Marset en la TV: ¿nace una estrella?

Aquel pasaporte le salvó a Marset de una deportación a Paraguay que habría sido inminente en diciembre de ese año. Tras salir libre de Dubai, pudo consumar unos negocios de fútbol pendientes en Grecia, Turquía y Sudáfrica, y luego voló a Bolivia donde, con una visa de residencia que le entregó el actual gobierno del presidente Luis Arce, se puso a buen recaudo de la orden de captura internacional librada por la Interpol en marzo de 2022.

Un anticipo con fragmentos aislados de la entrevista, fue difundido por el canal ávido de rating. Marset busca la liberación de su familia, fundamentalmente su esposa y sus tres niños, y dice estar dispuesto a entregarse. No está de acuerdo con la legalización de ningún tipo de droga: "el que vende no consume", es su lema. Y asegura que no gastó “ni un dólar” por el pasaporte.

No cabe duda que después de la entrevista, Marset emergerá a la luz desde su forzado escondite como un carismático Robin Hood de la era digital; la contundencia lógica de sus argumentos y su auto-reconocimiento como un futbolista-narcotraficante obligado por las circunstancias y por el sistema político en decadencia, causan fascinación especialmente entre nuevas generaciones que aprenden de la vida mediante el TikTok y los aplicativos del celular.

Después de lanzar sus dos video-mensajes en agosto pasado, aquí en Bolivia, Marset había logrado captar varios grupos de fans en las redes sociales. Ser narcotraficante se ha convertido en una actividad que está en los planes de vida entre amplios sectores de la juventud boliviana.

El año pasado, la activista María Galindo entrevistó a una niña de 12 años en la ciudad aymara de El Alto, preguntándole qué le gustaría ser cuando sea mayor, y la niña respondió ante las cámaras, cándida: “Me gustaría ser narcotraficante”. En la zona del Chapare, adolescentes que se enriquecen de la noche a la mañana cobrando miles de dólares por empaquetar ladrillos de cocaína o transportando la droga como “mulas”, exhiben con absoluto desparpajo —mediante sus cuentas de Facebook y YouTube— joyas, fajos de dólares, autos, motos y yates flamantes, con miles de “likes” entre sus seguidores, y todos ellos han dejado de estudiar.

Otros, guiados por sus padres de la dirigencia sindical cocalera, eligen estudiar Ingeniería Química en universidades privadas de Cochabamba o pilotaje en escuelas de aviación que proliferan alrededor del Aeropuerto Internacional de Chimoré, de donde Evo Morales y García Linera partieron a bordo de un Boeing a México cuando fueron derrocados en noviembre de 2019.

La entrevista lanzó al héroe de la narco-fantasía popular. No esperemos un estricto rigor periodístico en este descomunal operativo mediático. Sería como creer que la entrevista que Sean Peen le hizo al Chapo Guzmán tenía algún interés periodístico; pero era nada más para vender una historia.

Marset y la narco-utopía posible del PCC

Mas, desde la perspectiva del propio Marset, la entrevista es una oportunidad para reclamar su derecho a ser un capitalista del narcotráfico con los mismos derechos de aquellos gobernantes que se enriquecen a su costa extorsionándolo permanentemente. Considera que los sobornos que paga a los políticos corruptos es un impuesto al Estado que le da derechos, y tal vez quizá también obligaciones. En ese marco, la posibilidad de su propia entrega es políticamente factible.

El 26 de octubre, cuando su cuñado Sebastián Alberti Rossi se entregó voluntariamente ante la Fiscalía de Uruguay, el periodista Lucas Silva, de La Diaria, advirtió que los abogados de Marset habían iniciado negociaciones con la misma Fiscalía para liberar a los demás miembros de su familia. “Desde el entorno de Marset no descartan que haya ‘más entregas’ en los próximos días”, anunció Silva. El periodista dijo también que los obstáculos que Paraguay pudiera oponer a esta salida política del embrollo judicial, son subsanables en la medida en que el nuevo gobierno paraguayo es afín al expresidente Horacio Cartes, vinculado empresarialmente con el grupo de Marset en Asunción.

Un tío de Cartes vendedor de marihuana paraguaya en Uruguay, cayó preso junto a Marset en 2013. Además, una hermana de Horacio Cartes está casada con Martín Bordaberry, uno de los hijos del ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry. Ambas familias, según escribió el periodista Nicolás Centurión, poseen extensos latifundios ganaderos en Uruguay y Paraguay, pero además los Bordaberry y Cartes han incursionado en el negocio del fútbol y otras actividades en función a prestar servicios de lavado de dinero para el narcotráfico.

En ese marco de decadencia moral de las castas dominantes, Marset impone sus reglas del juego. Para el día siguiente de la entrevista, se había previsto la entrega pactada de su esposa Gianina y sus tres niños, y en esa línea se había logrado desactivar la alerta roja que en Paraguay pesaba sobre la joven madre y sus hijos. “Lamentablemente esa movida en la Policía paraguaya fue filtrada a los medios, y el escándalo público hizo fracasar el plan”, dijo a Sol de Pando Arnaldo Giuzzio, ex Ministro del Interior del Paraguay.

A pesar de que la alerta roja para Gianina García Troche se reactivó haciendo rodar cabezas en la Policía paraguaya, la crisis política en aquel país también se ha puesto a flor de piel. Lo de Marset es un factor político inusitado, algo casi parecido a la fábula de Midas. Esta es la onda larga que ha desatado el boom de la cocaína boliviana.

Tras este fenómeno que está estremeciendo las bases institucionales particularmente en los países del Mercosur (con Bolivia recientemente incorporada en su seno), está aflorando la estrategia del PCC para tomar carta de ciudadanía en la zona territorial bajo su control.

Los viejos líderes de esta organización que la fundaron hace más de 30 años en las cárceles de São Paulo —como Williams Herbas Camacho, Marcola, hijo de vallunos bolivianos que dirige a la banda desde una cadena perpetua—, están cansados de matar y morir, de vivir en constante ajuste de cuentas, eternamente extorsionados por el poder político, policial y judicial. Quieren una tregua para incorporarse al sistema capitalista a partir de su poderosa base económica cuyo excedente está en querella con el Estado mismo, tienen territorialidad propia, incluso fuerza armada, y hasta una población activa que habita en el ciber espacio; sólo necesitan constituirse estatalmente.

En Brasil, el PCC está incursionando en la creación de ONG orientadas a brindar asistencia humanitaria para sectores vulnerables de la población carcelaria, enfocándose en el binomio madre-niño, y también promueven programas de salud y educación en las favelas. Estas organizaciones desarrollan un intenso lobby ante las autoridades gubernamentales, tanto en los niveles federal, estadual y municipal, y sus propuestas van teniendo cabida en la agenda pública.

El Comando Vermelho, que opera sobre la Amazonia del norte comerciando cocaína peruana y colombiana con destino al mercado carioca, ha emprendido similares iniciativas de “gestión pública comunitaria”.

Esta estrategia legitimadora con Marset entrevistado por un influyente canal comercial de la TV vinculado al gobierno uruguayo, es también una manera en que el PCC le saca tajada a la galopante descomposición institucional del Estado.

Asistimos a un colapso sudamericano que no tiene precedentes, como una secuela sin fronteras de la pandemia boliviana y el boom de su irrefrenable cocaína.