Pero ese proceso estuvo signado por la implacable actuación del fiscal Diego Pérez, que procesó por “usurpación” y otros delitos a algo más de 40 familias.
A muchas de ellas, para que el procesamiento no fuera con prisión, se les impuso el desalojo del terreno ocupado; muchos aún siguen con la causa abierta.
Mientras los procesamientos y citaciones se sucedían, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda (en aquel momento con la ministra Irene Moreira al frente), ofrecían como solución -en la comisión de viviendas de Diputados- la primera, conseguir terrenos, y, la segunda, un banco de materiales de construcción.
Mientras un grupo de familias de jefas de hogar, mediante Fucvam, conseguían un terreno municipal, el banco de materiales ofrecido por el Ministerio nunca se hizo realidad, y el fiscal Diego Pérez continuó adelante con los juicios.
La movilización de los vecinos que, además del embate fiscal, sufrieron el impacto del Covid-19 y la falta de agua, había logrado una serie de prórrogas de lanzamientos por unos meses. Al término de las mismas, el resultado fue un nuevo procesamiento o el abandono de los terrenos.
En una de esas movilizaciones fue que el presidente Lacalle Pou anunció el Plan Avanzar para asentamientos, pero ni el Nuevo Comienzo ni el San Miguel están dentro de los beneficiados.
El sábado 16 de setiembre de este año, una familia del barrio San Miguel tuvo una vuelta de tuerca en su causa judicial. El fiscal Diego Pérez había procesado al jefe de hogar por usurpación y le estableció un plazo para abandonar el terreno. El abandono del terreno implicaba desmantelar la construcción de madera (una cabaña), por lo que la familia, para recuperar la inversión y contar con dinero para afrontar un nuevo destino, puso a la venta los materiales.
El sutil código del fiscal Diego Pérez encontró en la venta de esos materiales un nuevo delito.
Un piso digno
Mientras estas familias ingresan en un círculo vicioso con la aplicación de la ley, exjerarcas del gobierno (a un año de las elecciones internas), recorren los asentamientos ofreciendo ayuda.
El exdirector de Seguridad y Convivencia, Santiago González, ya se encuentra en campaña, recorriendo el oeste de Montevideo y también estos asentamientos, captando adherentes para una agrupación montevideana que apoya la candidatura de Álvaro Delgado.
Utilizando los recursos humanos que quedaron en el Ministerio del Interior al que renunció por el uso del Hospital Policial, informaba en una reunión con vecinos que ya estaban las cámaras de videovigilancia en el Ministerio y que en pocos meses se procedería a su instalación.
Desconocemos si la presencia de Santiago González en el asentamiento San Miguel fue a ofrecer “seguridad”, pero, si así lo hiciera, su sola presencia como hombre del partido de Gobierno debería llamar a reflexión al fiscal Diego Pérez sobre su política punitiva.
Hasta el momento, se instalaron 10 en Los Bulevares, 3 en Pajas Blancas y 6 en Las Torres.
Pero González no es el único que se encuentra de recorrida y, para el caso que nos ocupa, dando soluciones concretas a los ocupantes de los asentamientos Nuevo Comienzo y San Miguel.
Dos exintegrantes del Ministerio de Desarrollo Social, el exministro Pablo Bartol y Santiago Caramés (actual director del SINAE), a través de la Fundación Piso Digno, se encuentran recorriendo estos asentamientos colocando pisos de madera en varias viviendas.
Si se ingresa a la página de la Fundación (https://www.pisodigno.org/) lo primero que se puede apreciar son los sitios en un mapa de Montevideo donde esta viene realizando obras; entre los barrios señalados figuran el Nuevo Comienzo y San Miguel.
Un primer interrogante que surge es en torno al criterio utilizado para que algunos vecinos sean ante la ley destinatarios de seguir ocupando y otros no.
Sin lugar a dudas, una política de asistencialismo que dignifique las condiciones de vivienda de todas las familias (aun a riesgo de ser una práctica clientelista con fines políticos partidarios), es preferible a la zozobra de un procesamiento con pérdida de lo poco invertido en materiales y un nuevo desalojo.
La Fundación está integrada por María Supervielle (presidenta), Santiago Oitaben (director), Javier Fischer (vicepresidente), Santiago Caramés (director) y Pablo Bartol, también como director, en el Consejo de Administración.
El coordinador general es Pablo Labat y el coordinador social, Santiago Díaz.
Al día de la fecha, a más de 40 viviendas entre el Nuevo Comienzo y el San Miguel se le han colocado los pisos de madera, generando además puestos de trabajo en la colocación de los pisos entre los vecinos de los asentamientos.
Según la Fundación “son más de 656 los asentamientos que existen en Uruguay, en ellos viven cerca 200.000 personas y, según un informe del Ministerio de Desarrollo Social de nuestro país, son más de 7.000 las personas que viven en hogares con pisos de tierra”.
Los datos de la Fundación vienen a confirmar lo que otras organizaciones sociales e institucionales habían revelado; fue incluso eje de la campaña electoral del presidente Lacalle Pou con su mediático concepto de “asentamiento 0”.
Por eso resulta inexplicable la saña punitivista del fiscal Diego Pérez y los jueces que llevaron adelante las formalizaciones solicitadas.
De madera
A pesar de la promoción de la construcción de viviendas en madera que la exministra Irene Moreira intentó impulsar durante su gestión, los pisos de madera que coloca la Fundación no tienen tanto que ver con las bondades del material.
Pedro Labat, coordinador general de la Fundación, explicó a Caras y Caretas que ellos dan respuesta a las viviendas que tienen piso de tierra y no hacen un relevamiento sobre la situación judicial de los habitantes.
La apuesta a la madera es, por un lado, construir en un tiempo rápido (un piso se coloca en una jornada) y, en caso de que la familia sea desalojada o decida mudarse, se puede llevar el piso.
“El piso es como un mueble más de la casa”, explica Labat, quien también afirma que aspiran a poder coordinar su trabajo con el MIDES o las intendencias, “pero la Fundación instala los pisos a partir del relevamiento e información que nos brindan las organizaciones de la zona como los merenderos o referentes barriales. A veces algún político que recorre los asentamientos nos hace llegar la solicitud”.
Al igual que Techo, que construía casillas con materiales livianos, la solución de fondo para acceder a una vivienda sigue brillando por su ausencia y hasta el momento solo ha encontrado, como respuesta definitiva, el Código Penal.
