En la conferencia de prensa de renuncia como ministro, el ahora senador Heber preguntó a la prensa presente si no les llamaba la atención que él nunca había recibido ni un mensaje ni llamada de Astesiano; explicó que era porque Astesiano sabía qué tipo de persona era el ministro y por eso lo evitó. Ceñidos a su razonamiento nos surge la duda de por qué un ministro que dio combate frontal al narcotráfico, nunca fue objeto de amenazas o ataques por parte de Marset.
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Una persona baja de un auto y corre agazapada a gran velocidad en la noche por el Prado de Montevideo y con toda decisión arroja una granada de mano contra el edificio de la Brigada de Narcóticos.
Aunque los daños no fueron considerables, en Uruguay no se registraban ataques tan frontales contra las fuerzas policiales y resultaba una preocupante novedad que dicha agresión fuera una señal inequívoca, atribuida más tarde al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Por ese tiempo, la fiscal Mónica Ferrero también recibía amenazas por parte del supuesto líder del Primer Cartel Uruguayo, Sebastián Marset.
Luego de su fuga de las autoridades en Bolivia, Marset (aunque él lo negó) envió un mensaje amenazador a periodistas uruguayos (también a periodistas bolivianos). A través de un número con prefijo de las Islas Malvinas, el narco uruguayo escribió: "Si siguen haciendo artículos periodísticos de mí, habrá consecuencias. Soy Marset", y acompañó el texto con una foto de más de 20 cargadores de pistola Glock en una caja.
El viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Jonny Aguilera, luego de un encuentro con el exministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, anunció que ambos países trabajarán bajo tres aspectos como el "combate militar de persecución efectiva" frente a los "grupos de poder que protegen" a Marset. Asimismo, detalló que también trabajarán sobre el lavado de activos de Marset, a quién hasta el momento la policía de Bolivia ha logrado incautar un total de 43 inmuebles valorados en 9 millones de euros, así como la detención de unas 21 personas. Otra de las "líneas de acción", según Aguilera, será el fortalecimiento de los aspectos legales que, a su juicio, "han permitido" al uruguayo "evadir los procesos penales" y "encontrarse inerte". El representante del Gobierno boliviano señaló que junto al Ministerio del Interior uruguayo desarrollarán el "intercambio de operaciones" y generar "escritorios comunes" que permitan que "la inteligencia fluya en tiempo real".
En éste escenario de beligerancia, ni el ex subsecretario Guillermo Maciel ni el exministro del Interior Luis Alberto Heber fueron amenazados (nadie desea que pasara o pase lo contrario), pero si se pone en contexto con la entrega del pasaporte, genera algunas suspicacias.
No parece que preservar la institucionalidad uruguaya sea un tema de preocupación para Marset, salvo que una parte de ella sea funcional a sus intereses económicos y, con todo el respeto que merece el trabajo policial, Heber no parece tener asegurada una intocabilidad.
En el plano de las hipótesis, Marset puede haber hecho dos cálculos más cercanos al sentido común que a Maquiavelo:
1) Amenazar a Heber como hizo el “Coco” Parentini es tensar todas las fuerzas policiales y quizás hasta militares tras sus pasos.
2) Amenazar a Heber podría exponer y debilitar toda una red, toda una estructura que, como quedó demostrado en la entrega del pasaporte, hay que mantener funcionando.
La red y 10 millones de dólares
Oficiales de inteligencia de la Policía Federal de Brasil con los que tuvieron contactos periodistas regionales que colaboran con Caras y Caretas no salen de su asombro por la "ingenuidad" con la que las autoridades uruguayas enfrentan a Marset.
Hay una visión popular del narcotráfico que se imagina un escenario donde abundan disparos, persecuciones, ejecuciones y atentados, pero la red criminal que se mueve en ese mundo es posible gracias a un desarrollo que insume mucho tiempo y finanzas en vínculos, mantener contactos y hacer trabajos de contrainteligencia.
En el caso uruguayo, ese universo criminal está más identificado con el combate al microtráfico.
Los policías brasileños insisten con que el pasaporte le costó a Marset "mínimamente" USD 10 millones. El cálculo que hacen ellos es en base a los parámetros de las "propinas" que suele aplicar el Primer Comando Capital en el sistema judicial brasileño para sobornar a magistrados, fiscales y jefes policiales en procesos que afectan a grandes narcotraficantes y empresarios dedicados al lavado de activos. La hipótesis brasileña por el momento llena de suspicacias ante los hechos, además de la rapidez con que se expidió el pasaporte para Marset, el enorme esfuerzo que hicieron las autoridades uruguayas para garantizar una solidez legal en ese trámite (concretamente la manera en que se formalizó la proscripción del antecedente penal 2013-2018). Bajo esa hipótesis sin hacer un traslado mecánico de la realidad brasileña a nuestro país, para haber obtenido el pasaporte exprés, por lo menos unas 20 personas podrían estar involucradas en las áreas de seguridad y consular, y en el mundo del narco, USD 10 millones es una estimación conservadora.
Pero la Policía brasileña está convencida que hay por lo menos un número de “funcionarios” que ante todos los hechos están “agazapados” esperando que pase la tormenta, no resultar individualizados, y seguir operando.
La hipótesis cobra fuerza a raíz de la red tejida por el exjefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano; nada se organiza ni funciona sin contactos, sin la existencia al menos de una red de vínculos con influencias o acceso a lugares vitales del Estado, en este caso para actividades delictivas como el narcotráfico.
El empresario Marset
La periodista Fabiola Chambi advierte que “en las décadas de los 80 y 90, los amos del narcotráfico eran hombres poderosos, excéntricos y violentos, que vivían rodeados de hombres armados. Estos son los capos narco que las series de TV han popularizado. Sin embargo, como suele suceder, la realidad está lejos de la ficción. Porque hoy el perfil del narcotraficante latinoamericano ha cambiado completamente respecto a personajes míticos como Pablo Escobar o El Chapo Guzmán. Los traficantes de drogas actuales también son millonarios, pero viven bajo la fachada de empresario exitoso, evitan la ostentación y la violencia extrema que caracterizaron a las generaciones anteriores. El prototipo del ‘narco millenial’ es Sebastián Marset, un huidizo uruguayo que se mueve en Sudamérica con la omnipotencia de quien se sabe impune gracias a su cercanía con el poder político en varios países. Su último paradero conocido fue en Bolivia, de donde escapó antes de que lo fueran a detener. Antes, había pasado por Paraguay y por su país natal, dejando sus huellas en una serie de negocios, entre ellos el fútbol y el mundo del espectáculo. Y también en la política, como demostró la renuncia ayer del canciller de Uruguay”.
Advertencias
En diciembre del año pasado escribíamos un artículo titulado “El Seba Marset y sus megas eventos bailables y gastronómicos”, donde señalábamos la presencia de Marset (que se presentaba como el empresario paraguayo Gabriel De Souza) en círculos sociales de Uruguay como empresario del entretenimiento y, según algunos testigos, financió varios megaproyectos gastronómicos y de fiestas bailables.
Como todo negocio, muchos de ellos pasaron de florecer y encandilar a los periodistas del mundo del espectáculo a la ruina financiera, pero quienes integraron esos proyectos estaban y siguen vinculados a diversas instituciones públicas y privadas, tanto en Maldonado como en Montevideo.
Tal vez sería bueno repasar (sin adjudicar responsabilidades), el ambiente en el que se movía el narco uruguayo.
“Cristino Management”, del renombrado Fernando Cristino, era una agencia reconocida en la noche de Punta del Este, Argentina y Paraguay. Desfiles de modas luciendo ropas de marcas prestigiosas en megashows a beneficio de distintas instituciones del departamento de Maldonado y el resto del territorio nacional. Una de las instituciones para las que se realizaron eventos benéficos es la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, dedicada a colaborar en la atención de niños y niñas nacidas prematuramente, cuya presidencia por muchos años ejerció la actual vicepresidenta, Beatriz Argimón. En 2018 Cristino organizó el megaevento “Pantene Punta del Este Fashion Show”, donde la Intendencia de Maldonado, a través de su director general de Turismo Luis Borsari, asume el costo de parte de la fiesta, lo que motiva, por un lado, la denuncia de Cristino contra algunos de sus coorganizadores por quedarse con parte del dinero, y el compromiso de la vicepresidenta Beatriz Argimón de solicitar a Borsari que pague a Cristino un dinero adeudado, de unos cinco mil dólares. Cristino tuvo problemas con uno de los coorganizadores, “Quique” Quinteros, empresario del mundo artístico, mánager de Marama y Agustín Casanova, y que se habría llevado en dinero “la parte del León”, unos 85 mil dólares de los cuáles les resta cobrar 30 mil. Otro de los coorganizadores es Ignacio “Nacho” Salvo, dueño en Montevideo del distinguido restaurante La Vanguardia en el barrio de Pocitos, y propietario de dos restaurantes más: Leyenda y Mágnum, que ahora abrió nuevos locales en Montevideo, y Arenas Mágnum en Punta del Este; era socio en Punta del Este de dos boliches de fiesta electrónica: La Terraza y Otro Mundo, con Nicolás Chirico, procesado por formar parte de una red de explotación sexual de menores, descubierta tras la “Operación Océano”. En febrero del 2018, el empresario Chirico cobró notoriedad pública cuando una joven de 22 años falleció por sobredosis de cristales en una de sus fiestas “tecno”.
Confiábamos y lo escribíamos en que “seguramente el actual editor responsable de la Revista Caras Uruguay, el hijo de la vicepresidenta uruguaya, Santiago Acuña, pueda encontrar en las fotos de archivo la presencia del jefe del Primer Cártel Uruguayo”.
Ante lo planteado en el artículo, también informábamos la respuesta de las autoridades: “Altas fuentes del Ministerio del Interior dijeron para éste artículo, que el seguimiento de las rutas de dinero, del origen de las fuentes originales o inyecciones de capital es muy difícil de seguir con la actual legislación. Dichas empresas además cuentan con el asesoramiento jurídico de algunos de los más importantes bufetes de abogados, escribanos y contadores. Este asesoramiento es una muralla muchas veces infranqueable para las investigaciones de las fiscalías de estupefacientes o delitos complejos. Prolijos balances realizados por prestigiosas firmas de contadores, títulos certificados por algunos respetables escribanos y el asesoramiento 24 horas de firmas letradas, están en la dinámica de funcionamiento de estas empresas. En los locales bailables la policía y algunos otros organismos como el INAU o las inspecciones municipales operan en el control de la presencia de menores, tráfico de estupefacientes, habilitaciones, o algo que se pueda tipificar como delito o falta, pero si alguien está haciendo una transacción económica con dinero del lavado, no hay herramientas jurídicas”.
Más acá en el tiempo, la Fiscalía de Estupefacientes, liderada por la fiscal Mónica Ferrero, investiga la incautación de 265 kilos de cocaína en Cerro Norte y la vinculación con Marset, ya que en su envoltorio figuraba la frase “King of the south” (Rey del sur), como se hace denominar el grupo de Marset.
La organización desbaratada estaba integrada por ciudadanos uruguayos y colombianos, y se encargaba principalmente de pasar la cocaína por la frontera, ingresarla a Uruguay, acopiarla y prepararla para enviar a Europa. Se estima que en ese continente esa cantidad tiene un valor de más de USD 10 millones. Los detenidos fueron cuatro colombianos y siete uruguayos, que están a disposición judicial. Entre ellos se encuentra un empresario uruguayo vinculado al transporte de camiones, con un “gran poder adquisitivo”, que reside en La Tahona. En 2012 este sujeto ya había sido detenido y condenado por la incautación de 323 kilos de cocaína.
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