Romero también subrayó la diversidad de manifestaciones de la violencia, que pueden ir desde expresiones “sutiles y cotidianas” hasta otras de mayor gravedad, y planteó la necesidad de evitar respuestas fragmentadas, promoviendo abordajes articulados.
Entre las medidas anunciadas, el INAU prevé implementar un programa de formación en violencia dirigido a sus funcionarios a partir del segundo semestre, así como un plan de alfabetización jurídica para trabajadores de organizaciones sociales, que posteriormente se extenderá al propio organismo. Además, se avanzará en la actualización del protocolo de atención vigente desde 2007, en conjunto con Unicef.
Otras líneas de acción incluyen el fortalecimiento de los mecanismos para abordar situaciones de violencia institucional, la reactivación de la Unidad de Derechos Humanos —inactiva desde 2022— y la readecuación de los perfiles de atención.
En materia de cobertura, se anunció la ampliación de 170 cupos en servicios de atención en el Área Metropolitana y en siete departamentos del interior, así como la puesta en marcha de cuatro equipos especializados en atención a víctimas de explotación sexual en Rivera, Artigas, Maldonado y Colonia.
Gabinete de Primera Infancia y Adolescencia
Por su parte, el ministro Civila sostuvo que la problemática debe incorporarse de forma permanente en la planificación estatal, en línea con la prioridad que el gobierno asigna a la infancia y adolescencia. En ese sentido, remarcó la necesidad de abordar la “violencia estructural” para generar transformaciones profundas y atender desigualdades, al considerar a niños y adolescentes como “el eslabón más débil”.
El jerarca también recordó la instalación del Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que ya concretó su segunda reunión, y señaló que se vienen desarrollando acciones en áreas como salud mental, protección social, alimentación y cuidados.
Acciones del MSP
A su turno, la ministra Lustemberg detalló medidas impulsadas desde su cartera, entre ellas la participación del Ministerio de Salud Pública (MSP) en los comités vinculados a la temática, el fortalecimiento de la respuesta dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud y la incorporación de una meta asistencial vinculada a la atención de situaciones de violencia sexual en niños y adolescentes.
Asimismo, indicó que se trabaja en la creación de equipos de reparación del daño y en la implementación de un nuevo protocolo que articule respuestas tanto en el ámbito público como privado. También mencionó la reconfiguración de los equipos especializados en violencia basada en género y generaciones, junto con la instalación de unidades de enlace para garantizar abordajes integrales.
