Luego de acceder a las actas de la interpelación, el 31 de agosto el fiscal general de la Nación, Juan Goméz, entendió que, “en cumplimiento de los principios que rigen la actividad del Ministerio Público y la tarea de persecución penal de los crímenes, delitos y faltas, como titular de la acción penal”, ordenó remitir las actas a la Oficina de Depuración, Priorización y Asignación para que estableciera a qué Fiscalía correspondía la investigación.
En el memorando que Gómez envió junto a las actas, establece que “la Fiscalía General de la Nación debe bregar por la máxima transparencia por lo que una vez analizada la situación planteada en la referida Sesión del Senado, se concluyó que ésta tiene repercusiones tanto internas como externas que justifican, con amplitud, la investigación que se pretende, con la mayor objetividad.
El 2 de setiembre se designó a la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno, a cargo del fiscal Alejandro Machado.
Cuatro días después, la bancada de senadores frenteamplistas se presentó por escrito a los efectos de aportar información referida a la causa. Allí se expresa que “el otorgamiento de ese documento permitió que un importante narcotraficante obtuviera la libertad y se diera a la fuga”, situación en la que permanece aún hoy.
Asimismo, aclaran que en la interpelación “no se respondieron las interrogantes planteadas, como ser: ¿en qué momento los ministros y subsecretarios de los respectivos ministerios tomaron conocimiento del caso?, ¿cuál fue el papel que tuvo cada uno en el proceso de expedición y entrega del pasaporte a Marset?”.
Expresan, además, que “resulta curioso que al inicio de la interpelación el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, manifestó desconocer quién era Marset antes de marzo de 2022, fecha en la cual se emitió una alerta roja internacional de Interpol. Sin embargo, sobre el final de la sesión extraordinaria, el ministro reconoció que (…) importa aclarar también que cuando decimos que no conocíamos a Marset, es claro que no lo estoy diciendo en sentido literal, sino en sentido figurado, porque todos sabemos que el Marset de marzo no es el Marset de octubre. Para nuestro país y para nuestra normativa era Marset, en ese entonces, y sigue siendo, un uruguayo con los mismos derechos que otros”.
Los senadores informantes sostienen que “resulta llamativo que el ministro Heber informara en la interpelación que dos días antes, el sábado 20 de agosto, tomó conocimiento de que existió una comunicación vía correo electrónico entre la Dirección Nacional de Identificación Civil –D.N.I.C.– y la Dirección Nacional de Policía Científica –D.N.P.C.– para ‘apurar’ el trámite de tres pasaportes, entre ellos el de Marset. Hubo una comunicación con el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que consistió en un pedido del abogado Alejandro Balbi, representante legal de Marset, quien se encontraba tramitando de forma urgente el pasaporte de su cliente. Dicha circunstancia –según el ministro del Interior– llevó a disponer una investigación administrativa urgente y a destituir al subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, comisario general Alberto Lacoste”.
En la presentación se informa al fiscal sobre “las comunicaciones existentes entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache. En la interpelación se reconoce que ambos jerarcas estuvieron en comunicación durante el trámite del pasaporte de Marset”. Y agregan que: “Como figura en las actas, Maciel le envió un correo electrónico a Ache el 21 de setiembre de 2021, a pedido de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior, porque quería saber si Marset estaba detenido en Dubái. Luego se registró un segundo contacto entre ambos jerarcas, el 3 de noviembre, en el que Ache le confirma a Maciel que Marset seguía detenido sin informar que el trámite del pasaporte se había iniciado unos días antes, el 28 de octubre. Este punto resulta llamativo, ya que era una persona investigada por una dependencia del Ministerio del Interior, como la DGRTID (que estaba en contacto con la DEA y la SENAD de Paraguay), que estaba en comunicación constante con el subsecretario Maciel, éste con la subsecretaria Ache y, sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, se otorgó el pasaporte que permitió la fuga de Marset, prófugo de la justicia internacional”.
Otro de los aspectos señalados por los senadores de la oposición refiere a la reunión que mantuvieron Ache y Balbi. “La vicecanciller dijo durante la interpelación que el día 17 de noviembre de 2021 recibió un mensaje de WhatsApp de parte de Balbi pidiéndole una reunión. La jerarca agregó que el peticionante no le manifestó el motivo de la solicitud de audiencia y simplemente se limitó a decirle que era un tema de la Cancillería”. Entienden los legisladores que: “Resulta extraño pedirle una reunión a una jerarca, de la investidura de una subsecretaria, sin expresar el motivo de la misma”.
Concluyen: “La entrega del pasaporte común al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en Dubái por haber ingresado a Emiratos Árabes Unidos con un pasaporte paraguayo falso, no fue un trámite normal, no puede decirse que se ajustó a la normativa vigente sino que quedó de manifiesto que falló todo el sistema de inteligencia nacional. Por lo que se debe investigar la participación de todas las autoridades citadas en el presente escrito”.
La resolución del fiscal Machado
“Una vez realizada la correspondiente instrucción de la denuncia de marras, a saber: estudio de la voluminosa documentación incorporada a la causa, investigaciones administrativas tanto a nivel del Ministerio del Interior como del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitudes de informes, consultas jurídicas de destacados catedráticos de la Universidad de la República, diligencias de información gestionadas a través del Sistema de Administración de Interceptaciones Legales –SAIL– (histórico y cruzamiento de llamadas y mensajes), así como declaraciones de testigos e imputados, esta representación fiscal habrá de disponer el archivo de la presente investigación”, expresa el fiscal Machado.
Luego, en una extensa reseña, deja en claro que el gestor del pasaporte de Marset fue el abogado Alejandro Balbi, establece que todos los funcionarios diplomáticos y consulares que actuaron en la oportunidad “lo hicieron ajustado a derecho y a las normas que rigen su actividad”, y deja claro que “Marset tenía derecho a obtener su documento”.
El dictamen dedica buena parte a la investigación realizada por Fiscalía sobre el otorgamiento del pasaporte, reseñando puntillosamente toda la normativa, así como las declaraciones obtenidas.
Alejandro Machado cita reiteradamente al abogado Balbi y recoge las quejas realizadas por lo menos por una cónsul sobre las presiones que éste ejercía para obtener el documento de su cliente. El abogado fue quien reclamó al consulado uruguayo en Emiratos Árabes que expidiera una nota en la que se asegurara que Marset podrá tramitar su pasaporte uruguayo en Abu Dabi. El consulado solicitó instrucciones a Cancillería.
El fiscal afirma que “del mensaje oficial antes transcripto surge que Balbi era el promotor de la tramitación de la citada nota”. Agrega que “de la carpeta investigativa surge que, concomitantemente con ello, el abogado Santiago Moratorio, también representante legal de Marset, y los familiares de este último insistían reiteradamente con la entrega de dicha nota”.
El 29 de octubre de 2021, el Departamento de Documentación de Viaje contestó la nota. Allí se establecía que se habían realizado las consultas pertinentes con Interpol Uruguay y se remitía el mensaje para su conocimiento.
“Respecto a su consulta en el punto 5, se informa que el compatriota podrá iniciar la solicitud de pasaporte común, no pudiendo este Departamento asegurar si ese documento será impreso. Independientemente de que el certificado de antecedentes del señor Marset surge sin anotaciones al dorso, pero el señor tiene una averiguación de paradero y ésto podría suspender el trámite de solicitud del pasaporte común.
En resumen, se le puede iniciar el trámite de solicitud de pasaporte común en el sistema. Al encontrarse el solicitante privado de libertad, las capturas deberán ser subidas de forma manual. Una vez que el trámite vaya a DNIC, como parte del procedimiento, será enviado a Policía Científica y ahí se estudiará su expediente, quedando a lo que se decida en esa Dirección Nacional. Igualmente, en caso de que el connacional quiera retornar a la República, se le podrá emitir un documento válido de regreso a la República”.
Pero Marset no quería volver a Uruguay y por eso la premura por obtener el pasaporte, porque en caso contrario sería deportado a nuestro país al cumplirse tres meses de su detención a finales de diciembre.
Machado agrega que “la circunstancia que permitió que a Marset le fuera expedido dicho certificado consistió en la ausencia de causas abiertas en Uruguay. Porque las averiguaciones de domicilio y/o paradero no figuran en el Certificado de Antecedentes Judiciales”.
El fiscal expresa que “como surge inequívocamente de la sentencia analizada, la Justicia de Emiratos Árabes Unidos no absolvió a Marset debido a la entrega del pasaporte que en definitiva acreditaba su identidad –derecho a la identificación y a la nacionalidad– ni tampoco lo hizo fundándose en la nota confeccionada por la Sección Consular de Uruguay en Abu Dabi, sino que su absolución se basó en la falta de prueba admisible que revele el dolo criminal del imputado ya que –a su criterio– Marset nunca tuvo conocimiento de que estaba haciendo algo prohibido, pues desconocía la falsedad del pasaporte”.
Finalmente, y después de intensas gestiones de Alejandro Balbi, todas consignadas al detalle en el dictamen fiscal, el documento fue entregado el 30 de noviembre del 2021 en mano propia al hermano de Balbi, previo recibir un poder firmado por Marset.
El fiscal Machado sostiene que “por supuesto, a posteriori, al conocerse que Sebastián Marset era un narcotraficante peligroso y que a su vez se había dado a la fuga, desde la perspectiva de la ciudadanía resulta razonable que se cuestione la emisión de la mencionada nota, pero dicho cuestionamiento es irrelevante en el ámbito jurídico penal”.
Según se explicó en Fiscalía, “el dictamen no es apelable, ya que se trató de una actuación de oficio”.
Las inapelables sentencias del fiscal
Si bien el fiscal entendió que no había reproche penal en la emisión del pasaporte, en sus consideraciones finales fue lapidario con los cuatro jerarcas mencionados
"Sobre el particular cabe realizar una serie de precisiones”, dice Machado en su dictamen. “La primera es que el sistema de seguridad nacional no estuvo a la altura de las circunstancias, pero no porque no hubiera que entregarle el pasaporte a Marset –pues era un derecho que le asistía–, sino porque las comunicaciones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores no se manejaron con el profesionalismo requerido en la instancia. Dada la relevancia del asunto y la jerarquía de los interlocutores, era exigible una mayor diligencia y un mayor celo en el tratamiento de la situación. Por tanto, podemos concluir, sin hesitaciones, que los problemas de comunicación formal y oficial fueron evidentes. Dada la relevancia del caso, el Dr. Guillermo Maciel debió realizar la consulta por las vías oficiales y no a través de simples mensajes de WhatsApp. Máxime si se tiene en consideración que Cancillería cuenta con un enlace con la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado”.
Es decir, fueron incompetentes.
Pero su última consideración es más grave. “Teniendo en cuenta que la presente investigación tiene su origen en la interpelación a dos ministros de Estado llevada adelante por la Cámara de Senadores en sesión extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución de la República, no podemos soslayar la actitud asumida por los jerarcas en dicha instancia. En tal sentido, una vez finalizada esta indagatoria estamos en condiciones de concluir que los ministros de Estado, así como sus respectivos subsecretarios, faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y en definitiva a la ciudadanía que éstos representan, en oportunidad de celebrarse la sesión extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2022.
No obstante lo reprochable de dicho accionar –faltar a la verdad y ocultar información a la Cámara de Senadores– el mismo escapa al ámbito de competencia de estos representantes del Ministerio Público”.
La mentira organizada
Hoy sabemos más. Por ejemplo, que se organizaron para mentir durante una reunión convocada en una dependencia del Ministerio del Interior ubicada en el Prado.
A principios de noviembre del 2023 la exvicecanciller Carolina Ache declaró en Fiscalía que el Gobierno se había organizado para que un intercambio de mensajes entre ella y el exsubsecretario de Interior, Guillermo Maciel, no se entregara en la interpelación. Señaló además que el asesor presidencial, Roberto Lafluf, le dijo que “él había destruido documentos entregados por ella para ser incluidos en la investigación administrativa de Cancillería”.
En uno de esos mensajes, Maciel le decía a Ache que “Marset era un narco muy peligroso”. Pero aún así el 30 de noviembre de ese año le expidieron el documento que enseguida entregaron en mano al abogado Carlos Balbi, hermano de Alejandro.
Por esa época, Caras y Caretas publicó un documento de la Policía paraguaya, fechado el 4 de mayo del 2022, en el que se informaba al fiscal de Crimen Organizado de ese país que la “Dirección General del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) les había informado quién era Sebastián Marset” y que según el “Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior uruguayo, Marset tenía antecedentes judiciales y una requisitoria a nivel nacional”.
Nadie negó esa información, aunque durante la semana jerarcas de gobierno y policiales insistieron con que “Marset no tenía antecedentes ni requisitorias en Uruguay”. Pero “la mentira tiene patas cortas”, expresa un dicho popular. El propio Heber, siendo ministro, le dijo al abogado Santiago Moratorio que “Uruguay le tendría que hacer un monumento a la fiscal Mónica Ferrero, quien está amenazada de muerte incluso por el señor Marset”. El fiscal Diego Pérez tenía una causa contra Marset como presunto responsable del atentado con bombas contra la sede de la Brigada Antidrogas ubicada en el Prado, el 9 de mayo del 2020 a las 2 de la madrugada, y de las amenazas contra Ferrero.
Después de conocidas las declaraciones de Ache en Fiscalía, los dos ministros, Maciel y el asesor Lafluf fueron “renunciados”, y se abrió otra causa que también está a cargo del fiscal Alejandro Machado.
