Problemas de fondos

Fotos: Dante Fernández

En 2015, el Poder Judicial tuvo un déficit operativo de casi 10 millones de pesos. Si a esto se suma el aumento de costos por la inflación proyectada, y que el Presupuesto no contempló dinero para el desarrollo de diversos planes, se estima que ese déficit podrá crecer aun más. Por esto, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó al Poder Ejecutivo un refuerzo de fondos por unos 150 millones de pesos para atender las necesidades básicas del servicio y cumplir con otras prioridades, como la instalación del Código Aduanero. Así lo explicó a Caras y Caretas Portal el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique.

Pérez Manrique, quien asumió este lunes 1º de febrero por primera vez como presidente de la Corte, afirmó que los últimos años no fueron fáciles para el Poder Judicial. Dijo que el conflicto salarial, que ocupó el centro del debate todo este tiempo, “dificultó y contaminó” el relacionamiento con el Poder Ejecutivo y el Parlamento, lo que se reflejó en la discusión presupuestal. En este sentido, el magistrado dijo que la Corte está abierta a retomar el diálogo y buscar nuevas soluciones, para que esta situación no afecte la calidad del servicio.

También anunció que la falta de recursos retrasará el desarrollo del plan estratégico que tenía previsto impulsar el Poder Judicial, así como dificultará la aplicación del Código Aduanero (que entrará a regir el próximo 1º de marzo) y del propio Código del Proceso Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para febrero de 2017.

¿Qué evaluación hace usted de lo que fue el año 2015 en relación al sistema judicial?

A partir de 2013, la situación del Poder Judicial ha sido difícil. Se han producido acontecimientos que han motivado la atención pública, de la Corte, el Poder Judicial y el sistema político. En 2015 estuvimos todo el año, hasta diciembre, con el tema del conflicto salarial. Con el dictado de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley 19.310, el Poder Ejecutivo convocó a los gremios del Poder Judicial y a la SCJ a los efectos de acordar una propuesta de reglamentación de la ley, que había sido demorada a la espera de la sentencia. Sobre fin de año hubo un acuerdo de todos los gremios del Poder Judicial, pero también con la buena voluntad de la Corte, para distribuir lo que eran diferencias generadas desde 2014, e incorporar un aumento del salario que será de 7,5%, aproximadamente, de manera permanente, aunque no formalmente integrado al salario hasta tanto se resuelvan los litigios. Eso fue acompañado por la firma de una cláusula de paz por la que los gremios se comprometen a no realizar nuevos conflictos derivados del reclamo salarial, lo que significa que ese tema parecería haber encontrado un cauce de regulación.

En paralelo, en el año 2015 se instaló un nuevo gobierno, del mismo partido pero con diferencias naturales. En ese marco se dio la discusión de un nuevo Presupuesto. Sobre este tema, entiendo que hay una sóla lectura: el conflicto salarial, que ocupó el centro de la escena todo el año, dificultó y contaminó el relacionamiento con vistas a la solución del tema presupuestal. Eso es tan así que partimos de un Presupuesto elaborado por el Poder Judicial que no fue recogido en absoluto por el Poder Ejecutivo. Es la primera vez que se envía un proyecto de Presupuesto sin siquiera la existencia del inciso Poder Judicial, pero durante la discusión parlamentaria aparece el inciso, con algunos artículos sin costo. Esto quiere decir que iniciamos 2016 con un Presupuesto que no ha recogido ningún incremento ni ninguna de las propuestas del Poder Judicial, y nos devuelve la línea de gasto de funcionamiento y suministro y de inversiones a valores del año 2010, con una inflación de más de 40% en el quinquenio.

¿Qué planes fueron afectados por esa situación?

Los planes a mediano plazo se afectaron todos, porque no tenemos dineros para afrontarlos. La mejora de cosas que estaban en funcionamiento, como la necesaria mejora de la Defensoría Pública y la expansión de los Centros de Mediación a toda la República, no se puede hacer porque no hay fondos. Pero lo más grave es que ya el año pasado, con un refuerzo importante del Poder Ejecutivo –que hay que reconocerlo– mediante un aporte extrapresupuestal, quedamos con un déficit de casi 10 millones de pesos, que tuvo que ser cubierto con trasposición de rubros para que el Poder Judicial pudiera comprar papel, lápices, y pagar todos los insumos hasta el 31 de diciembre. Está planteado que en 2016 vamos a necesitar, para poder funcionar y mantener un nivel mínimo de funcionamiento, 76,8 millones de pesos, y para poder mantener una obra que es muy importante y arreglar cosas mínimas en las sedes que están en funcionamiento, vamos a necesitar 50 millones de pesos. Eso ya se ha pedido y estamos a la espera de la decisión política y económica del Poder Ejecutivo. Además está lo referido a la entrada en vigencia del nuevo Código Aduanero, que serían unos 20,8 millones de pesos. Todo esto está en manos del Poder Ejecutivo; se le han transmitido las solicitudes. Esta cantidad de dinero puede tener muchas formas de pago, no tiene que ser todo al contado, se puede ir espaciando en el año, pero es lo que necesitamos de manera imprescindible. Estamos abiertos al diálogo, pero todo diálogo necesita de dos interlocutores.

¿El diálogo con el Poder Ejecutivo ha mejorado después de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 19.310?

El último contacto que hubo con el PE fue a través del Ministerio de Trabajo –que fue muy bueno, muy abierto–, en relación al conflicto salarial, que se pudo solucionar con la madurez de los gremios. No sabemos cómo será el diálogo con el PE este año. Toda la Corte está abierta al diálogo, yo soy un hombre de diálogo; con este presidente, como con los anteriores, van a tener las puertas abiertas del despacho y la disposición de ir al lugar que sea necesario, para poder conversar y acordar.

¿A qué atribuye la situación que se generó en el último año?

No puedo, en la investidura que tengo, juzgar intencionalidades políticas. Creo que este conflicto salarial contaminó el diálogo, lo deterioró, y hubo un problema importante que se ve reforzado con la no respuesta presupuestal.

¿Fue el momento de mayor tensión que recuerda entre poderes desde que está en el Poder Judicial?

Hubo otros momentos muy complicados. El año 2013 fue muy duro, con la ocupación de la Corte, la discusión sobre la posición de la Corte en temas de inconstitucionalidad de algunas normas notorias. Fue un año muy difícil. El año 2014 también estuvo dominado por todo el conflicto salarial. Pero también hubo otros momentos de tensión. Recuerdo el conflicto salarial de 1985, en que el presidente [Julio María] Sanguinetti tuvo una actitud bastante dura con respecto a los funcionarios judiciales y el Presupuesto. Históricamente hubo momentos complejos, no puedo evaluar cuál ha sido el más difícil.

¿Considera que este conflicto ha dañado la imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía?

Más que la imagen del Poder Judicial, me preocupa el tema institucional. La democracia es la forma cómo los seres humanos, a partir de normas constitucionales, elegimos a nuestros gobernantes en un clima de libertad y participación. Pero también la democracia es republicana, y la República significa que no hay personas con un privilegio especial, que los poderes están claramente separados y que hay un funcionamiento armónico y de respeto recíproco a las competencias de cada uno de ellos. Acabamos de ver una encuesta de The Economist que coloca a Uruguay entre las 20 democracias plenas del mundo. Uruguay está en el lugar 19º de 20; por debajo está Estados Unidos. Y sugestivamente en la encuesta del Foro Económico Mundial sobre independencia judicial y autonomía de las decisiones, el sistema judicial de Uruguay está en el número 20 del mundo. Hay una ligazón directa entre la independencia judicial y la calificación de una democracia plena. Por eso, hay que trabajar para que el ciudadano de a pie entienda que sin un Poder Judicial independiente no existe Estado de Derecho ni posibilidad de una vida republicana. ¿Esto afecto la imagen? Ver el edificio central de la SCJ ocupado a raíz de un conflicto salarial de los funcionarios es una imagen que, en lo personal, me generó mucha preocupación y mucho dolor.

¿Usted considera que los jueces tienen posibilidad de hacer huelga?

Esta misma pregunta se la hicieron a un alto representante de la Organización Internacional del Trabajo [OIT], Mario Eduardo Ackerman, que dictó una conferencia en la sede de la Asociación de Magistrados del Uruguay, y la respuesta no pudo ser muy concreta, porque depende de cada sistema. Por un lado, los jueces tienen un régimen muy especial; todos los órganos de derechos humanos reconocen que tenemos un estatuto especial en virtud de nuestra función, y tenemos muchos de nuestros derechos restringidos, como el de libertad de expresión, participación política, o lo que tiene que ver con nuestro relacionamiento con la sociedad, porque el cargo de juez tiene que estar presente cuando se interactúa con el resto de la población. Pero hay una cosa que es indudable: hay un servicio esencial como es el de determinar cuándo una persona debe quedar en libertad o no, o en los temas que son de urgencia en materia de familia o laboral. No puede suceder, en un Estado de Derecho, que no exista un juez para resolver.

¿Cómo puede afectar la imagen del Poder Judicial que los jueces decreten una huelga?

Estaríamos haciendo futurología, porque depende de cómo los magistrados se manejan en su relación con la ciudadanía para explicar el conflicto. Pero ese es un problema que tiene todo gremio. Basta referirnos al gremio del transporte y la forma en que adoptan las medidas; más allá de que nadie discute que los trabajadores del transporte puede realizar huelga, es muy difícil que la ciudadanía acepte que el transporte público se interrumpa. Con los jueces pasaría algo de eso, y no sé cómo lo tomaría la ciudadanía. Es una situación complicada. Por eso hay que tener prudencia institucional para evitar que estos conflictos degeneren en problemas de ese tipo, ni que haya gente que se sienta con la potestad de tomar medidas extremas.

En el momento de mayor tensión en el conflicto, ¿se intentó interceder para aplacar la situación y evitar que se llegara a la huelga?

La SCJ siempre tuvo un muy buen relacionamiento y un diálogo permanente con todos los gremios. Pero en ningún momento se pretendió –ni correspondía ni era pertinente incidir en sus decisiones. Los gremios se manejaron con total autonomía; no correspondía que la Corte disuadiera a nadie. Tuve participación gremial y recuerdo una lucha presupuestal, hace unos quince años, en la que los jueces del interior vinieron con un planteo de posible huelga; fue una asamblea muy intensa, muy dura, en la cual finalmente se resolvió no tomar la medida.

¿Considera que los jueces más jóvenes tienen una actitud distinta a la de los jueces de su generación, en cuanto a la intensidad de sus reclamos en defensa de sus derechos?

El mundo evoluciona, y esto tiene que ver en cómo trasmite el Poder Judicial y cómo se hace conocer entre los ciudadanos de a pie. Este mundo no es el mismo mundo de cuando nosotros empezamos a ser jueces. Los jueces hoy tienen una capacitación previa para ser tales, una formación con otras características, y estamos en un mundo en que hay una fuerte preparación y una gran gimnasia en cuanto al reclamo de los derechos de cada uno. Es cierto que los jueces jóvenes son más radicales en el reclamo de algunas cosas, pero es natural que una persona joven que recién empieza en una carrera aspire a cambiar y mejorar lo que pueda.

LA CORTE Y EL CPP

En este contexto económico, ¿el Poder Judicial está preparado para enfrentar el cambio en el CPP y asumir su nuevo rol en el proceso penal?

En ese panorama, tenemos el desafío inmediato del Código Aduanero y el mediato de la aplicación del CPP, que implica un cambio en la matriz del sistema penal, que prevé audiencias orales y públicas. Alegando la falta de fondos, el PE envió un proyecto intermedio en el que se aplica a partir del 1º de febrero de 2017 todo el CPP, menos las audiencias públicas y orales, y a partir del 1º de febrero de 2019 el sistema de audiencias. Esto se hace a los efectos de que producido el suficiente fortalecimiento del Ministerio Público, el Poder Judicial puede aplicar esta fórmula híbrida sin costo, o con costo cero. Terminantemente, esto no es posible. Sin fondos, esto no se puede aplicar. Si el CPP impone que los juzgados que atiendan con el nuevo CPP no pueden seguir trabajando con el sistema viejo, vamos a tener expedientes con el sistema viejo y otros con el nuevo sistema. Se tendrán que crear juzgados, cargos de jueces y estructuras para que empiecen a trabajar con el nuevo sistema. Ya lo hemos dicho: sin recursos, aun en esta forma remedada, no es posible aplicarlo. Esto generará a futuro un problema: el día que haya que hacer la transición, existirán juicios con el actual CPP, juicios con el CPP modificado y, finalmente, un tercer tipo de juez que deberá atender los juicios con audiencias públicas y orales.

Hemos visto en el exterior que hay países que han hecho fuertes inversiones; un ejemplo exitoso y respaldado científicamente es el de Chile, donde se ha acudido no sólo a una fuerte inversión del Estado, sino también a préstamos blandos de organismos internacionales –para sustentar la parte de capacitación y formación– y, a su vez, a la participación público privada (PPP), para la construcción de un Centro de Justicia en Santiago. Es una instalación modelo, con un centro de detención fabuloso; es un edificio que no es del gobierno de Chile, sino de una empresa española que hizo una PPP a través de una concesión y a la que el gobierno de Chile le paga un canon por la utilización del edificio, más siete servicios, en los que el sistema judicial de Chile sólo pone el mobiliario, computadoras y el personal.

¿Usted considera que sin esos recursos se debería prorrogar el comienzo del mismo CPP?

Hay que sentarse a discutir todas las alternativas. Aparentemente, el PE ha tomado la iniciativa de promover esta reforma de la reforma, y me gustaría poner sobre la mesa todos los recursos.

¿Existe la posibilidad de proponer la prórroga de la vigencia de todo el CPP?

No estoy hablando de prórroga, porque puede ser malinterpretado. Si me llaman a informar de un proyecto, no tengo posibilidad de diálogo sobre todo el asunto: debo enfocarme en informar sobre ese proyecto.

¿Cómo percibe la situación de disparidad entre los recursos que recibieron el Ministerio Público y el Poder Judicial?

Frente a las nuevas competencias del MP y una reforma que ha sido muy importante desde el punto de vista institucional, era necesario este aporte de recursos. Pero de la misma forma creo que era necesario el aporte de recursos al Poder Judicial, por ejemplo, para mejorar la Defensoría Pública, porque habría que medir el desarrollo del MP en cuanto a la investigación criminal y luego en el procesamiento de los casos, con la contraparte, que no es el juez, sino la defensa. Todos sabemos que en materia penal más de 90% de los casos son defendidos por defensores públicos.

¿Esta disparidad está afectando a los justiciables?

Esta disparidad, si se mantiene en el tiempo, va a afectar el derecho a defensa. En este régimen vigente, mucho más. Si tengo un fiscal letrado, con dos fiscales adscriptos o adjuntos, la fiscalía está cubriendo tres casos a la vez, en simultáneo, mientras en el interior existe un solo defensor penal. Este es un problema importante, es uno de los temas estructurales que estaban planteados en el Presupuesto –un refuerzo fuerte de la defensoría– y que no lo hemos tenido.

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EL PODER JUDICIAL Y SU PLAN ESTRATÉGICO

El presidente de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, afirmó que el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Judicial estaba estrechamente vinculado con las necesidades financieras para cumplir con el plan estratégico elaborado en 2014, con la participación de jueces de todas las categorías, funcionarios, técnicos y la sociedad civil, para el Poder Judicial. Ese plan tiene como objetivo que el Poder Judicial funcione en forma “más eficaz”, apuntando a la satisfacción del usuario, desde el que asiste a un juzgado porque es actor, demandado o testigo, hasta la imagen que ese servicio proyecta en la sociedad.

“El resultado presupuestal significa que hay aspectos de ese plan que van a ser difíciles de llevar a funcionamiento, pero hay otros aspectos, como la mejora en la formación de los recursos humanos, que se pueden realizar. Queremos trabajar en el relacionamiento de los integrantes del Poder Judicial con el público, mejorar la calidad de atención de la gente, despertar la empatía y que la persona se sienta satisfecha con la atención”, afirmó Pérez Manrique.