Uno de los elementos más llamativos que surgió de la auditoría —y que fue difundido públicamente este sábado por El Observador— refiere a la utilización de ambulancias destinadas al Ministerio de Desarrollo Social. Según la información, no existían controles adecuados sobre su operativa, y se llegó a pagar alrededor de 800 mil dólares por una unidad que realizaba, en promedio, un traslado cada dos días, lo que refuerza las sospechas sobre ineficiencia o mala gestión de los recursos.
Gobierno de Lacalle Pou
La decisión de ASSE tuvo un impacto inmediato en el escenario político. Desde el oficialismo se defendió la denuncia como una obligación institucional frente a hechos que ya habían sido observados por organismos de contralor. En esa línea, se sostiene que la judicialización del caso responde a la necesidad de esclarecer responsabilidades y garantizar transparencia en la administración pública.
En contraste, desde la oposición y los involucrados se cuestionó con dureza la medida, calificándola como un “ataque político y personal” sin sustento jurídico sólido. La denuncia, sostienen, estaría motivada más por intereses políticos que por evidencia concluyente de irregularidades.
El propio Cipriani rechazó las acusaciones y planteó que la ofensiva en su contra busca trascender su figura para impactar en la imagen del gobierno de Luis Lacalle Pou. “Están queriendo generar un humo de que hubo irregularidades y corrupción”, afirmó, al tiempo que aseguró enfrentar la situación con “tranquilidad” y confianza en que no se comprobarán ilícitos.
La denuncia penal marca el inicio de una nueva etapa en este proceso, que pasará ahora al ámbito judicial. Allí deberá determinarse si las observaciones administrativas y contables detectadas configuran efectivamente delitos o si se trata de decisiones de gestión cuestionables pero no punibles.
