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En diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino, más los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, conocido como el caso de las muchachas de abril.
En las últimas horas, la asociación de ex presos políticos Crysol envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, para reclamarle que priorice durante su presidencia el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En la carta, el colectivo de ex presos políticos insta a Pérez a “resolver durante su mandato” los problemas planteados en la sentencia de la Corte IDH, en la que el órgano del sistema interamericano de derechos humanos sostiene que ni las víctimas ni sus familiares fueron respetados en sus garantías y protección judicial.
Crysol recordó al presidente de la SCJ que Uruguay ratificó la Carta Interamericana de Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción de la Corte IDH, en los artículos 15 y 16 de la ley de Amnistía (15.737).
“La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad de acuerdo a los compromisos internacionales ratificados por Uruguay, es una potestad exclusiva del Poder Judicial”, señala la misiva.
“El derecho a la justicia es un derecho de todas las víctimas y una necesidad social para afirmar la democracia, el Estado de derecho y generar las condiciones que impidan la repetición de tan luctuosos sucesos”, agregaron.
Los ex presos políticos pidieron una reunión con todos los ministros de la Corte para tratar la situación de las causas judiciales vinculadas a la dictadura.
