De acuerdo con el relato, este hombre le habría entregado a Astesiano 50 mil dólares para un negocio inmobiliario en José Ignacio, lo cual se concretó dentro de una caja de whisky y afuera de una estación de servicio de La Barra. A su vez, en otra oportunidad, le entregó 6 mil dólares adicionales en la Torre Ejecutiva, “con motivo de un negocio de seguridad en el puerto”.
Incluso, Choroszucha se reunió con Astesiano y Panizza para darles 110.000 dólares, con el propósito de recuperar con ganancias lo invertido en licitaciones de la empresa Vertical Skies en la Armada, la Fuerza Aérea y UTE. Como fue amenazado de muerte, hasta el momento no había declarado. En efecto, el gerente de Skies le habría comentado que tenía 18 muertos en su haber.
El testimonio del denunciante corrobora que Fossati se limitó a investigar únicamente la trama de los pasaportes truchos entregados a cambio de dinero a ciudadanos rusos, pero se abstuvo de indagar otros delitos de corte mafioso.
Queda claro, en caso de confirmarse la veracidad de los dichos del testigo, que la sede gubernamental no fue solo un escenario de reuniones entre Astesiano y sus compinches, sino también de otros “negocios” espurios.
Desde el comienzo de la causa, Fossati actuó con grosera negligencia y, en un rapto de sinceridad, manifestó que “no se iba a inmolar por esta causa”, que podía hundir su reputación como magistrada, plenamente consciente que se jubilaría en breve. En ese contexto, su retiro de la actividad en la órbita estatal culminó un culebrón mediático al mejor estilo de las telenovelas.
En ese marco, se incluye su insólita imputación, ahora archivada, contra el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, a quien acusó de “mentir”, en una audiencia que duró apenas siete minutos. Para peor, mutó su condición de testigo a indagado, con relación a la reunión que mantuvo el exfuncionario con el padre de Astesiano.
Fossati se destacó por vulnerar la libertad de expresión consagrada por nuestra Constitución, cuando denunció penalmente al director de Caras y Caretas, Alberto Grille, e hizo lo propio con nuestro colega Carlos Peláez, a lo cual sumó una denuncia contra el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, otra contra el fiscal subrogante Fernando Romano y una inverosímil imputación contra el presidente de Ffose, Federico Kreirmerman.
Fossati tenía un conflicto de conciencia, porque sabía bien que no investigó a fondo todas las implicancias penales del caso.
Le pegó a todo lo que se movía, a excepción de al “impoluto” presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien es el verdadero responsable, por acción u omisión, de que la casa de gobierno se hubiera transformado en una guarida de mafiosos. ¿Alguien le puede creer al gobernante que ignoraba los antecedentes penales de Astesiano a quien conoce de toda la vida, porque, además de haber militado en el Partido Nacional, es persona de confianza de su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera?
La hoy exmagistrada, que tiene un temperamento muy áspero, fue -también por acción u omisión- muy prescindente en la investigación de un affaire delictivo que debió haber terminado en una causa de megacorrupción.
La verdad pura está en el audio de la conversación que mantuvo con nuestro compañero Carlos Peláez, difundido en el programa periodístico Legítima defensa. En ese contexto, la magistrada “desnudó” su alma cuando confesó, nuevamente, que “la investigación no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes”, al tiempo de calificar la causa como “una bomba de tiempo” y afirmar que “a nadie le interesa” que se resuelva.
No es novedad que Fossati no confiaba en la Policía, ya que, según lo admitió, debía chequear la información recibida por lo menos dos veces, de acuerdo al testimonio de los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, quienes fueron citados con relación a las actividades de espionaje a las cuales fueron sometidos por parte de Astesiano. Después de esta confesión, contenida en un audio cuya autenticidad no está en tela de juicio, debió ser relevada ipso facto.
Hace cinco años, en 2018, Fossati manifestó sus reservas en torno al actual Código General del Proceso, expresando serias discrepancias con la aplicación de la nueva normativa y cargando sus tintas contra el por entonces fiscal general de Corte, Jorge Díaz.
Fossati, que protagonizó en el pasado agrias disputas con colegas y que fue suspendida en 2006 por abuso de autoridad, lanzó furibundas invectivas contra la nueva arquitectura penal, que, a su juicio, no daba garantías para investigar a personas cercanas al poder.
Incluso eligió en ese momento el Twitter para hacer sus descargos. “La sola idea de una Justicia ‘politizada’, demasiado cercana a un sector político, que permite que su adherencia contamine su tarea, debilitaría la imagen institucional y abriría espacios de duda sobre su trabajo”, comentó en el penúltimo año del gobierno del Frente Amplio. No tenemos claro si Fossati, que incursiona en las redes sociales con frecuencia y padece evidentemente una suerte de incontinencia verbal, recuerda sus reflexiones de hace un lustro.
Ese comentario la puso en el foco, como una díscola que dudaba por entonces de las garantías de la flamante normativa. Sin embargo, en 2022, Gabriela Fossati procedió contra sus propias convicciones y asumió la investigación de las actividades delictivas del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, sin cuestionar la normativa. Solo ella sabe el motivo real de su cambio de actitud.
El nuevo código -según se infiere de sus propias palabras- politiza a la institución e impide investigar a quienes detentaban el poder. La pregunta es, ¿con el cambio de gobierno se adecuó a las circunstancias y se resignó a no investigar?
Desde el comienzo de la causa, la hoy exmagistrada tenía la convicción que no asumiría riesgos y, con sus actitudes ambiguas, le otorgó un certificado de impunidad al gobierno.
Fossati, quien en una entrevista cargó duro contra el Frente Amplio, se confesó wilsonista y, ante la pregunta sobre si el presidente ocultó parte de la verdad, afirmó que “todos sabemos más de lo que decimos”. No descarta dedicarse a la política. Es fácil deducir dónde. Obviamente, en la misma colectividad que su hermano Guillermo, quien ocupa un cargo de confianza en el Instituto de Evaluación Educativa en representación del Partido Nacional.
