Para algunos, la robótica está presente en sus espacios de trabajo, en los aeropuertos, en ámbitos de máxima seguridad y en áreas de extrema sensibilidad, por ejemplo, en la medicina y particularmente en salas de operaciones. La IA analiza estudios clínicos, adelanta tratamientos posibles y hasta se llegó a creer que la IBM Watson for Oncology ayudaría a oncólogos a identificar opciones de tratamiento personalizadas para el cáncer, revisando historiales médicos y literatura científica, lo que finalmente no logró los resultados esperados o no cumplió con las expectativas. «Por ahora», dicen. Pero en definitiva, el futuro llegó y la IA está presente en casi todos los espacios cotidianos de nuestra vida.
Al mismo tiempo, millones de habitantes del planeta quedan fuera de todo, no tienen acceso a casi nada y, en algunos casos, logran subsistir en condiciones de absoluta precariedad.
Acá en el campo
En Uruguay, en materia de trabajo rural, más de 140 mil personas trabajan en un medio que históricamente ha mantenido un patrón cultural de sometimiento a sus trabajadores, respaldado en la tradición y la propiedad. Muchas familias viven en los predios de sus patrones. Muchas personas son tratadas como si sus derechos no existieran. Hay una delgada línea que se diluye cuando la asimetría del poder del patrón impone su voz de mando en términos absolutos. La representación patronal en los ámbitos de negociación colectiva es una perfecta síntesis de cómo se autopercibe el poder patricio con el derecho supremo por sobre todo lo que se le cruce por delante. Ya intentaron «flexibilizar» la ley de ocho horas del trabajo rural. Ahora la discusión está planteada en clave de derechos de género y en términos de equidad.
La coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte, economista Alejandra Picco, aseguró que es tiempo de incorporar cláusulas de género, garantizar la permanencia de las familias en el campo y que los logros productivos se reflejen en los trabajadores. Desde su visión, es impostergable que se concrete «una negociación real y consistente, que avance más allá de temas ya laudados», como el ficto por alimentación y vivienda, y que contemple la capacitación de los jóvenes y el reconocimiento de derechos históricos.
La economista del Instituto Cuesta Duarte se refirió a la situación del sector agropecuario, con especial foco en el Grupo 22, integrado por los grandes establecimientos agropecuarios. Este grupo comprende cuatro subgrupos o ramas de actividad: caña de azúcar, tambos, arroz y ganadería extensiva. “Desde sus orígenes, caña de azúcar negoció en su subgrupo como le correspondía; arroz, en algún momento, negoció por separado; mientras que ganadería y tambos lo hicieron juntos. Luego se planteó la unificación de estos tres subgrupos, que tienen particularidades y reivindicaciones distintas. Ya hace varias rondas que negocian en el grupo madre”, explicó Picco.
La economista señaló que esta integración genera dificultades. “Son tres sectores que tienen cosas en común, como el trabajo agropecuario, pero con reivindicaciones particulares importantes. Por ejemplo, la ganadería necesita herramientas de trabajo —el apero— que hoy pagan los propios trabajadores. En arroz, muchas reivindicaciones pasan por la forma de trabajo y el uso de agroquímicos, mientras que los tambos tienen otras particularidades. Al negociar los tres juntos, se limita el alcance a cuestiones comunes y solamente se ha avanzado en salarios a instancias de los lineamientos y decretos gubernamentales”.
Picco destacó además la inclusión de temas de género en la negociación. “Ganadería y arroz son sectores muy masculinizados; los tambos, un poco la excepción. Muchos trabajadores viven con sus familias en los establecimientos, y sus parejas se dedican a tareas vinculadas al mantenimiento o al servicio doméstico. Los hombres dominan la actividad agropecuaria y eso limita las reivindicaciones de género”.
Según Picco, en 20 años de negociación colectiva, el sector ha avanzado poco. “No hay beneficios a nivel sectorial, ni antigüedad, ni mejoras en la diferencia entre categorías, ni partidas extraordinarias como premios de fin de zafra, productividad o complementos de aguinaldo. Tampoco se ha logrado avanzar en canastas escolares, días de licencia por cuidados o acceso a estudios médicos. Incluso durante la pandemia, cuando los precios de exportación fueron extraordinarios, los trabajadores sufrieron la misma caída de salario real que el resto de la población y un proceso de recuperación”.
La economista criticó la actitud de los empleadores en las negociaciones. “Creo que hay una estrategia de parte del sector empleador para debilitar la negociación. No se trata tanto de negar pagos, sino de mantener la idea de que ‘yo soy el patrón’. Las contrapartes son la Asociación Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Asociación Nacional de Productores de Leche. En algunos casos, los dueños trabajan en los tambos y comprenden las lógicas del trabajo; en otros, hay una brecha mayor. Durante estos 20 años, la patronal ha recurrido incluso a acciones judiciales para frenar pagos que correspondían, buscando romper la lógica de la negociación”.
Picco mencionó que los beneficios sectoriales actuales se limitan a los salarios y al ficto por alimentación y vivienda, “que no forma parte del salario e intenta incorporarlo y refleja la misma lógica de romper la discusión”. También recordó episodios de intentos de modificar la ley de 8 horas para obtener beneficios que no se concretaron, debido a la fuerte oposición de la Asociación Rural.
Otro desafío destacado por Picco tiene que ver con las condiciones de trabajo. “Los trabajadores del arroz y de las plantaciones viven lejos, dependen del transporte del empleador y, en ocasiones, deben esperar autorización para retirarse ante lluvias, condiciones que rozan la explotación. El uso de agrotóxicos es otro problema, hay juicios por enfermedades vinculadas, pero no hay registros claros de exposición laboral”.
En cuanto a los avances, Picco señaló que se lograron saltos salariales entre 2010 y 2015, con mejoras para los salarios más bajos. “Aun así, la negociación sectorial sigue siendo limitada. La calidad del empleo también presenta desafíos, aunque las tasas de no registro no son de las más altas, más del 40 % de los asalariados recibe ingresos líquidos por debajo de 25.000 pesos líquidos al mes y las jornadas laborales —en promedio— suelen estar cerca del máximo permitido de 48 horas”.
Finalmente destacó que los problemas adicionales afectan a quienes viven en los establecimientos y que la negociación colectiva continúa siendo el ámbito principal para plantear mejoras. Sin embargo, el sector enfrenta dificultades históricas que muestran la necesidad de estrategias más equitativas y efectivas para proteger a los trabajadores rurales.
Plataforma reivindicativa de los trabajadores rurales
Por su parte, María Flores, responsable de Organización de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) y presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de Tambos y Anexos (SUTTA), detalló los principales ejes de la plataforma reivindicativa presentada ante la negociación colectiva del sector rural.
“Presentamos entre 14 y 18 puntos, que reflejan lo que las gremiales históricamente reclaman, como permanecer en el campo, asegurar la educación de nuestros hijos y que las familias puedan radicarse en las zonas rurales. Nada mejor que los niños asistan a la escuela rural y que demos la imagen de lo que realmente nos importa, que las generaciones futuras se queden en el campo”, afirmó Flores.
Entre los ejes principales de la plataforma, por primera vez se incorporan cláusulas de género, explicó la dirigente. “Como mujer, nos pusimos las pilas, no es lo mismo hacerse un papanicolaou en un pueblo con centro de salud que recorrer 80 o 100 kilómetros hasta una policlínica. Por eso proponemos anexar un día más para estos estudios, adaptado al contexto rural. También buscamos reconocimiento de la antigüedad, no puede ser que un trabajador pase 15 años en un tambo o estancia y no tenga ningún beneficio por ello. La antigüedad refleja el tiempo de trabajo y el mérito económico del trabajador, algo que hoy no se reconoce”.
Flores destacó la importancia de crear una comisión para estudiar las condiciones de insalubridad. “En los tambos, el trabajador está ocho horas expuesto a gases producto del estiércol, y la producción que se obtiene sale del mismo ambiente donde trabajó. Tenemos argumentos de sobra para exigir mejoras”, sostuvo.
La dirigente gremial resaltó que la negociación se encuentra en una etapa inicial. “Queremos ver la buena disposición de la contraparte para sentarnos a discutir un aumento consistente y real. No pusimos números porque recién tuvimos la primera reunión, buscamos abrir una plataforma amplia para iniciar la negociación en distintos puntos. Obviamente, el proceso es lento”, cuestionó.
Flores criticó la intención empresarial de volver a discutir temas ya laudados, como el ficto por alimentación y vivienda. “Volver a hablar de esto es un argumento para no mirar hacia adelante otros puntos que necesitamos avanzar, como género o antigüedad. No tiene sentido retomar la ley de 8 horas o cuestiones que ya fueron discutidas y logradas con mucho sacrificio”, dijo.
Otro objetivo clave es garantizar la permanencia de las familias en el campo y fomentar la capacitación de los jóvenes. “Queremos que los padres no tengan que trasladarse al pueblo para cumplir con obligaciones básicas, como comprar mochilas para sus hijos. La educación y la capacitación deben ser accesibles y reflejarse en beneficios reales”, señaló Flores.
Sobre las condiciones del sector durante la pandemia, la dirigente aclaró que los trabajadores rurales no recibieron subsidios. “El país siguió funcionando, seguimos ordeñando y produciendo, y nunca obtuvimos un apoyo económico extraordinario a pesar que es un sector fuerte, que tiene argumentos de peso para exigir que los buenos resultados de producción se reflejen en los trabajadores, que son el primer eslabón de la cadena productiva. Sin embargo, somos los trabajadores rurales somos de los más postergados".
Derechos
Según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en 2023 había aproximadamente 140.627 trabajadores en el sector agropecuario de Uruguay, lo que representaba el 8,5 % del empleo total del país. En este contexto, Flores destacó la necesidad de lograr un reconocimiento específico para las mujeres rurales que permita achicar brechas de inequidades históricas que el país debe atender de manera seria. “En este Consejo de Salarios buscamos que la trabajadora rural tenga días adicionales para estudios médicos y que los días dedicados al cuidado de familiares no sean descontados. Queremos que estos y otros derechos sean visibles y reconocidos, como cualquier trabajador merece”.
Flores reafirmó la disposición de UNATRA y SUTTA a avanzar con argumentos sólidos y conscientes, priorizando reivindicaciones históricas que han sido ignoradas durante décadas, tales como género, antigüedad y condiciones de trabajo dignas.
