Ambos llegaron a sus respectivas posiciones por la práctica del “amiguismo” y ninguno de los dos fue denunciado por la oposición.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Mal que bien la historia de este país revela que la práctica del amiguismo político ha sido frecuente en todos los gobiernos nacionales y ni hablar de los departamentales donde además se agrega el nepotismo.
Algunos gobernantes han ensayado la excusa de que necesitan personas de absoluta confianza para determinados cargos, y qué mejor que “un amigo”, o “un pariente”.
Pero dependiendo de qué lado del mostrador se esté, todos han criticado a sus ocasionales adversarios por llevar adelante esas prácticas corruptas.
Por ejemplo varias importantes figuras del actual gobierno, empezando por el presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, entre otros, cuando eran legisladores, hicieron campaña contra la administración frentista acusándola de practicar “amiguismo” en sus decisiones.
En octubre de 2017 el entonces senador Lacalle Pou criticó al gobierno frentista afirmando que en las relaciones internacionales primó “la ideología, el amiguismo y la conveniencia económica para personas cercana al gobierno”.
Durante la campaña electoral los actuales integrantes de la coalición multicolor se comprometieron a abandonar esa práctica. Vanas promesas electorales.
Sugerimos a nuestros lectores que revisen el documento llamado “Compromiso por el país”, firmado por Lacalle, Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Edgardo Novick, que sería el programa de gobierno común.
Entre otras vanas promesas el capítulo 2, titulado “Un Estado inteligente y transparente”, dice: “Fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea”.
Como sabemos hoy, a dos años y medio de asumir, la Jutep no solo carece de presupuesto y personal, además carece de dirección efectiva. Está casi desmantelada.
Pero volvamos al “amiguismo” porque así llegaron a sus respectivos cargos tanto Alejandro Astesiano como Germán Cardoso.
El guardián de la familia
Astesiano tiene una larga historia de vinculación con la familia Lacalle, según relató el mismo presidente.
Se habían conocido en 1999, durante la campaña electoral cuando Astesiano era chofer del entonces senador Sergio Abreu. En 2004 se integró a la custodia de su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Y en 2014 se sumó a su equipo de seguridad.
“Era un hombre de mi confianza”, dijo Lacalle Pou el pasado lunes 26 en una tempranera e improvisada conferencia de prensa. “No pondría a cualquiera a cuidar a mi familia, lo que más quiero”, agregó.
Esa relación catapultó al hoy preso Astesiano como jefe de la seguridad presidencial. Era como la sombra del presidente. Todos lo vieron correr agitado durante el recorrido del automóvil que llevó a Lacalle desde el Parlamento a la Torre Ejecutiva el 1º de marzo de 2020.
Sabía con quién se reunía, con quién estaba, cuando y a dónde iba, escuchaba conversaciones.
Resulta increíble que Lacalle no supiera que desde 2002 Astesiano acumulaba anotaciones policiales por hurto, estafa, apropiación indebida, que varias veces estuviera requerido e incluso fuera procesado dos veces, una con prisión. En el mismo período estuvo en la Policía y se fue o lo fueron.
Por qué razón desoyó todas las advertencias que se le hicieron y no puede negar y por qué lo mantuvo hasta el pasado domingo 25 es algo que solo el presidente sabe, pero debería explicarles a los uruguayos.
Su hombre de confianza le armó una asociación para delinquir en sus narices, funcionando nada menos que en la Torre Ejecutiva.
Desde allí logró vender pasaportes legales con datos falsos a un número aún no precisado de ciudadanos rusos por una cifra que va desde 10.000 a 50.000 dólares.
Usando sus conocimientos, vínculos y poder que le otorgaba el cargo logró acelerar trámites en cancillería, Interior e Identificación Civil, “con los 1 de cada lugar”, según se oye en un audio recuperado por la Policía y en poder de la fiscal Gabriela Fossati.
En estos años acumuló una pequeña fortuna que ocultó con testaferros ya identificados. Hasta este momento se le sabe propietario de una whiskería y centro nocturno, de cuatro casas de salud, de una empresa de seguridad y de varios apartamentos y locales ubicados en un complejo habitacional de Millán y Lecocq.
Desde Santo y Seña lo vincularon al mafioso Rocco Morabito y al narcotraficante Sebastián Marset en la consecución de documentos falsos, extremos que Caras y Caretas no ha logrado probar.
En la semana que fue del 18 al 25 de setiembre pasado, viajó a Costa Rica junto al presidente y sus hijos, que hacían uso de vacaciones.
Presumiblemente el sábado 24 la Policía, con orden judicial, allanó la casa del escribano Álvaro Fernández García, uno de los miembros de la banda.
Cómo se enteró Astesiano en Costa Rica es algo que se puede presumir aunque con certeza no sabemos, pero esa comunicación le permitió eliminar pruebas de su celular. Tampoco sabemos en qué momento se enteró el presidente que su jefe de seguridad sería detenido al llegar a Uruguay.
Cuesta creer que nadie del Ministerio del Interior lo supiera y no avisara.
El domingo a la noche fue detenido en la residencia presidencial del Prado. Se le evitó al presidente el bochorno de detener a su hombre de confianza apenas bajaran del avión en Carrasco.
El martes la fiscal Fossati, que lo investigaba desde hacía un año, logró que fuera imputado por asociación para delinquir, suposición de identidad y tráfico de influencias. Delitos muy graves partiendo de la base que se cometían en el mismo edificio de Presidencia.
Esta semana trascendió que la fiscal solicitó apoyo a Interpol para identificar a 170 ciudadanos rusos que habrían obtenido el pasaporte uruguayo con la intermediación de esta banda.
Desde el lunes 26 Lacalle Pou cambió varias veces su versión y en los últimos días ha intentado mostrarse como víctima.
Pero en realidad él es el único responsable de nombrar y mantener a Alejandro Astesiano en un cargo de singular importancia para todo el país, a pesar de todas las advertencias que recibió.
Una vez más primó el “amiguismo”.
Los uruguayos sabemos hoy que con contactos adecuados fue relativamente fácil obtener pasaportes falsificados, que las anotaciones policiales se pueden modificar, pero -como escribió la periodista Denisse Legrand en la diaria- “una de las sorpresas más grandes es que el gobierno, para sostener su discurso, está dispuesto a usar a la Policía, institución que fue motor de su campaña, como un fusible. Ir por el camino de la desacreditación institucional parece un “sálvese quien pueda” desesperado en un escenario de desprestigio nacional e internacional.
El ministro y sus secuaces
Germán Cardoso fue catapultado al principio de su vida política por el senador Wilson Sanabria cuando este era uno de los hombres más poderosos del Partido Colorado y, asunto no menor, era su yerno.
Cuando dejó de serlo también perdió todos los favores y entonces se recostó en Pedro Bordaberry. Y cuando este abandonó la vida política activa, pasó a ser un hombre de Ernesto Talvi.
Estas relaciones le sirvieron para ser elegido diputado, siempre con votos de otros.
A ministro llegó por su relación de amistad con Lacalle Pou -así reconocido por este-, gestada cuando compartieron tiempo en Diputados, pero no escapa que sus suegros son importantes dirigentes herreristas de Treinta y Tres, él senador, ella diputada, suplentes. Y que el actual intendente de ese departamento, Mario Silvera, es el padre del hijo de la actual esposa de Cardoso.
Su nombramiento como ministro de Turismo sorprendió en Maldonado, un departamento donde todos se conocen.
Ahora Cardoso está investigado por el fiscal Gilberto Rodríguez, quien además se dispone a acusar por estafa a Elbio Rodríguez, amigo personal del ministro y promotor de la empresa Kirma Service. También investiga por abuso de funciones a Daniel Reta, otro amigo y promotor de la empresa Satenil (Netcom).
El entonces ministro fue denunciado públicamente en el semanario Búsqueda por Martín Pérez Banchero, también integrante del Partido Colorado y director de Turismo, por graves irregularidades en la gestión.
Cardoso deberá responder ante Fiscalía por los desmanes cometidos en el ministerio a su cargo. Ya no podrá mentir como lo hizo hasta ahora.
Mintió al presidente antes de ser despedido, cuando dijo que “le había llevado todos los expedientes cuestionados por Pérez Banchero”. Pero no había entregado todo y eso le costó la destitución, disfrazada de renuncia.
En 2017 mintió cuando negó tener vínculos económicos con Francisco Sanabria, seguramente creyendo que la Justicia no sabía que era director de Firosol SA, una automotora propiedad de Sanabria.
En varias declaraciones Cardoso negó cualquier tipo de relación o contacto con alguna de las empresas beneficiadas con compras directas por el Ministerio de Turismo. Pero eso es falso. En diferentes oportunidades el ministerio contrató por cifras importantes una camioneta para el traslado de personas. El vehículo pertenece a José Garrido, un testaferro de Francisco Sanabria en una rentadora de autos. Algo que Cardoso no podía desconocer porque así figura en el expediente procesal del expropietario de cambio Nelson.
Le mintió a los medios de comunicación cuando quiso disfrazar como asuntos de interés públicos, que eran de absoluto interés personal, las llamadas realizadas al coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, comisario Fernando Pereira, actualmente preso por varios delitos. Este se jactaba ante sus pares “de haber sido colocado en tal jerarquía por su amigo Cardoso”.
Les mintió a sus pares en la Cámara de Diputados cuando negó haber llevado como “asesor” a su amigo Elbio Rodríguez. Pretendió que todos creyeran que “solo lo había invitado al acto de asunción como ministro”.
Pero es difícil de creer que “el invitado a una fiesta” terminara instalado en una oficina ministerial intentando hacer negocios para sí con la empresa Kirma, como lo reconoció en la Comisión Investigadora. O que accediera a información privilegiada que le permitió recuperar 314.000 dólares que los exconcesionarios del hotel Serena de Punta del Este, propiedad del Mintur, le debían a él y a su hermano, Diego Rodríguez. El negocio con Kirma no le salió, pero el del Serena fue redondito.
Su torpe defensa consistió en hacer la “gran Paolo Montero” -“me expulsan pero me llevo a uno”- y terminó acusando a su antecesora Liliam Kechichian por irregularidades que como ministro no había denunciado un año y medio después de asumir, algo obligado por ser funcionario público.
Pero Kechichian y Benjamín Liberoff fueron exonerados de toda responsabilidad por la Fiscalía. O sea, el único que deberá responder es Cardoso.
Además debería explicarles a los uruguayos como, en plena pandemia y mientras crecía la pobreza, él logró duplicar su patrimonio justo en el año en que estuvo al frente del ministerio como lo revela su declaración jurada entregada a la Jutep.
El empresario y exdiputado colorado Francisco Sanabria y el comisario Fernando Pereira, ambos amigos del exministro, terminaron procesados y presos.
Daniel Reta y Elbio Rodríguez, otros amigos del actual diputado colorado, van por el mismo camino.
Cardoso eligió a sus amigos y así le fue.
El presidente Lacalle Pou también.