El juez federal argentino Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal, persecución política de opositores y extorsión de empresarios, que involucra a actores judiciales, políticos, periodistas, medios de comunicación y servicios de ese país en coordinación con agencias de seguridad de Estados Unidos (EEUU), expuso este miércoles ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados del Congreso sus primeras conclusiones a partir de la prueba documental recogida en la causa.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La prueba analizada incluye fotos, videos, decenas de horas de audios, carpetas de inteligencia y cuadernos de anotaciones, junto a otros elementos reunidos con los aportes de Pedro Etchebest, el empresario que denunció en primer lugar una maniobra de extorsión dirigida hacia él por el fiscal Carlos Stornelli, que tramita la causa de los “cuadernos de Centeno”, a través de un agente secreto de la DEA -y otros organismos de seguridad de EEUU- que actuaba en nombre del fiscal y el material recolectado en los allanamientos a la casa de este agente, llamado Marcelo D’Alessio.
Aunque el impresionante aparato de blindaje mediático y político en Argentina ha tratado de presentar a D’Alessio como un enfermo psiquiátrico, lo cierto es que el material hallado en su casa dista mucho de lo que se podría esperar de un loquito: armas de última tecnología, equipos de espionaje con los que no cuenta ni el Estado Argentino, placas de la DEA e informes de inteligencia con membrete de la Embajada de EEUU y de agencias de ese país dan cuenta de su oficio y de sus lealtades; y a todo ello hay que sumar su universo amplio de conexiones en los medios, el gobierno y la justicia federal argentina, cuya existencia pudo establecerse a través de la inspección de los celulares secuestrados y escuchas ordenadas en el marco de la investigación.
El caso es impresionante por lo revelador. Como pocas veces antes, ha quedado al desnudo una red de inteligencia, espionaje y extorsión completamente ilegal y subordinada a los intereses geopolíticos de EEUU. Pero, además, es un caso con derivaciones más allá de Argentina. En su exposición, el juez Ramos Padilla enfatiza que la prueba reunida permite saber que esta banda actuó en Uruguay, haciendo espionaje ilegal y afectando operaciones comerciales con argentina, e incluso haciendo objetos de su accionar a legisladores y jerarcas del Frente Amplio que aparecen mencionados en los documentos que obran en el haber del juez.
En carpetas halladas en la casa de D’Alessio se encuentra una “síntesis de investigaciones actuales” producida en febrero de 2018. En ese resumen se manejan varios tópicos y operaciones y se menciona el espionaje ilegal en territorio de la República Oriental del Uruguay. El juez le envió la información a la Comisión Provincial por la Memoria que dirige el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel para que hiciera un reporte sistematizado sobre la información recabada en la causa. El informe de Pérez Esquivel revela la existencia de un grupo que involucra a otros grupos paralelos, paraestatales, que hacían espionaje ilegal en Argentina, pero también en países como Venezuela y Uruguay. Por ejemplo, en el capítulo de terrorismo, las operaciones incluyen detectar una delegación comercial iraní clandestina con asiento en Montevideo; entre la información supuestamente respaldatoria que invoca D’Alessio, hay audios, cámaras ocultas, entre otros documentos que configuran operaciones de espionaje ilegal en Uruguay para impedir que Argentina haga operaciones comerciales que perforen el bloqueo económico impuesto por EEUU a la nación persa.
Atando cabos, la investigación de Ramos Padilla también explica el comportamiento de la diputada nacionalista Graciela Bianchi cuando afirmó que contaba con información reservada de servicios de inteligencia de EEUU que le permitían afirmar que el “asesinato” del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, había sido planificado en Uruguay por una célula de Hezbolá. Casi todo el mundo pensó que lo de Bianchi era sólo un disparate propio de su personalidad y ansia de protagonismo, pero ahora es obvio que el asunto es mucho peor. Bianchi tiene que explicar si la información que dijo haber recibido se la entregó D’Alessio o algún integrante de esta trama de operaciones ilegales, extorsión e inteligencia extranjera, porque aquella acusación de ciencia ficción que ella hizo en octubre en un plenario de la lista 404, con amplísima repercusión mediática, y que le valió el ostracismo posterior ordenado por su propio líder, Luis Lacalle Pou, ahora tiene pinta de haber sido algo más profundo y mucho peor que un delirio.
En el Frente Amplio, el diputado Gerardo Núñez, que presidió la comisión investigadora que radicó la denuncia por espionaje ilegal en democracia, se apronta para hacer una ampliación de denuncia que incluya las revelaciones de Ramos Padilla en Argentina. La causa que ya se tramita en la Justicia uruguaya lleva la carátula “Espionaje ilegal en democracia” y se formó tras la investigación parlamentaria luego de que se conocieran los 14.000 documentos del “Archivo Berrutti”, en los que se detallan actividades de espionaje militar a políticos y dirigentes sociales y otros civiles hasta mucho después de la dictadura; ahora cobra otro cariz tras conocerse las actividades ilegales desarrollada en Uruguay por agentes que reportan al servicio clandestino de EEUU. La ampliación de la denuncia podría permitir que la Justicia uruguaya solicite información a la Justicia argentina para saber quiénes son los dirigentes políticos del Frente Amplio que fueron espiados, en qué circunstancia y con qué propósito, de acuerdo con la documentación que se tiene hasta el momento. Y conocer, además, qué participación tuvo la Embajada de EEUU y otros actores locales -políticos o no- que podrían haber contribuido con esta operatoria ilegal con múltiples conexiones con el gobierno argentino y con los servicios estadounidenses.
Cuando se desarme la madeja, vamos a entender mucho de una parte oculta del funcionamiento de la política, pero también vamos a saber cómo se construye la información, y por qué la mayoría de los medios tanto en Uruguay como en Argentina se hacen los desentendidos y no cubren la exposición de Ramos Padilla, pero son fanáticos de repetir las operaciones mediáticas que producían tipos como D’Alessio, el “periodista” Daniel Santoro, el fiscal Stornelli o el juez Bonadio, todos fanáticos de la Embajada de EEUU, especialistas en la persecución de opositores del gobierno de Macri, extorsionadores y fraguadores de causas truchas para mandar adversarios presos, apretar gente y dirigir la vida política desde las sombras, como aparatos mafiosos al servicio de un poder real al margen de la democracia.
