Desde el Frente Amplio, el senador Enrique Rubio es uno de los impulsores más firmes del proyecto. “Uruguay tiene un debe histórico en materia de institucionalidad de justicia”, sostuvo recientemente en entrevista con la diaria, donde remarcó que el nuevo ministerio no debe ser “una estructura más”, sino una herramienta para articular políticas de rehabilitación, acceso a la Justicia y protección de derechos.
A nivel técnico, el proyecto cuenta con el respaldo de actores internacionales. Durante el seminario en Torre Ejecutiva, Pilar Llop, exministra de Justicia de España, subrayó que separar justicia de interior es una tendencia extendida que permite avanzar hacia modelos centrados en garantías y derechos humanos. Germán Garavano, exministro argentino, coincidió en que la figura del ministerio puede cumplir un rol clave como “puente entre el Poder Judicial y el Ejecutivo”, ayudando a implementar políticas penales más integrales y coordinadas.
Reparos y advertencias
Frente a la propuesta de crear un Ministerio de Justicia, también surgieron voces que advierten sobre los riesgos de politización o duplicación de estructuras y cuestionan la oportunidad de impulsar una reforma de tal magnitud en medio de una reconfiguración parlamentaria.
Desde el Partido Nacional, el senador y exministro Javier García consideró que no es “el momento adecuado” para discutir la creación de una nueva cartera, y expresó su preocupación por “el crecimiento del aparato estatal”, en declaraciones recogidas por El País. En la misma línea, el presidente del Partido Nacional Álvaro Delgado dijo a Telenoche que, a pesar de que se trataba de una iniciativa apoyada por algunos sectores de la oposición, no están dadas las condiciones para la creación de la nueva cartera de Justicia: “Si vamos a crear una institucionalidad nueva necesitamos acuerdos y definir todas las garantías de la separación de poderes y su independencia”.
En el caso del Partido Colorado, si bien la propuesta fue vista con buenos ojos por algunos de sus representantes y estuvo incluida en el programa de gobierno de la fuerza política, recientemente manifestaron su desacuerdo por considerar que hubo un cambio de escenario respecto a la campaña electoral y que actualmente las condiciones no estarían dadas. Así lo expresaron, por ejemplo, los senadores Andrés Ojeda y Robert Silva, en declaraciones consignadas por Telenoche el 26 de junio. Asimismo, Pedro Bordaberry, tras el seminario convocado por el Gobierno, opinó en su cuenta de X que “no necesitamos más ministerios, necesitamos que los que ya existen funcionen”.
Identidad Soberana también rechaza “de plano” el proyecto, según declaró el diputado Gustavo Salle a El País. El legislador argumentó que "la Constitución es muy clara: la justicia tiene que estar en manos de la Suprema Corte de Justicia y de toda la estructura del Poder Judicial".
Por otra parte, desde el Poder Judicial también realizaron advertencias. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, dijo en declaraciones a la prensa que, si bien puede discutirse la creación del ministerio, es imprescindible que no se interfiera en las competencias constitucionales del Poder Judicial.
Este debate institucional se cruza, además, con otro proceso clave: la revisión del Código del Proceso Penal que, desde su entrada en vigencia en 2017, ha generado controversias sobre la eficacia del modelo acusatorio y su aplicación práctica.
Con una comisión técnica ya instalada para evaluar ajustes al CPP, crece la expectativa de que ambos procesos —Ministerio y Código— avancen de forma articulada, en busca de una política criminal más coherente, moderna y garantista.
El análisis de los fiscales: “Lo concreto sigue sin aparecer”
La voz de los fiscales resulta clave para entender cómo impactaría esta transformación en su trabajo cotidiano y en el funcionamiento general de la Justicia penal. En entrevista con el programa “Pasaron Cosas” de Caras y Caretas, el presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, expresó su postura sobre la propuesta, aclarando que, hasta el momento, y aunque el tema cobró visibilidad política y mediática, no se presentó ningún proyecto formal. “Si vamos a los hechos, nadie ha presentado una propuesta concreta”, aseguró Rosa.
De acuerdo al fiscal, el debate actual se mueve más en el plano de las percepciones e intenciones que en el de las definiciones reales. Reconoció que existe una idea generalizada sobre lo que podría ser un Ministerio de Justicia, pero aclaró que no hay claridad sobre qué instituciones quedarán bajo su órbita ni cómo se ordenará su estructura administrativa.
“Tenemos la experiencia comparada, o sea, lo que ha pasado en otros países en donde existe esa institucionalidad. Tenemos los resquemores que genera el recuerdo del Ministerio de Justicia que existió en nuestro país en épocas de dictadura”, señaló. Según explicó, incluso entre quienes impulsan la idea, tanto desde el oficialismo como desde sectores que la incluyeron en programas anteriores cuando fueron oposición, no hay una definición precisa sobre su contenido. “Ni aquellos que proponen ni quienes lo propusieron antes tienen claro qué va a incluir esta institucionalidad”, remarcó.
Rosa también planteó una preocupación central: mientras se discute una posible nueva arquitectura institucional, se corre el riesgo de pasar por alto las carencias estructurales que ya enfrenta el sistema de justicia. En particular, enfatizó el deterioro presupuestal de la Fiscalía General de la Nación desde que se convirtió en servicio descentralizado en 2015, etapa en la que comenzó a instrumentarse el nuevo Código del Proceso Penal.
“Desde ese momento hasta el final del período pasado, la Fiscalía permanentemente fue desoída en cuanto a sus reclamos presupuestales”, indicó. Esa falta de respuesta —según explicó— repercute directamente en la calidad del servicio y, por tanto, en los derechos de la ciudadanía. “Aquí se instauró un Código del Proceso Penal con deficiencias de recursos que después terminan pagando los ciudadanos”, afirmó, y ejemplificó con los casos que se acumulan sin resolución: “Una persona cuando va y hace una denuncia por estafa y esa estafa después se acumula con otras y duerme el sueño de los justos porque las fiscalías no pueden abordar esas investigaciones de forma debida, quien está perdiendo es esa persona”.
El déficit, advirtió, se vuelve visible solo cuando un caso involucra a figuras políticas o genera impacto mediático, pero se arrastra cotidianamente en la tramitación de miles de denuncias por delitos comunes. “Ahí sí se acuerdan que la Fiscalía demora, que los tiempos de las causas son tales o cuales, y empiezan las exigencias”, observó.
Para el presidente de los fiscales, es indispensable adoptar una mirada integral que priorice el fortalecimiento de las instituciones ya existentes antes de proyectar estructuras nuevas sin respaldo técnico ni financiero. “Creo que hay que pensarlo por ahí y solucionarlo, porque, si no, empezamos a distraer con el Ministerio de Justicia, con otras cosas que están en el éter, pero no son concretizables, cuando lo que sí nos está ahogando no es atendido”, concluyó.
