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El preludio de un año complejo

Políticas de Estado y líneas quebradas

La política trazada por el gobierno en relación a la emergencia de los autoconvocados ha sido poco menos que impecable. No obstante, ha sido opacada por medidas sorprendentes, discordantes con el abordaje serio y eficiente que se ha adoptado hasta el momento.

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Una observación superficial de los hechos acontecidos en poco más de un mes en nuestro país nos mueve a pensar que estamos viviendo una situación sumamente extraña, y eso al menos por tres factores. El primero es la celeridad con la que se han procesado los acontecimientos a partir del acto de los autoconvocados de Santa Bernardina. El segundo es que las réplicas y contrarréplicas que se han procesado entre el gobierno y los emergentes del sector agropecuario han seguido una suerte de línea quebrada en la que los movimientos de una y otra parte por momentos responden a la estricta lógica de las confrontaciones sociales y, por otro, parecen monitoreados por un ajedrecista demente, que regala espacios trabajosamente adquiridos. Un tercer factor es la persistencia de la sequía, que ha obligado al gobierno a declarar zona de emergencia las zonas más afectadas por el fenómeno, a saber el territorio que cubren los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó y Durazno.   El impulso y su freno El curso sinuoso y poco claro de este proceso ya estuvo claro desde la naturaleza de los discursos y proclamas de los autoconvocados, que alternaban aforismos neoliberales en el discurso de Eduardo Blasina, con apelaciones emotivas, de parte de Serrano Abella, desembocando en una desconcertante proclama que en sus puntos principales se aparta de los puntos contenidos en el diagnóstico y dedica siete de los diez puntos a apuntar sobre el agobio de la economía que produce un aparato estatal hipertrofiado. De inmediato, el gobierno actuó con diligencia y tomó medidas para paliar las demandas más urgentes, particularmente de aquellos sectores que por su escala, su crónico endeudamiento o por los efectos de la recesión, se encuentran en situaciones límites. A saber, la agricultura familiar, productores lácteos, arroceros y colonos. Las medidas adoptadas constituyen paliativos, que, no obstante, se tornaban imprescindibles. Por ejemplo, la habilitación de un fondo para la lechería, por un monto de 36 millones de dólares, que amplía cuantitativa y cualitativamente los beneficios dispuestos en el proyecto original y la rebaja del precio del gasoil para la producción hortifrutícola y para los productores lecheros y arroceros. Las medidas fueron vistas con beneplácito por los beneficiarios y en alguna medida abrieron una brecha en el frente relativamente compacto que habían conformado los autoconvocados. Sin embargo, el gobierno no se queda allí, sino que habilita la presencia de los rurales díscolos (que no se sienten representados por las gremiales tradicionales) en la mesa de diálogo. Es decir que por un momento los dejan sin capacidad de réplica. No puede extrañar, entonces, que la vigilia a la que los autoconvocados llamaran en su campaña progresiva de medidas, terminara en un indisimulable fracaso.   Consolidando el respeto Esa suerte de doble poder que habían pretendido instaurar los autoconvocados fracasa rotundamente. Es más, la campaña centrada en la reducción de los costos del Estado no tiene los efectos deseados y, más aun, se transforma en un tiro por la culata, ya que la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) demuestra que la desorbitación y las irregularidades de la contratación de personal del Estado están radicadas fundamentalmente en las intendencias controladas por la oposición y que las contrataciones de la administración central han sido, tanto en cantidad como en las formalidades requeridas, mucho menos cuantiosas que las verificadas en las intendencias opositoras. En todo caso, da pie a la oposición para que estribe en la temática del nepotismo del Estado, lo que no deja de ser un chisporroteo que denuncia la falta de estrategia de la que adolece, además de estar incursa -en algunos casos de manera escandalosa- en el fenómeno que denuncia.   El perfil sombrío de los autoconvocados La prolijidad con que hasta ese momento se había manejado el movimiento autoconvocado comenzó a desdibujarse luego del incidente que mantienen una veintena de adherentes convocados en las puertas del MGAP con el presidente de la República, que al ser tratado de “mentiroso”, enfrenta al interpelante y da lugar a una ríspida escena, en la que Tabaré Vázquez enfrenta personalmente -y sin salirse del libreto- al agravio y al agraviante, lo que no sólo deja bien parada su figura ante la opinión pública, sino -y fundamentalmente- a la institución que representa. Hasta allí, podríamos decir que el primer round lo gana con holgura el gobierno Si continuamos con la analogía boxística, nos encontramos con que el gobierno también gana el segundo round. Si en el primero había restablecido la consistencia y efectividad de las políticas centrales, en el segundo no se deja avasallar, lo que, al menos gestualmente convoca al respeto del presidente y la institucionalidad, cuyo desborde o fragilidad hubiera sido perjudicial en esas circunstancias.   El primer quiebre Pero es allí donde aparece el primer quiebre en esa línea rigurosa que estaba manteniendo el gobierno. Aportando un panorama de la situación del sector, la presidenta del Instituto de Colonización (Jacqueline Gómez) aporta su visión de las realizaciones del INC, de su fortalezas, de sus debilidades, de la cantidad de colonos que continenta, de su importancia en términos productivos y de ocupación y del escaso nivel de endeudamiento que posee. De paso, y ante requerimientos de la prensa, traza un perfil del provocador que increpó al presidente en nombre de la Mesa de Colonos. Describe todas las infracciones en las que está incurso, concluyendo que su estatuto se condice más con el de un ocupante que con el de un colono. Allí, Presidencia incurre en el primer error. Hubiera sido muy sencillo incluir en su página web la impecable viñeta del sector trazada por Gómez, aun realizando una variante de la entrevista, que para eso periodistas le sobran. Pues no, realiza un comunicado -del todo inusual- desnudando la situación patrimonial del colono-provocador, en algo que puede ser leído como una pequeña vendetta, por lo demás del todo obviable. Hay que aclarar que grandes deudores que están causando perjuicios enormes al país no son escrachados -en forma de comunicado- por una página que por norma se dedica a otros menesteres. Allí aparece, por primera vez, la línea quebrada a la que nos referíamos. El episodio puede considerarse menor, particularmente por la insignificancia del personaje implicado y lo pasajero del episodio, pero luego de otros aciertos del gobierno, estos quiebres desconcertantes se volverán a reiterar.   La expansión de la protección El 19 de febrero, el gobierno da un nuevo paso en su auxilio a los sectores sujetos a la emergencia. Rebaja el gasoil y la contribución rural también a pequeños ganaderos propietarios o arrendatarios de predios de hasta 1.000 hectáreas. Es decir, amplia el radio de acción de un beneficio que ya se había otorgado a hortifrutícolas, arroceros y lecheros. En términos políticos y organizativos es un nuevo golpe que se aplica al heterogéneo movimiento autoconvocado, que ya comienza a mostrar fisuras, al tiempo que se expande la presencia del Estado sobre el sector agropecuario más vulnerable. Simultáneamente se agrega un elemento de previsión, específicamente dirigido al sector ganadero. A diferencia del bienio anterior, la sequía muerde y el déficit hídrico se agravará en el invierno, por lo que se dispondrá de los fondos agropecuarios para atender emergencias (que por otra parte ya están planteadas), lo que implicará la compra de raciones para los animales, los fondos para las cuales estarán disponibles al llegar el momento. A posteriori de estas medidas, que embretan más aun al movimiento autoconvocado, empeñado en negociar en bloque, mientras el gobierno, acertadamente, lo hace sector por sector, se difundió una cadena presidencial, en la que el gobierno dio cuenta de lo actuado durante su gestión, particularmente en lo referido al sector agropecuario.   La irrupción de la posmodernidad El día esperado volvió a manifestarse otra vez la línea quebrada a la que hacíamos referencia. En lugar del presidente leyendo la proclama de gobierno, apareció la figura de Fernando Vilar, el periodista televisivo que durante años llevó la crónica criminal al paroxismo desde las pantallas de Canal 4. No interesa demasiado por qué la elección recayó en Vilar, que por otra parte tiene experiencia más que suficiente para manejarse ante las cámaras. Probablemente haya sido recomendado por Juan Salgado, asesor honorario del mandatario, sobre el que tiene una fuerte influencia. La pregunta es si había necesidad de proceder ese gambito inédito para difundir un mensaje político de primer nivel, tal cual lo marca la historia. Desde que la radiodifusión existe, las cadenas de radio y televisión han sido la modalidad por excelencia para lograr una comunicación directa con la ciudadanía. Incluso se las puede visualizar como un termómetro que permite medir el grado de empatía que existe entre el presidente y quienes le confirieron el rango de conductor. ¿Es acaso que las técnicas de marketing han predominado ante el cara a cara que debe tener un mandatario ante su pueblo? Sea cual sea la respuesta, la tercerización del mensaje, utilizando para ello a un comunicador polémico se constituyó en una novedad que dejó muchas interrogantes en el aire. Parecería que Vázquez pretende ser el primer mandatario en incursionar en la dimensión mediática de la posmodernidad.   El turno de la genuflexión Si esta nueva línea quebrada genera una complicación adicional en el frente interno del gobierno y da argumentos a una derecha que no alcanza a salir de su atonía, el pasado viernes, a las determinantes internas se sumó una externa de magnitud y, por añadidura, absolutamente innecesaria, como lo fue el cambio del voto de nuestro país en relación al tema Venezuela, exhortando al país hermano a dejar sin efecto las elecciones nacionales fijadas para para el próximo 22 de abril. Un gesto que además de intersectarse con una situación interna delicada (y de ser por lo mismo absolutamente extemporáneo), priva al país de ejercitar la diplomacia equidistante, neutralista y mediadora que ha sido uno de sus principales atributos; aparece como inútil y genuflexo, ya que el voto 18 que habilitaría la declaración injerente del Grupo de Quito, ya estaba, y el 19, emitido por Uruguay, era perfectamente inútil en términos fácticos. Notoriamente, esta decisión, sumada a las irritantes declaraciones del canciller Rodolfo Nin Novoa, generó fisuras en una interna oficialista que se había encolumnado disciplinadamente junto al gobierno en su manejo del tema agropecuario. Por otra parte, de manera absolutamente gratuita. En resumen, las decisiones de Estado y los grupos técnicos que manejaron y manejan la emergencia agropecuaria (que está lejos de ser conjurada), actuaron con singular eficiencia y en ese aspecto el gobierno se fortaleció. Pero es de sospechar que la cadena de decisiones que hace a las políticas de Estado está polucionada por otros intereses, que al decir de la expresión popular “destruyen con las patas lo que se construyó con las manos” y el resultado de ello, la duda y el escepticismo.  

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