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Política

Según el fiscal, los delitos prescribieron

Fiscalía confirmó espionaje militar y policial en democracia pero archivó la denuncia

"Es contundente la evidencia obtenida en cuanto a que, efectivamente, se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, hasta el 2005, por agencias de inteligencia del Estado", señaló el fiscal Enrique Rodríguez en su dictamen.

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La Fiscalía General de la Nación comunicó este jueves que Enrique Rodríguez, fiscal penal de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno de Montevideo, archivó la denuncia presentada por los diputados del Frente Amplio Gerardo Núñez y Carlos Rodríguez en 2018, sobre el espionaje militar efectuado luego del retorno de la democracia, desde el año 1985 en adelante.

Según expresaron desde Fiscalía, Rodríguez consideró en su investigación que “es contundente la evidencia obtenida en cuanto a que, efectivamente, se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, hasta el 2005, por agencias de inteligencia del Estado”.

Sin embargo, el fiscal entendió que “los delitos denunciados prescribieron”, razón por la cual archivó la denuncia.

En la investigación, Rodríguez identificó que entre las agencias del Estado que realizaron tareas de espionaje estuvieron la “Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la Dirección General de Información de Defensa y la posteriormente denominada Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, todos ellos, organismos dependientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional respectivamente”.

El fiscal agregó que “queda claro también, que el objetivo del denominado espionaje fueron los partidos políticos, líderes y partidarios de los mismos, de distintos sectores” y “a su vez, lo fueron movimientos populares, los sindicatos, las organizaciones sociales, y en algún caso, integrantes de otros Poderes del Estado, y un Ente Autónomo”.

Rodríguez detalló en su dictamen que la “tarea ilegal se desarrolló mediante seguimientos, infiltraciones en sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, y otros organismos” y “escuchas mediante captación de comunicaciones telefónicas; ingreso ilegal a domicilios, locales u otros inmuebles y fluido intercambio de información proporcionada por otras personas a las que se les pagaba por ese “trabajo””.

Entre las figuras delictivas que pueden configurar las acciones descriptas, el fiscal identificó abuso de funciones, omisión de denunciar delitos, pesquisa, violación de domicilio, interceptación telefónica, revelación de secreto telefónico, conocimiento de documentos secretos, públicos o privados y revelación de secretos.

En el comunicado de Fiscalía se expone que Rodríguez consideró que los delitos cometidos tienen una pena máxima inferior a diez años, por lo que el plazo para su prescripción es de diez y “por ende está extinguida la posibilidad de ejercer la acción penal, la cual venció en 2015”.

“Computando el tiempo transcurrido desde la fecha en que ocurrió el accionar delictivo, hasta que tomó conocimiento la justicia de los referidos hechos para que se diera inicio a la investigación, (las actuaciones fueron remitidas por la Cámara de Representantes a la Fiscalía el 07/11/2018 e ingresadas el día 08/11/2018), transcurrieron 13 años”, aclara el fiscal.

Viejas estructuras de la Dictadura y "debilidad en los controles institucionales y democráticos"

Entre las importantes conclusiones a las que llegó Rodríguez en su investigación sobre el espionaje, aparece que "todo parece indicar que luego del retorno a la Democracia, se mantuvieron las viejas estructuras de Inteligencia del Estado (de la Dictadura), por parte de las Agencias que tenían asignada dicha función".

Además, el fiscal concluyó que "existió debilidad en los controles institucionales y democráticos por parte de los Ministerios y del Estado en su conjunto, desde que, según surge de los testimonios aportados por jerarcas de la época, éstos no tenían prácticamente acceso a la forma de trabajo, objetivos y resultados que perseguían dichas Agencias, o si tenían algún conocimiento de ello, éste era parcial o limitado".

Sin embargo, Rodríguez manifiesta que ni Fiscalía, ni la Comisión investigadora parlamentaria que trató el tema, fueron capaces de determinar "hasta dónde las altas jerarquías del Estado tenían conocimiento fehaciente de esta manera de actuar".

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