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Política Familiares | Gobierno |

Hacer, no aparentar

Familiares y Crysol: gobierno «marketinero» y «cómplice»

Reclaman al Ejecutivo que no ha cumplido la sentencia de la Corte IDH sobre Maidanik, y que se intenta reescribir la historia modificando programas educativos

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Caras y Caretas Diario

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El accionar del gobierno en materia de pasado reciente y búsqueda de desaparecidos durante este año deja un saldo negativo para Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y de la Asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay (Crysol), quienes aseguraron a Caras y Caretas que el Ejecutivo es “marketinero” y se comporta de forma “cómplice” con los militares.

“Es un tema realmente complejo, de compromisos, muchos que se hicieron, pero en sus cabezas, en su formación, en su sentido de la democracia no está muy contemplado. El hecho de haber mantenido la búsqueda es importante, pero eso se resuelve con plata y es lo más fácil. La otra parte es el sentido de la democracia, el significado de lo que es buscar realmente el tema de los desaparecidos. Las intenciones no han sido muy buenas, es un gobierno marketinero, que busca mucho aparentar y el transcurso de la vida va determinando en definitiva cuáles son sus intenciones”, dijo a esta revista el integrante de Familiares Javier Tassino.

“No se puede estar satisfecho si no cumple la sentencia de Diana Maidanik [...] La postura de Cabildo Abierto (CA) influye y mucho en el gobierno. Pero también hay representantes del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC) que tienen la misma postura a favor de los militares. Incluso algunos sectores del PN y del PC que se sienten como secciones de CA, algunas con mayor fervor y otras con menos. No hay que olvidar que la ley de caducidad fue aprobada por la mayoría del PC y cuando se anuló dicha ley fue votada por los senadores y diputados del FA”, dijo a esta revista el presidente de Crysol, Gastón Grisoni.

Hace un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado a “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” en los casos Maidanik, en los que deben estar presentes autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de las víctimas. En el acto el Estado debe expresar su compromiso a cumplir con la sentencia y “dar con el paradero de las víctimas desaparecidas e investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos”.

A su vez, estableció que el Estado “deberá acordar con las víctimas o sus representantes la modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento, así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización”.

El caso Maidanik refiere a la desaparición forzada de Luis Eduardo González González y de Óscar Tassino Asteazu, así como las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Laura Raggio Odizzio y Silvia Reyes, en el marco de la dictadura cívico militar en Uruguay.

El 19 de diciembre, la diaria informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará un informe sobre el nivel de cumplimiento de la sentencia; asimismo, indicó que el Ejecutivo dio una propuesta para realizar un acto público de reconocimiento. Sin embargo, fue rechazado por los familiares de las víctimas porque no se habían generado los espacios de diálogo adecuados y habían sido notificadas el 12 de diciembre para hacer el acto una semana después.

“Sin compromiso” y “complicidad”

Tassino consideró que el gobierno no acompañó la búsqueda de desaparecidos con “compromiso” e indicó que “no hay resultados porque no se quiere”.

“Es difícil estar bien con Dios y con el diablo y el gobierno, en su coalición, tiene abajo del ala a torturadores, corruptos, violadores, asesinos, a gente que ha hecho desaparecer, los tienen ahí adentro, aún más en Cabildo Abierto, pero están en los otros partidos como los tuvieron durante años amparando y no resuelven y trancan la búsqueda. Nos quedamos en lo que se encontró porque no se profundiza a fondo, hay complicidad con los militares”, agregó.

Grisoni afirmó que no han existido “nuevos avances” y que se sigue en la misma situación que la del año pasado.

“El gobierno ha expresado su voluntad de seguir aportando los medios materiales que permitan avanzar. En ese sentido, no hay reproches, pero ha enviado al Parlamento un proyecto que busca reparar a las víctimas de organizaciones ideológicas cuando su gran debe es que ha incumplido la sentencia Diana Maidanik, que obliga a continuar la búsqueda, a fortalecer la fiscalía que estudia estos casos y está pendiente el acto oficial de disculpas. El gobierno no ha cumplido con todo eso”, agregó.

El 13 de diciembre, el Senado aprobó, con los votos de la coalición de gobierno y sin los del Frente Amplio, una moción para que el Poder Ejecutivo efectivice una reparación a las víctimas de la guerrilla.

Según adelantaba días antes El Observador, se trata de una iniciativa de Cabildo Abierto que busca una reparación moral y económica para las personas que fueron víctimas de “actos cometidos de grupos de carácter ideológico” entre 1962 y 1976. Esa propuesta pretende que el Estado “asuma la responsabilidad” por esos hechos, repare e indemnice a las víctimas.

Inddhh

Durante este año se realizó la elección de cargos dentro la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). Tassino consideró que lo que sucedió fue “más o menos un golpe de Estado estilizado, mejorado, maquillado”.

“La democracia no es un trapo, es abarcativa, humana, es algo que se siente. Para hacerlo, se tiene que sentir. Cuando se gobierna, el presidente tiene que hacerlo para todo el mundo, no puede hacerlo para algunos sectores, no se puede vivir en la opulencia y otros sectores coman en ollas populares, las cuales han sido atacadas para no ayudarlas. Es como la monopolización de la organización, de la libertad. Yo hago todo, déjenme, y así hago para donde me interesa”, agregó.

En agosto, Familiares denunció que la Inddhh estaba "en riesgo" porque existía una "repartija de cargos" a nivel político.

El 15 de setiembre, la nueva directiva de la Inddhh inscribió en el registro de organizaciones al Centro de Estudios sobre los Derechos Humanos en Uruguay (Ceddhhu), organización que promueve una lectura negativa del terrorismo de Estado.

El referido centro está integrado, entre otros, por el exdiputado colorado Daniel García Pintos y la viuda del expresidente Jorge Pacheco Areco (1967-1972) Graciela Rompani.

El único que se opuso a esta propuesta fue el director de la Inddhh, Wilder Tyler.

Intentos por cambiar la historia

El 9 de noviembre se conoció que la Administración Nacional de Educación Pública hizo un cambio llamativo al programa de Historia Contemporánea y el de Educación para la Ciudadanía, al modificar los autores para abordar la dictadura cívico militar (1973-1985).

Se suprimió al historiador Carlos Demasi del programa de Historia y, en su lugar, se agregó el libro La agonía de una democracia, del expresidente Julio María Sanguinetti.

“Hay intentos también de cambiar la historia, se está haciendo con el tema de la enseñanza, se han sacado textos de sexto año, por ejemplo, se quiere escribir la historia. Que escriba todo el mundo, pero tienen que decir la verdad. Para que la historia se conozca, se tiene que decir la verdad, no se puede mentir eternamente en un gobierno, como lo están haciendo con las cosas que aparecen”, reflexionó Tassino.

“Una parte del Ejecutivo está tratando de imponer otro relato. La mayoría de la coalición trata de reescribir la historia del pasado reciente. Un ejemplo es la cárcel del pueblo, obviando decir que también fue un centro clandestino de detención y de tortura. Incluso CA ha hecho presiones indirectas al Poder Judicial. Por otra parte, Crysol presentó una nota al ministro de Defensa pidiendo que se revise la designación del capitán de navío Marcos Saralegui como agregado militar en Embajada en Alemania”, indicó Grisoni.

El 21 de diciembre, mediante carta dirigida al ministro de Defensa, Javier García, Crysol cuestionó la designación de Saralegui.

Saralegui integró el Tribunal de honor que se le realizó al capitán de fragata Juan Carlos Larcebeau, hoy fallecido, quien fue condenado en el 2021 por el asesinato y la desaparición de 38 personas en el marco del Plan Cóndor. Larcebeau también fue condenado por la Justicia uruguaya en 2009 junto a Gregorio Álvarez por 29 homicidios cometidos durante la dictadura.

El tribunal de honor de la Armada Nacional consideró en 2018 que el capitán de fragata era “un ejemplo” a seguir.

Perspectivas

Grisoni y Tassino coincidieron en que lo más positivo de este año es la lucha que hace el pueblo.

“Lo más positivo de todo esto es la historia que hacen los pueblos, que van trabajando, más allá de la pandemia, a pesar de los intentos de desmovilizar y de buscar que determinadas noticias no se difundan [...] yo no sé como se puede hacer la vista gorda cuando un 20 de mayo la gente salió a las calles tanto en Montevideo, en el interior como en el exterior del país. La democracia es para todos”, dijo Tassino.

Por su parte, Grisoni consideró que para 2023 hay que mantener la movilización y el trabajo conjunto con las organizaciones sociales “porque las aspiraciones del actual gobierno dañan y mucho al conjunto de la sociedad” y remarcó que están movilizados para evitar que se apruebe el proyecto de reforma jubilatoria.

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