Juzgados militares y juzgados penales del entonces Ministerio de Justicia hasta 1985 venían cubriendo de impunidad las distintas denuncias de violación a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del Estado o grupos paramilitares. No obstante, la movilización de Madres y Familiares encontró eco en varios sectores de la población, desde organizaciones sociales y de izquierda hasta sectores religiosos, y resultó fundamental el rol asumido por periodistas de medios independientes que difundieron las investigaciones sobre el asesinato de Roslik, los detenidos desaparecidos y los vuelos de la muerte.
La impunidad, consagrada con valor de ley, encontró fuerte resistencia que finalmente fue derrotada electoralmente en el plebiscito de abril de 1989, no solo por el triunfo del miedo heredado y auspiciado desde el Gobierno constitucional de Sanguinetti, sino por una cultura de impunidad gestada durante los años del terrorismo de Estado.
Cultura de un país tutelado
La etapa del retorno del estado de derecho de Uruguay en 1985 es la historia de una sociedad con un gobierno civil bajo el tutelaje militar de las Fuerzas Armadas, que luego pasaría a transformarse en la constante autonomía militar con respeto a la sociedad civil, donde la obediencia al poder político es un formalismo de escasa significación práctica.
A pesar de que durante toda la campaña contra la ley de impunidad, desde diciembre de 1986 a abril de 1989, los principales dirigentes del gobierno y del Partido Nacional amenazaban con que, en caso de triunfar la derogación de la ley, los militares volverían a dar un golpe de Estado, e incluso hubieron algunos movimientos de tropa en la noche del 15 de abril, vísperas de la elección, los documentos de Santa Fe de los 80, suscritos ideológicamente por oficiales uruguayos, ya habían descartado el método de los cuartelazos.
El poder militar, consolidado para operar al margen del estado de derecho, ya no necesitaba asaltar y ocupar los sillones oficiales; gobernaba desde las sombras.
Si se desmenuza el triunfo electoral de la impunidad, en él está representada una parte de la sociedad atemorizada por la furibunda campaña oficial, por la prudencia declamada por opositores y excarcelados como Ferreira Aldunate, pero también por civiles que, a pesar de las denuncias dentro y fuera de fronteras, sostenían que era una falsa campaña decir que en Uruguay había desaparecidos. Los mismos (que hoy denominamos negacionistas) que hablaban y hablan de gobierno de facto producto de la necesidad de combatir la subversión, reconociendo algún exceso, de la obediencia debida, o muertes y desapariciones consecuencia de algún indisciplinado, como si toda la maquinaria del terrorismo estatal no fuera parte de un plan intercontinental preconcebido.
Esa población tampoco surgió por generación espontánea; nacida a la sombra del Uruguay de fines del segundo batllismo de mediados del siglo XX y cobijada por los sectores del ruralismo de Nardone y el pachequismo, es la generación de la Guerra Fría y la Revolución cubana, en la defensa de un nacionalismo chauvinista y una concepción pro Estados Unidos.
La hegemonía y la superestructura dominante a pesar de la crisis financiera funcionaba, y no son pocos los que afirman que, a pesar de la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad, el no reconocimiento de derechos laborales y el creciente autoritarismo con muertos por las fuerzas de seguridad del Estado en las manifestaciones, Uruguay era una democracia hasta junio de 1973. La narrativa de los dos demonios, el combate de unos idealistas mesiánicos contra unos militares mal arreados y con vocación de poder, es utilizada para colocarse en el medio como paladines de la democracia y expiarse de responsabilidades.
Una cultura que fue enredándose institucionalmente y que, a pesar de la creación de fiscalías especializadas, instituciones de derechos humanos y secretarías, a la hora de los hornos, cuando legislativamente la ley de impunidad pudo ser derogada en un gobierno de izquierda, bastó el voto de un legislador del oficialismo para que la lógica política arrebatara la posibilidad de la verdad una vez más.
La épica de la impunidad
No hay plan de formación en derechos humanos en filas militares que contrarreste un relato transmitido en guardias de cuarteles y casino de oficiales, de generación a generación, de la épica militar. He conversado con muchos oficiales jubilados integrantes de la segunda o tercera generación de los golpistas, entre ellos Manini Ríos, Álex Lebel, Eduardo Ferro, y todos “condenan” lo que consideran excesos, pero trasladan a los políticos haberles ordenado entrar en combate y reivindican su rol de defensores de la soberanía de la Patria. Manini ha llegado a comparar la desaparición forzada del Uruguay de los 70 con los desaparecidos durante la Guerra Grande de 1836 en Uruguay.
Lo militar implica el sentimiento de camaradería y de lealtad, y en su defensa, el resguardo de la información, oral o escrita, es vital; súmese el lugar preponderante de la inteligencia y la contrainteligencia. ¿Hay posibilidad dentro de filas castrenses, de la cadena de mando, de una visión cuestionadora de una conducta militar que no salvaguarde los derechos humanos? ¿Qué tanto control ejerce el poder civil sobre la interna militar en Uruguay?
La Ley de Defensa Militar del primer gobierno de Tabaré Vázquez pretendió subordinar el poder militar al poder civil; para ello era necesario que la sociedad entendiera que los asuntos de la defensa de un país no eran solo cuestión de los militares, y se legisló en ese sentido. Pero la autonomía militar es una institución lo bastante fuerte que se mueve en las sombras, y esto recién lo entendió Tabaré y buena parte de la izquierda en su tercer gobierno, cuando debió destituir al general Manini.
Cuadrarse ante el poder civil, mirando la historia reciente, es un formalismo casi inoperante; quienes se cuadraron a las instituciones se pasaron al poder civil o fueron expulsados del poder militar: generales Líber Seregni, Licandro, Zufriategui, etc.
¿Abolir las Fuerzas Armadas? Para nada, pero depurarlas hasta el tuétano.
30 años de marcha
Las Marchas del Silencio son la expresión más contundente de la sociedad civil por la verdad y la justicia, el respaldo a fiscales y jueces que llevan adelante investigaciones contra los terroristas de Estado, pero el paso del tiempo amenaza con que se naturalice que unos reclamen y otros callen.
Uruguay no avizora hoy un riesgo de confrontación militar inminente; el poder civil puede dedicarse, sin que se generen crisis institucionales reales, a exigir la entrega de archivos clasificados y datos que permitan hallar o saber el paradero de los detenidos desaparecidos. Cuenta con el respaldo de la sociedad que marcha los 20 de mayo y reclama todo el año, y si algún escozor se provocara, debería poder contar con la respuesta legalista y constitucional de los nuevos oficiales.
De no ser así, la cultura de la impunidad es la que se ha institucionalizado.
