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Política correligionarios | Familiares | nepotismo

Cuando la política es un negocio

Primero la familia y los correligionarios

Negocios para sí o para familiares, nepotismo, contrataciones millonarias para correligionarios, son parte de una forma de ejercicio del gobierno por quienes entienden a la política como un negocio que resuelva su propia vida.

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No son pocos los que entienden que ejercer el gobierno es un negocio. No tienen ningún conflicto moral y defienden ese criterio abusivo. Y por eso muchos se acercan a la vida política, no sólo por un buen salario sino, además, para intentar “morder” algún negocio que les asegure el futuro.

Acomodar familiares es casi una práctica común, sobre todo en el interior, donde los intendentes gobiernan con un criterio nada republicano. Que los correligionarios del presidente o del intendente armen empresas que luego son contratadas por el Gobierno es una realidad irrebatible.

La arbitrariedad es el signo de este tiempo. Es cuando vale destacar el papel del periodismo.

Negociados con el hambre de la gente

En las últimas dos semanas, tanto la periodista Patricia Madrid como el colega Eduardo Preve demostraron el papel casi perverso del Mides dirigido por Pablo Bartol primero y luego por Martín Lema, durante la pandemia y la crisis de hambre en los sectores más pobres. En su programa Así Nos Va de Radio Carve, Madrid mencionó documentos que revelan que, sin ningún control ni auditoría, el Mides le entregó 332 millones de pesos a una ONG armada de apuro y dirigida por Santiago Pérez Gazzano, un ciudadano nacionalista.

Según explicó la periodista, “durante la pandemia, la incertidumbre y las necesidades estaban a la orden del día. La crisis sanitaria había dejado al descubierto un problema en materia alimenticia y las ollas y merenderos funcionaban a lo largo y ancho del país”. Pero el hambre no se lleva bien con la burocracia del Estado ni con las compras estatales vía licitación, ni con los tiempos que implican las verificaciones. Fue por eso que la administración de Luis Lacalle Pou resolvió que lo mejor era “tercerizar” la atención a las ollas y merenderos en manos de privados. “La decisión tuvo luz verde presidencial luego de un mano a mano entre el presidente de la República y quien estaba al frente de la ONG Uruguay Adelante, Santiago Pérez Gazzano”.

¿Qué iba a hacer Uruguay Adelante? Madrid lo explicó así: “La organización, combinando el uso de fondos públicos con privados, sería la encargada de comprar y distribuir alimentos para 300 ollas populares y 150 merenderos que funcionaban en Montevideo, Canelones y San José, en donde se alimentaban 120.000 personas.

Fue así que en marzo de 2021 el Ministerio de Desarrollo Social, con Pablo Bartol a la cabeza, firmó el primer convenio para que Uruguay Adelante empezara a trabajar para el Estado. El convenio no se firmó con esta ONG sino que se utilizó la asociación civil “Empatía”, que prestó su personería jurídica mientras Uruguay Adelante se constituía en el plano formal. De esta manera, el Mides abrió la canilla del dinero y se dispusieron 65.000.000 de pesos, que se iban a transferir en dos partidas de 32.500.000 pesos cada una. Para continuar cobrando, Uruguay Adelante debía presentar una rendición de cuentas ante el Mides y el Ministerio de Economía y Finanzas.

A este primer convenio le siguieron dos más en el año 2021: en agosto, ya con Martin Lema como ministro del Mides, tras la salida de Bartol, se habilitaron otros 65.000.000 de pesos; y en diciembre otros 67.500.000.

Entrado el 2022, siguieron los convenios y el traspaso de dinero: en junio se habilitaron otros 67.500.000 pesos y en octubre otros 67.500.000 pesos. Así, Uruguay Adelante estuvo operativa recibiendo dinero por partidas hasta febrero de 2023.

En total, el Estado tras la firma de cinco convenios consecutivos le transfirió a Uruguay Adelante la suma de 332.500.000 pesos entre 2021-2022-2023. Por convenio, la ONG debía rendir cuentas del manejo de este dinero y el Mides se comprometió a llevar registro y evaluar el trabajo de la asociación civil”.

Con controles realizados por “una contadora amiga”, según reconoció Pérez Gazzano, y no por el estudio Guyer & Regules como había anunciado, el Mides nunca auditó a Uruguay Adelante.

El informe presentado por Madrid revela que el principal proveedor de la ONG durante todo el período de trabajo fue Tienda Inglesa, empresa a la que se le compraron insumos (arroz, adobo, leche, fideos, harina, azúcar, entre otros) por un total de 97 millones de pesos. El segundo proveedor en importancia fue la empresa Frescosur, que le proveía de frutas y verduras. Esta empresa, que no existía y se armó para este contrato, facturó a Uruguay Adelante cerca de 55 millones de pesos entre 2021 y 2023.

Por si esto fuera poco, la ONG tenía una “doble caja”, porque al mismo tiempo que les compraba insumos, ambas empresas hacían “regresar” el dinero a la ONG a través de una “segunda caja”. Uruguay Adelante tenía dos cuentas bancarias: una para administrar la plata que les llegaba del Gobierno y la otra para administrar la plata que le llegaba a la organización por aportes de “sponsoreos” bajo la lógica de “responsabilidad social empresarial”. Cómo se usó ese dinero es algo que ni la ONG ni el Ministerio han explicado.

Por su parte, el periodista Eduardo Preve, en su columna La tapadita de M24, informó que “el Mides, Ancap y la Anep le compraron comida hecha congelada por más de 17 millones de dólares a una empresa que tiene como un socio destacado al hijo de un fundador de la Lista 40 del Partido Nacional, que lidera el exministro de Defensa Javier García. La empresa mencionada es Blé Boulangerie y uno de sus principales socios es Fernando Aparicio Rachetti, cuyo padre, el dirigente blanco Fernando Rachetti, fue fundador de la Lista 40 del Partido Nacional”.

Preve agregó que esas ventas se han concretado a través de los procedimientos de compra directa, compra por excepción y licitación. El periodista confirmó que algunas compraventas por millones de pesos fueron observadas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

Preve reseñó numerosas compras realizadas mediante el procedimiento de la excepción por varios millones de pesos por parte de los tres organismos. “En el caso de Ancap casi todas las compras directas fueron por montos que van de 300.000 a 6,5 millones de pesos; una licitación fue por 20 millones; el ente compró por casi un millón de dólares. El INDA, a través del Mides, le compró a la empresa de Rachetti comida refrigerada para sus comedores. El TCR observó una licitación por casi 143 millones de pesos para proveer unas 560.000 comidas. En total el Mides le compró por 374 millones de pesos, unos 9,6 millones de dólares. La ANEP le compró a Blé Boulangerie un total de 264 millones de pesos, unos 6,8 millones de dólares. La cifra más importante fue 92 millones de pesos por una licitación para proveer 700.000 almuerzos.

Sumando esos 264 millones a 374 millones del Mides y 37 millones de pesos de Ancap, se llega a una cifra equivalente a 17,3 millones de dólares que el Estado le ha comprado a la firma de Rachetti. El periodista señaló que “el presidente de la República, Luis Lacalle, suscribió la reiteración de una compra del Mides observada por el TCR”.

Cuesta abajo

En los pagos donde nació Gardel también hay buen periodismo. En estos días la radio La Kandela de Tacuarembó denunció que el intendente Wilson Ezquerra compró un terreno rural en 32.000 dólares y se lo vendió a la empresa Ballintoy SAS en 210.000 dólares. Inmediatamente solicitó a la Junta Departamental el cambio de categoría del lote pasando de rural a suburbano y la declaratoria de interés departamental de las operaciones de la referida empresa.

Ballintoy es una empresa maderera y la recalificación de la tierra era imprescindible para obtener los permisos ambientales.

Ezquerra fue denunciado ante la Jutep por una posible conjunción del interés público con el privado. Si el organismo de contralor se expide condenando la actuación del intendente de Tacuarembó, seguramente será denunciado ante la fiscalía que podría formalizarlo porque los documentos presentados por La Kandela son a prueba de desmentidos.

Recientemente, y también en Tacuarembó, se informó que Susana Montaner, directora de OSE en representación del Partido Colorado, promovió la conformación de una “cooperativa” a cargo de uno de sus secretarios a la que luego el organismo contrataba para diferentes tareas en varios departamentos.

El “secretario” cobró al ente pero no pagó a los cooperativistas y muchos se quedaron sin trabajo y sin cobrar los salarios.

Artigas, el símbolo del nepotismo

El intendente de Artigas, Pablo Caram, fue reelecto en el 2020 como el más votado en la historia de su departamento con el 71,2 %. En su primer período (2015-2020) no tuvo ningún conflicto ético para integrar su gabinete con parientes. Su actual esposa, Karolina Gómez, se desempeñó como directora de Cultura. En tanto, Rodolfo Caram, primo y exdiputado, fue nombrado director de Desarrollo y, ya que estaba, su pareja entonces ingresó como funcionaria de la Intendencia.

Augusto Rodríguez, primo del cuñado del intendente, asumió como secretario general. Valentina Dos Santos Caram, sobrina y hoy diputada, también fue nombrada directora general. Su pareja, Omar Bicera, era encargado de proyectos. Por su parte, la escribana Elita Volpi, pareja del primo de la sobrina del intendente, asumió como intendenta suplente. Gustavo Dos Santos, primo del cuñado del intendente, asumió como director de Tránsito y Manuel Caram, primo del intendente, fue nombrado asesor en Desarrollo. A su vez, varios funcionarios municipales contratados con cargos de jerarquía, estaban vinculados a empresas que ganaban licitaciones.

La Jutep elaboró un informe lapidario sobre la gestión de Caram. Pero el Parlamento anterior jamás trató el tema. El Partido Nacional tiene 22 ediles en 31, por lo que no necesita para nada a la oposición.

Artigas recibe del Gobierno nacional más del 100 % de lo que recauda (989 millones de pesos contra 670 millones) y tiene un déficit de 10 millones de pesos. Cuenta con 1.571 funcionarios municipales, 213 cada 10.000 habitantes, incluídos los de la Junta Departamental. En lo que va de éste período ingresaron 173 funcionarios por designación directa y uno por concurso.

La Fiscalía de ese departamento investiga a Caram por el pago millonario de horas extras a algunos funcionarios. Un director municipal entregó a Fiscalía unos audios donde la diputada Valentina Dos Santos le ordenaba pagar horas extras, que no habían realizado, a funcionarios que respondían a su sector.

Un Salto muy Grande

En setiembre del año pasado renunció Carlos Albisu, presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Lo hizo en medio del escándalo por la contratación de 35 nuevos funcionarios en cargos de diferentes jerarquías y con importantes salarios. Los ingresados eran ediles de su sector político, Aire Fresco, liderado por Álvaro Delgado, y alguno del sector colorado liderado por Germán Coutinho. Incluso uno de ellos era socio de Albisu en un emprendimiento privado.

El diputado frenteamplista Nicolás Viera promovió una interpelación a los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, y Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, que se convirtió en la primera derrota parlamentaria del Gobierno porque integrantes de la coalición votaron con el Frente Amplio la solicitud de destitución de los funcionarios nombrados.

El presidente Lacalle Pou aseguró entonces que no “le iba a temblar el pulso en tomar decisiones sobre la CTM de Salto Grande” y que el Poder Ejecutivo se encontraba investigando de manera individual cada una de las contrataciones. "Si hay excesos seremos los primeros en ser contundentes al respecto”, afirmó.

Pero no solo no se fue contundente, el próximo domingo Albisu, el candidato de Delgado, pretende obtener los votos necesarios para que la convención departamental lo nomine como el candidato a intendente de Salto por el Partido Nacional.

Los “nombramientos” realizados por el expresidente de Salto Grande le costaron al país 200 millones de pesos que tuvo que desembolsar el Ministerio de Economía.

Maldonado no es un mundo aparte

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, anda con una libretita en la que anota el nombre de todos sus adversarios, según lo relató en Canal 11 de Punta del Este. También ordenó publicar en la web de la Intendencia los nombres de los ediles que no votaron la anuencia para un fideicomiso de 95 millones de dólares con el que pretendía licuar el déficit. Todo muy republicano y democrático.

En este departamento, en el año 2015, los ediles se votaron sus propios sueldos encubiertos con las fechas donde recibirían aumentos. La mayoría de la comisión de obras de la Junta Departamental está compuesta por ediles del Partido Nacional que a su vez son operadores inmobiliarios. O sea tienen intereses en las excepciones que votan.

A mediados del 2020, mediante un fideicomiso a 15 años, Antía licuó el déficit de casi 100 millones de dólares que dejó su gestión (2015-2020). Pese a contar con un presupuesto quinquenal de unos 1.000 millones de dólares, este año un dictamen del TCR estableció que la Intendencia acumuló otros 130 millones de dólares de déficit y sin grandes obras de infraestructura.

Pero hay más. El estudio jurídico-contable Monti-Maglione-Antía tiene un papel protagónico en algunas de las excepciones edilicias más importantes aprobadas por el Gobierno departamental. Fue una abogada de ese estudio la que adquirió, en nombre de los inversores, en 7 millones de dólares, un lote costero donde se construye la segunda parte del complejo “The Colette”.

Pilar Antía, hija del intendente, es socia de ese estudio que administra el complejo, una de las construcciones más refinadas, ubicada en Manantiales y que tuvo muy importantes excepciones edilicias. También administran otro edificio ubicado detrás del hotel Montoya en La Barra, otro de la constructora Saceem en parada 6 de la Playa Brava y uno en el barrio La Loma en Maldonado. También las Torres del Este 1 y 2, en proceso de construcción, aprobadas con muchísimas excepciones y el Shopping Paseo del Este del empresario Héctor Liberman, ubicado en la Perimetral y ruta 39.

Otra de las hijas de Antía fue contratada por el grupo De Posadas para realizar un estudio de impacto ambiental en un fraccionamiento de su propiedad ubicado en cercanías de Punta Colorada.

El estudio Posadas, Posadas & Vecino a su vez está contratado por la Intendencia para gestionar la recuperación de adeudos por contribución inmobiliaria. Pese a que la oposición ha realizado varios pedidos de informes, la Intendencia nunca explicó cuánto dinero logró recuperarse y a manos de quién pasaron los lotes, eventualmente, rematados.

El arquitecto Roberto Chiacchio, director general de Planeamiento y Urbanismo de la Intendencia, tiene intereses concretos en el hotel de campo que el empresario argentino Daniel Finkelstein pretende construir sobre la franja costera de José Ignacio, ya que su hijo ha sido contratado como arquitecto responsable de la obra.

Ruben Darío Pérez, exsocio de Antía en la empresa Pueblo Jardín, fue contratado como director municipal responsable de Parques y Jardines en el período 2015–2020.

El diputado y exsenador suplente Rodrigo Blás defraudó a la DGI, según denunció Brecha en el año 2014. El fiscal Luis Pacheco no lo formalizó, pese a considerarlo culpable, porque se basó en el artículo 11 de la instrucción de priorización de la persecución penal en el sistema no acusatorio, que curiosamente había sido modificado dos días antes y le permitía al fiscal solicitar la imputación.

Pero la Inmobiliaria Blás tuvo que pagar, entre el 2018 y el 2020, unos cuatro millones de dólares que le impuso como multa la DGI. A él, a su esposa, a su socio Darwin Correa, también edil herrerista, y a otros tres profesionales a los que el organismo recaudador consideró responsables de la maniobra. Con ese antecedente, Blás pretende este domingo lograr los votos para que la convención lo nomine como uno de los tres posibles candidatos blancos a la Intendencia de Maldonado. Antes que eso ocurra, tal vez la Jutep ya haya emitido un informe sobre la investigación que realiza por presuntas falsedades en su declaración jurada.

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