El gobierno de Luis Lacalle Pou dejó deudas por U$S 360 millones en organismos como ASSE, MTOP, entre otros, según se desprende del documento que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, entregó este miércoles en la Comisión de Hacienda del Parlamento. Sostuvo que el déficit fiscal sería mayor, si no se hubiesen postergado egresos y adelanto de ingresos.
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El gobierno de Lacalle Pou se fue dejando deudas millonarias.
Foto: Gastón Britos / FocoUyCaras y Caretas Diario
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Durante su comparecencia Oddone presentó las prioridades del gobierno para este periodo, al tiempo que destacó la situación financiera heredada del gobierno anterior. En este sentido afirmó que el déficit fiscal sería mayor, si no se hubiesen postergado egresos y adelanto de ingresos por parte de las autoridades anteriores.
Indicó que se postergaron US$ 160 millones de gastos en el MTOP, otros US$ 100 millones en ASSE y US$ 100 millones más en otros organismos. Esa suma da una afectación del 0,4% del PIB a la que deben sumarse US$ 74 millones de adelanto de impuestos (US$ 30 millones de Imesi en Ancap, US$ 14 millones de impuesto al patrimonio en UTE y US$ 30 millones de IRAE en UTE).
Oddone también informó que los gastos adicionales comprometidos para 2025 ascienden a US$ 970 millones.
Déficit y prioridades
Resumió las prioridades en el aumento de la inversión, ara lo cual propone dos “pilares”: fortalecer la estabilidad macroeconómica y aumentar la competitividad.
La inversión pública también está contemplada y en este sentido las prioridades son el agua y el saneamiento por un lado, y la movilidad urbana en el área metropolitana, por otro.
Hizo hincapié en la necesidad de fortalecer lo que denomina como "matriz de protección social”. Para lograr ese objetivo se propone: centrar el sistema de transferencias monetarias en infancia y adolescencia, aumentar el tiempo pedagógico en la escuela y en los CAIF, estimular la permanencia y el egreso en Secundaria, mejorar el acceso a la vivienda de la población de menores ingresos, oportunidades de empleo para mujeres, jóvenes y población vulnerable, e implementar y coordinar el diálogo para la reforma del sistema previsional.
Por último planteó como prioridad la asignación de recursos “para mejorar la convivencia y la seguridad pública”. Y en este sentido marcó seis puntos principales: combate al crimen organizado y a la corrupción, prevención del lavado de activos, fortalecimiento del cuidado de las fronteras, mejora de la seguridad en los barrios, humanización de la política carcelaria, y calidad de vida del personal policial.
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