esta gente empiece a matarnos a nosotros, que empiecen a atacar el Estado.
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Segundo homicidio dentro del ex Comcar en tres días.
Foto: Martin Riveron / FocoUy
Ante la evidente ineficiencia del Estado en las cárceles uruguayas, ¿por qué no se ha generado hasta ahora un movimiento como el del PCC en Brasil y tampoco han existido grandes motines en los últimos tiempos?
Todos los motines que ha habido históricamente fueron porque buscaban algo. El famoso motín en el Penal de Libertad fue porque estaban en una situación calamitosa donde los presos no tenían ni agua. Entonces, ante esa situación, los presos obviamente, entre morirse de sed y romper todo, salieron y rompieron todo.
Los otros motines que ha habido eran porque pedían traslados. Entonces, los motines grandes que ha habido fueron para coaccionar a las autoridades para que respondan. Si no ha habido motines es porque realmente han negociado muy bien con los presos y de alguna manera han mantenido lo que es el equilibrio de poder. Porque, realmente, tenés un funcionario cada 100.
Me acuerdo de toda esta parafernalia que hacía el Gobierno anterior, que entraban a hacer requisas con cientos de funcionarios y videos y no sé cuánto... ¿De qué sirve? Si después ellos se van y queda un módulo de 800 personas con dos funcionarios.
Entonces, ¿si no hay mayores conflictos es porque existen ciertos pactos internos extraoficiales y no por una acción estatal?
Por supuesto. Pero incluso cualquier persona que trabaja en el sistema penitenciario, no sé si llamarlo respetar pactos, pero todos tenemos de alguna manera que medirnos. Yo, por ejemplo, si estoy solo en un sector con 100 personas, no me voy a hacer el héroe. Si yo tengo que entrar, les tengo que decir “miren, gurises, tengo que entrar, pero no es contra ustedes”, no sé qué, pero tengo que atender tal situación y tengo que negociar mi entrada porque soy uno con cien, y ellos a la vez tienen que ver que yo no soy un enemigo y me tienen que permitir pasar; me tienen que garantizar la seguridad porque eso es lo lógico.
Mi seguridad no está dada por el Estado, está dada por los presos, porque son ellos los que me permiten entrar y los que evitan que esté rodeado, que me secuestren y me maten, porque la inferioridad numérica es tan grande que es mentira que el Estado a mí me provee seguridad.
Lo que denuncia es muy grave. ¿La autoridad está cambiada y en determinados lugares dentro de los pabellones no manda el Estado?
Si mandara el Estado, ¿a vos te parece que las cárceles estarían como están?
El otro día quedó demostrado que un grupo quiso matar a alguien y, por más que intentaron evitarlo, lo terminaron matando igual, a él y a otros tres.
Sí, y ya ni siquiera les importa ir en cana, ese es el problema. Cuando la gente ya piensa que estar toda la vida preso no es un castigo, es una forma de vida, ¿con qué los castigás?, ¿cómo los parás? Porque estas personas tienen prácticamente vía libre para matar y el Estado no tiene forma de pararlo. Porque ellos no le tienen miedo a estar en la cárcel porque la cárcel es su vida, es lo que conocen, y ya se sienten parte de la cárcel. Eso es un tema con respecto al desarrollo cultural.
Es muy duro ver que te pongas a hablar con un preso y él te hable a vos como que vos no sos uruguayo, no sos igual que él, que no somos iguales y te hablan de nosotros y ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando digan “somos ustedes y nosotros. Bueno, vamos a ir contra ustedes, vamos a ir contra el Estado que no nos representa”, y eso es lo que pasó en Brasil y Ecuador, y nosotros ya tenemos las semillas de eso, y eso es lo que tenemos que evitar que germine y tenemos que meterle a todas las cárceles para romper esa cultura, porque si nosotros no abordamos este tema cuando estamos a punto, vamos a pasar lo mismo que en Brasil o Ecuador.
¿Lo que sucedió hace dos semanas puede volver a ocurrir mañana o pasado?
El año pasado tuvimos dos incidentes en menos de un mes.
¿Y qué se debería hacer ya para que eso no ocurra nuevamente?
Lo que se puede hacer ya, y es algo realmente que económicamente no sería tan importante hacer, es sustituir todos los colchones por colchones ignífugos. Eso es una medida primaria. Hacer las habilitaciones contra incendios en todas las cárceles. Las tienen que empezar a gestionar porque no podés decir que no tenés presupuesto.
Se gastaron 30 millones en Colonización; para reformar el Comcar habían dado un presupuesto de alrededor de 4 o 5 millones de dólares. Se puede, es una cuestión de voluntad. Sabemos que los presos no votan, por eso a nadie le importa, pero tenés una obligación y ahí creo que le cumplen una obligación a los familiares de presos, que deben ser como 50 mil. Esta gente se tiene que manifestar.
El día que los familiares de las personas privadas de libertad se manifiesten en la Plaza Independencia y hagan saber su malestar, va a cambiar la cosa, pero se tienen que dar esas señales.
Hoy, por lo pronto, empezando con algo como cambiar los colchones solucionaría bastante el problema de que mueran rápido incinerados en una celda, porque justamente lo que te mata es el humo de esos colchones que son altamente tóxicos. Y después, obviamente realizar reformas estructurales, que son a largo plazo.
¿Ve señales positivas de este gobierno?
Sí, por ejemplo, están más abiertos al diálogo con todos los organismos sindicales. La anterior administración solamente tenía diálogo con los sindicatos que ellos querían legitimar institucionalmente, entonces solamente recibían a dos, y a mí, por ejemplo, nunca me recibieron.
Y no solo me cansé de pedir entrevistas, yo tuve que encarar, me acuerdo, a (Nicolás) Martinelli, una vuelta que vino con (Luis) Mendoza a mi unidad y tuvimos un mano a mano bastante candente. Le dije “¿por qué no me recibió?”, porque ya había dos juicios seguidos que le habíamos ganado, uno en la cárcel de mujeres y otro de Comcar. En el de la cárcel de mujeres a mí me amenazaron con ser sumariado, diciendo que las cosas que denunciábamos eran mentira. Después de que me quiso hacer esa canallada, me parece que merecía que me recibiera cara a cara y hablar. Porque me parece que represento a un grupo de trabajadores que justamente estamos tomando acciones para cambiar esta realidad y soy un funcionario a cargo tuyo como ministro o como director del INR, tú me tenés que escuchar. No es un favor que tú me estás haciendo, es tu obligación.
Estas nuevas autoridades sí nos recibieron, están abiertas al diálogo, están abiertas a escuchar y el trato es completamente distinto.
