La esclavista cabildante y la CNN
La prensa internacional no dejaba de reportar lo que era una situación inconcebible para la imagen de un país como Uruguay, catalogado como una de las democracias más estables del continente. Nada menos que la jefa notarial, una persona de leyes, asesora del ministro de Defensa, vinculada en una trama que parece del siglo pasado. Pero para que no acusen a este periodista de visión sesgada, comparto con ustedes el informe dado por la cadena CNN, a la que nadie puede tildar de tener animosidad contra el exgobierno de Luis Lacalle Pou y el exministro Javier García:
“Jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay acusada de trata de migrantes venezolanos”, titulaba la nota el cronista Darío Klein, cuando todavía la Justicia no había sentenciado su procesamiento. Dice la crónica: “Seis personas, entre ellas la jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay, Sonia Mora Pintos, fueron imputadas por los supuestos delitos de ‘trata de personas’ y ‘asociación para delinquir’ de decenas de venezolanos en el departamento de Artigas, en el norte del país, fronterizo con Brasil y Argentina. Estas seis personas fueron acusadas por la fiscal de Artigas de 2º turno, Sabrina Massaferro, de formar parte de una red que captaba venezolanos para trabajar en condiciones de ‘explotación laboral’ y en ‘diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana’, en una cantera de piedras semipreciosas. Según la formalización de la acusación fiscal, las víctimas fueron más de 30 venezolanos que trabajaban en esa cantera. La Fiscalía solicitó una prisión preventiva de todos los imputados, pero el juez del caso decidió en cambio las siguientes medidas: obligación de fijar domicilio, prohibición de abandonar el territorio nacional y retención de sus documentos de viaje, prohibición de comunicación y acercamiento a las víctimas, arresto domiciliario nocturno y uso de dispositivo de monitoreo electrónico”.
La operación de tráfico descrita por la fiscal era la siguiente: “Los venezolanos llegaron a Uruguay ‘por haber visto en la red social Telegram una publicación de oferta laboral’. Luego tuvieron entrevistas a través de videollamadas, donde les realizaron las ofertas concretas de empleo: trabajo en una cantera de piedras semipreciosas en el departamento de Artigas, a cambio de un ingreso aproximado de entre U$S 1500 y U$S 2000 por mes más alojamiento, comida y seguro médico. El régimen de trabajo sería de 8 horas diarias, como lo estipula la ley uruguaya. Sin embargo, la Fiscalía afirmó que se trató de un caso de ‘explotación laboral’ en el cual los venezolanos trabajaban 12 horas por día y solo recibieron un pago de un máximo de U$S 250”.
El rol específico de Mora
Según consta en la acusación fiscal: “Los pasajes fueron coordinados y pagados por los imputados y quien los recibió en el aeropuerto fue, entre otras personas, la funcionaria del Ministerio de Defensa uruguayo, ‘quien se presentó como abogada de la empresa ante las víctimas’. Pocos días después ‘se les retuvieron los documentos por parte de la imputada’, la abogada del Ministerio de Defensa, quien, además, ‘les hizo firmar una declaración jurada y los contratos debieron firmarlos sin previa lectura’”, agrega el documento de la Fiscalía. El escrito de la investigación fiscal concluye que “los imputados integran un grupo criminal organizado con fines de explotación laboral que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social, los que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana”.
El rol de Javier García
Una vez más, como en otras oportunidades, el exministro de Defensa pretendió ocultar lo evidente. Dice la crónica de CNN: “El ministro de Defensa Javier García dijo que la funcionaria de su ministerio, involucrada en el caso, es una funcionaria ‘de carrera’ con más de 30 años en el ministerio, y que no era ‘asesora personal ni cargo de confianza’ suyo. Sin embargo, la oposición uruguaya difundió una resolución ministerial del año 2023 que la designa en el cargo de ‘jefa interina de la Sección Notarial’”.
Efectivamente, el 31 de marzo del 2023, por resolución de la DGS Nº 03/23, el Dr. Fabián Martínez (mano derecha de García y quien se dice era el verdadero ministro de Defensa) designa a Sonia Mora como jefa jurídica notarial del escalafón A, Grado 11, con una carga horaria de 40 horas semanales y las compensaciones salariales correspondientes.
Un pasaje fugaz por el Parlamento
El 6 de julio del 2020, el diputado de Cabildo Abierto por el departamento de Cerro Largo, Wilman Caballero, había pedido el pase en comisión al Ministerio de Defensa de Sonia Mora.
El 16 de noviembre, el Parlamento solicita el cese del pase en comisión. Todo esto consta en la Resolución del MDN Nº 78.666 del 27 de diciembre del 2021 del cese dado por el Ministerio de Defensa.
Mora y la Armada
La jefa notarial se encuentra en el momento de la firma del contrato por la compra de las dos lanchas que Defensa asigna construir al astillero Cardama. Aunque el ministro Javier García dijo que era una funcionaria que no ocupaba un cargo de confianza, Crónicas del Este accedió a las siguientes imágenes del propio Ministerio de Defensa, donde se puede ver a la doctora Sonia Mora en el momento de la firma del contrato entre el ministro de Defensa Javier García y el presidente de Astilleros Cardama, Mario Cardama, en el marco de una reunión que contó con la presencia del embajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez Martín; el subsecretario Rivera Elgue; el comandante de la Armada Nacional, almirante Jorge Wilson; el director general del ministerio, Fabián Martínez; el director de Recursos Financieros del ministerio, Damián Galó, y José Delpiazzo, director del estudio jurídico que trabajó en la elaboración del contrato, así como contralmirantes de la Armada Nacional.
Además, según denunció Crónicas del Este y pudo confirmar Caras y Caretas en su momento, Sonia María Mora Pintos tenía, o aún tiene, una empresa offshore panameña, “BINTOWN INTERNATIONAL CORPORATION”, en sociedad con su exmarido, el capitán de Navío pasado a retiro por el ministro Javier García, Sergio Edison Bique Ferreira, el 9 de mayo de 2020.
Una de las habilidades de la gestión de los nacionalistas fue ir logrando un “tejido” de vínculos que permitió llevar adelante algunos negociados, y una presencia política que fortaleció la impunidad de los mismos.
Como es ampliamente conocido, la actual ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, continúa revisando los acuerdos a los que nuestro país llegó con la empresa Cardama, y los alcances y articulados del contrato que fue firmado para la construcción de las controvertidas embarcaciones.
