Ejecución del proyecto suspendida por 90 días
La semana pasada, el Poder Ejecutivo y el consorcio de Aguas de Montevideo acordaron suspender por 90 días la ejecución del proyecto Neptuno, que contempla la construcción de una planta potabilizadora en las inmediaciones de Arazatí, en el departamento de San José. En este periodo ambas partes renegociarán los términos establecidos en el contrato.
Movus sostiene que técnicamente "los únicos a favor del proyecto son los técnicos contratados por el Consorcio para defenderlo", mientras que la opinión de la academia va en sentido contrario. "Existen fuertes razones para oponerse en lo ambiental y técnico", señala Movus, "comenzando por la inseguridad del Río de la Plata como fuente de agua para la potabilización y la salinidad en la zona".
"Diferentes voceros del actual gobierno han aceptado la inconveniencia del lugar elegido por las empresas para el proyecto, lo caro de la financiación aceptada en el contrato (50 millones de dólares anuales durante 17 años) y la insuficiencia del proyecto para asegurar el suministro de agua a la población", continúa el comunicado.
"Pero más allá de estos argumentos racionales y fundados, la razón para no seguir adelante con el contrato firmado es la ilegalidad del mismo", remarcan. El acceso al agua "es un derecho humano" que debe permanecer "bajo la gestión pública" para garantizar su distribución equitativa y sustentable, dice Movus.
Otras organizaciones sociales
Por su parte la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) y la agrupación Tucu Tucu presentarán una nueva acción judicial contra la iniciativa, que pretende construir una planta potabilizadora en la zona de Arazatí (San José), con una toma de agua en el Río de la Plata, para abastecer al área metropolitana.
Según se supo, en los próximos días promoverán un juicio de nulidad contra el contrato del proyecto Neptuno firmado por la anterior administración, el cual, sostienen, es violatorio de la Constitución de la República.
