Para los ediles de Maldonado se abrieron las puertas del infierno

La causa refiere al cobro de facturas falsas, presuntamente por obras realizadas en el edificio de la Junta, pero cuyos montos terminaron en la cuenta bancaria del edil Sánchez. El fiscal Vaz probó que esas obras nunca se hicieron, por lo menos por parte de esta empresa contratada, que no existe ningún expediente que muestre el cauce administrativo del contrato y que el dueño de las facturas presentadas declaró que “nunca hizo ningún trabajo para la Junta”.

La defensa intenta demostrar, por lo menos en sus declaraciones públicas, que “las obras sí se hicieron”, pero no explican quién las hizo. En todo caso se podría haber pagado el doble por los mismos trabajos y eso agravaría la situación de los acusados.

Vale señalar que la formalización no implica su culpabilidad sino la apertura de una instancia de juicio en la que Fiscalía deberá probar sus acusaciones y la defensa intentará lograr la exoneración de sus clientes. Lo que la Justicia estableció la semana pasada son medidas cautelares, no la condena que se establecerá al final del juicio y puede ser por los delitos ahora adjudicados o por otros que surjan durante la investigación. Y he aquí donde se complejiza la situación de estos ediles y de por lo menos otros 59 que fueron electos como titulares entre los años 2015 y 2026.

Hace 15 días el fiscal Vaz recibió una fundada denuncia presentada por un particular en la que se acusa a los ediles de “violar la Constitución y uso indebido de fondos públicos”.

Se votaron su “sueldo” y los respectivos aumentos

Ningún edil supuso el 21 de julio del 2015 que corrían el riesgo de terminar formalizados por votarse un sueldo encubierto. La propuesta tuvo el voto de los 16 ediles blancos, de 11 de los 13 frentistas; no lo votaron dos del sector de Óscar de los Santos y de los dos colorados. Aunque, como la votación no fue nominal, no hay registro en actas, solo constan declaraciones públicas de los involucrados. La idea fue presentada por el entonces presidente de la Junta, el blanco Nino Báez, en la segunda reunión semanal después de haber asumido el nuevo gobierno (2015-2020) encabezado por Enrique Antía. El decreto, aprobado una semana después, establece:

“EXPTE. N° 0292/15.- COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, eleva proyecto de reglamentación de índole presupuestal. (Pasa Depto. Financiero Contable).- VISTO: El planteamiento elevado por la Comisión de Asuntos Internos en representación de las diferentes Bancadas del Cuerpo.

CONSIDERANDO I: Que la Ley 18.485 declaró de "interés nacional para el afianzamiento del sistema democrático republicano la existencia de partidos políticos y su libre funcionamiento" (artículo 1º); a su vez dicho acto legislativo dispuso que "los sectores internos, agrupaciones políticas o listas de carácter nacional o departamental podrán abrir cuentas bancarias en cualquier institución del sistema financiero nacional, para el cumplimiento de sus fines, estando exonerados de todo tributo a esos efectos" (artículo 6º).

CONSIDERANDO II: Que la importancia de los cometidos asignados constitucionalmente y por la Ley 9.515 a Legislativos Departamentales y en concreto a los Ediles impone el fortalecimiento de los sectores con representación en la Junta Departamental, a efectos de su mejor desempeño; en ese marco resulta viable legislar sobre un aporte para el desarrollo de las tareas de los sectores partidarios en el ámbito de la Junta departamental, ya sea con destino a recabar asesoramientos puntuales, gastos en materia de transporte, funcionamiento y representación, etc.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto. LA MESA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL, RESUELVE:

1º) Destínase a cada Sector con representación en la Junta Departamental una partida para el mejor cumplimiento de sus fines.

2º) A los efectos de la presente reglamentación entiéndese por Sector a cada Sublema de candidatos a la Junta Departamental que haya obtenido representación en dicho órgano del Gobierno Departamental.

3º) La partida se asignará a cada Sector en proporción al número de Ediles que formen parte del mismo. A tales efectos, la Junta Departamental le destinará una partida que resultará de multiplicar los gastos de representación establecidos mensualmente a favor de los Representantes Nacionales por el número de Ediles que integren el Sector.

4º) Esta partida se liquidará mensualmente, se ajustará en las mismas oportunidades y porcentajes que los gastos de representación de los Representantes Nacionales y se podrá depositar en la cuenta bancaria abierta por el Sector o recibir directamente por el Secretario de Bancada que designe el mismo.

5º) La partida de referencia se imputará al rubro presupuestal correspondiente, el que deberá reforzarse mediante trasposición presupuestal.

6º) En la próxima instancia presupuestal deberá preverse la asignación dispuesta en el presente acto administrativo en el rubro correspondiente, no debiendo incrementarse el monto global del Presupuesto vigente.

7º) La presente reglamentación tendrá vigencia con retroactividad al 10 de julio de 2015.

8º) Dése cuenta al Cuerpo, comuníquese al Departamento Financiero Contable y a la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas en esta Corporación, téngase presente y cumplidos los trámites administrativos dispuestos archívese”.

Esta resolución no se difundió en la web de la Junta y durante algunos meses los mismos ediles la negaron. También votaron los incrementos futuros de estas partidas, por ejemplo, en el 2018 el aumento fue del 28,3 %. La situación hoy es que los ediles cobran casi el doble de lo que un legislador recibe como gastos de representación. En el año 2015 el monto asignado por edil era de 26.914 pesos; en el 2018 ya era de 40.800 pesos, y hoy es de 89.480 pesos. En tanto, los gastos de representación de un diputado eran en el 2024 equivalentes a 49.665 pesos mensuales.

Todos los meses el presidente de la Junta ordena depositar en una cuenta bancaria y a un nombre determinado por cada bancada, que no necesariamente es edil, ya que hay gente de afuera que la cobra, una cifra que surge de multiplicar el monto establecido como “sueldo” por la cantidad de ediles. Luego cada bancada hace el reparto. Para justificar esta decisión, el Legislativo requirió informes a los juristas Gonzalo Aguirre, Carlos Delpiazzo, Gonzalo Fernández y Álvaro Garcé.

Por esa partida, que no paga ningún impuesto ni aportes, los ediles no presentan comprobantes de gastos. El año pasado el Legislativo departamental gastó casi 1.000.000 de dólares con ese único destino. El dinero, como todo el presupuesto de la Junta, lo aporta la Intendencia de Maldonado. El Tribunal de Cuentas lo ha observado siempre, e incluso en el 2018 el Departamento Jurídico del TCR sugirió el pase a Fiscalía, pero, como no existe ninguna sanción, los ediles lo reiteran una y otra vez.

La JUTEP lo definió como “sueldo encubierto”

Un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) del 25 de julio de 2018 estableció que la Junta de Maldonado ha cometido múltiples irregularidades, e incluso violó la Constitución y varias leyes. Cita los artículos 273 y 295 de la Constitución, además de la Ley de Partidos Políticos, la Ley Orgánica Municipal, la Ley Cristal de funcionarios públicos, la ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública y el decreto 30/003 relativo a las normas de conducta en la función pública. El informe, firmado por Ricardo Gil Iribarne, Matilde Rodríguez Larreta y Daniel Borrelli, exhortaba a los ediles a “dejar sin efecto la resolución”.

Ocurre que hoy la propia Junta define esa partida de dinero como “Fondo de fortalecimiento de los sectores con representación en la Junta”.

La denuncia presentada por un particular ante Fiscalía recoge declaraciones públicas de varios ediles.

El edil blanco Darwin Correa, expresidente de la Junta Departamental hoy formalizado, dijo en el 2023 en una radio local: “Hay una partida que se generó en el período anterior destinada a cada uno de los sectores políticos para su financiación. Algunos alquilan locales, otros ayudan a vecinos, etc. La Junta resuelve casi todo y grandes sumas de inversión dependen de su aprobación”. En tanto, Leonardo Delgado, entonces coordinador de bancada del Frente Amplio dijo a Brecha en el año 2020: “Algunos sectores les dan viáticos a los ediles y otros lo usan para alquilar locales u otros fines.No existe un monto específico por edil, sino que se atribuyen aproximadamente 65 mil pesos por línea de ediles”.

Por su parte, el también blanco Adolfo Varela, expresidente de la Junta, dijo también a Brecha: “El incremento aprobado busca compensar los ajustes por IPC que no se cumplieron en estos años. Desconozco si los fondos se usan para mejorar el desempeño de las bancadas, pago a titulares y suplentes, o financiamiento de partidos. Para mí no caben cuestionamientos éticos ni jurídicos al asunto”.

Otros ediles han reconocido que ellos entregan el dinero a su sector político y éste le reintegra los gastos.

En el año 2018 Gil Iribarne, entonces presidente de la JUTEP, dijo: “Entendemos que se violan una serie de normas, no se cumple con lo establecido por la Constitución, particularmente en lo que refiere al carácter honorario de los ediles. Si además las partidas se destinan a los sectores políticos, estaríamos frente a otra irregularidad aún más grave”.

Una siguiente y grave derivación es la posibilidad de una evasión o defraudación fiscal porque, si las partidas se traducen en pagos personales o beneficios a favor de ediles, podrían constituir rentas gravadas que deben declararse.

La denuncia que recibió el fiscal Vaz solicita “la remisión de antecedentes a la Dirección General Impositiva (DGI) para investigar eventuales omisiones tributarias o evasión fiscal, dado que las partidas podrían haber generado ingresos personales no declarados por los ediles o integrantes de las bancadas”.

La información que reclama el fiscal

En un oficio remitido a la Junta Departamental el pasado 28 de agosto, el fiscal Vaz informa que “se encuentra investigando hechos denunciados por un particular referidos a presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de la Junta”. Por esa razón, reclama:

• El listado de personas físicas, jurídicas y/u organizaciones de la sociedad civil a las cuales la Junta Departamental de Maldonado les haya transferido y/o pagado sumas de dinero en los períodos legislativos 2015-2020 y 2020-2025, en concepto de partida establecida por la Junta el 17 de julio de 2015.
• Que se detalle en cada pago realizado el número de cuenta de destino, el tipo de cuenta, así como el banco en que se efectuó el depósito o transferencia.
• En caso de pago en efectivo, se remita cheque u otro instrumento, y recibo firmado por el receptor de fondos.
• Toda la documentación presentada por cada sector político en los casos en que esos grupos hayan consignado a quién transferir o abonar las sumas de dinero correspondientes.
• Todos los documentos presentados por los sectores destinatarios de las partidas, con la correspondiente rendición de cuentas de los dineros recibidos.

Los ediles de Maldonado han perdido el sentido de la decencia pública

Hace ya muchos años que la Junta Departamental de Maldonado es el mejor ejemplo de todo lo que está mal en política. Esta definición no tiene que ver con sus decisiones sino, y fundamentalmente, con la indecente actitud de muchísimos ediles.

La formalización de tres de ellos la semana pasada dejó en evidencia, no solo la ausencia de controles, sino además que no vacilaron en robar fondos públicos mediante una burda y estúpida maniobra. Que, dicho sea de paso, se descubrió por el quiebre familiar del gestor del fraude. Si eso no hubiera ocurrido, seguirían robando hoy, porque para muchos de ellos no hay límites en su ambición. Usan a la Junta para hacer y promover negocios privados; votan normas que luego usarán en sus empresas; usan dineros públicos para pagar sus campañas electorales y no vacilan en votar normas en su propio beneficio. Tienen mucho para explicar.

No sabemos si el fiscal Jorge Vaz llegará a probarlo todo, pero sí es justo decir que es el primero que encara una investigación en serio sobre el uso de dineros públicos en Maldonado. Por eso sería deseable que justo ahora la Fiscalía de Corte no decida cambiarlo de destino. Puede sonar injusto porque seguramente, y no solo por esto, Vaz merezca un ascenso. Pero en la capital del país, allí donde se corta el bacalao, deben entender de una buena vez que nada sano puede desarrollarse en medio de tanta indecencia.

No hay democracia, no hay desarrollo, no hay justicia posible si aquellos que son elegidos por voluntad popular terminan gobernando para sus propios intereses.