Uruguay: superior en presos y con sistema penal "perverso"

Hasta 2019 se registraban 11.789 presos pero, tres años más tarde, finalizando 2023, el sistema penitenciario incrementó en 3.680 la cantidad de personas privadas de libertad. La actual cantidad de personas recluidas -15.469- colocan a Uruguay décimo en el mundo en cuanto a cantidad de personas presas per cápita y primero en Sudamérica.

El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, indicó durante el encuentro que este incremento se atiende con la misma cantidad de recursos que se tenían antes de la suba. Además, Mendoza concluyó que “ha aumentado la cantidad de homicidios y eso se replica en las cárceles. Las adicciones de drogas es la mayor preocupación porque suma dificultades de ubicación física y convivencia, porque no todos los reclusos pueden ir a cualquier cárcel. De los más de 15 mil presos en los 26 centros penitenciarios, 6.088 personas privadas de libertad están estudiando. “El desafío es ver la cárcel como una oportunidad y no como castigo”, dijo Mendoza.

Por su parte, la fiscal Mirta Morales, especializada en homicidios, dijo a Caras y Caretas que a partir del Nuevo Código de Proceso Penal “la prisión preventiva se solicita en la Justicia en función de los riesgos procesales que se verifiquen: entorpecimiento de la investigación, riesgo de fuga, peligro para la víctima”. La fiscal respondió que “en estos casos no se trata de un adelanto de la pena sino una medida cautelar para evitar alguno de estos riesgos procesales”. Los riesgos procesales se presumen cuando se trata de una violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor cuando se trate de que la víctima sea menor de edad, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio agravado y delitos de lesa humanidad y vinculados a estupefacientes.

Relacionado con la cantidad récord de personas privadas de libertad, se encuentra el tema de las penas establecidas en el Código Penal. Tras el encuentro organizado por parte del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Miguel Petit dijo que “es un gran desafío para el próximo gobierno revisar la excesiva dosimetría de algunas penas”. Recordó la muerte en el marco de la pandemia del recluso Eduardo Vidal, quien estaba privado de su libertad por plantar marihuana en su casa y que por ello se le condenó con más de 2 años. “Una pena muy severa”, dijo Petit.

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, dijo que en una opinión consultiva la CIDDHH sentenció al Estado de Brasil a computar a un recluso el doble del tiempo que había permanecido en la cárcel debido a las condiciones de reclusión. “El Estado debe ser garante de que no produzcan violaciones a los derechos humanos y evitar la multiplicación de personas en espacios reducidos padeciendo tratos crueles y degradantes. Por eso debe haber jueces de ejecución que hagan seguimiento de casos”.

En Uruguay hay tratos crueles y degradantes -sentenció Pérez- y la emergencia carcelaria no tuvo resultado porque, para que esto ocurra, “nos debemos preguntar cómo se cierra la fábrica de adolescentes y adultos infractores y eso implica política de seguridad: acá es al revés porque se prefiere el encierro. Pérez Manrique dijo que lo que se obtiene es una tasa de reincidencia que se ubica en 60 %.

Agregó que la violencia en las cárceles puede ser tal, como se ha verificado, que la persona agredida “puede llegar al punto de no poder pedir ni auxilio”.

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que “hay cárceles que se consideran mejores y hay categorías de presos” al tiempo que “también la ubicación de un recluso es parte de un negocio”.

Pérez definió que el nuevo Código de Proceso Penal tiene muchas ventajas pero subrayó que “los acuerdos a los que llegan fiscal e imputado tras el juicio abreviado implican que el imputado cumpla prisión efectiva. Es una exigencia que hace el fiscal”, dijo Pérez Manriquem y agregó que los procesos o juicios abreviados -que en 2022 en Uruguay significaron que 91 % de las imputaciones se resolvieran mediante esa vía de resolución de conflicto- “terminan derivando en el aumento de la prisionización”. Pérez dijo que es parte de la lógica del sistema acusatorio, es decir, que sólo se realice “un 5 % de juicios orales y esto ha generado un proceso perverso que provoca, también, aumento de hacinamiento”.

Consultada por Caras y Caretas, la fiscal Mirta Morales dijo que “las condenas que surgen de los juicios abreviados, independientemente de la estructura que se aplique (juicio oral o abreviado), las impone el Código Penal y las reformas al CPP que impide en muchos casos aplicar penas que no sean de prisión”.

El presidente de la CIDDHH agregó que “cada Estado tiene derecho de implementar su política de seguridad, “que será legítima mientras respete los derechos humanos”. Añadió que “la prisión preventiva sigue funcionando en los hechos igual que antes de la implementación del nuevo sistema penal” y que dependa solamente de que el fiscal lo solicite “va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Pérez resumió: “Si tengo una política que multiplica presos el problema nunca se arreglará”.

Agregó que “las políticas carcelarias responden solo a incapacitar y encerrar y el otro que se arregle… pero, a todo esto, el otro que se tiene que arreglar es la sociedad que es la que recibe a la persona cargada de violencia”. Rehabilitar personas -indicó Pérez Manrique- es tema de calidad democrática, al tiempo que subrayó que “la mayoría de quienes delinquen lo hacen por necesidad y bases culturales”. Pérez Manrique sostuvo que es muy difícil revertir este panorama “con países que tratan de portar modelos del estilo de la Alemania nazi”.