En esa línea, vuelve a aparecer —aunque no sin matices— la discusión sobre un impuesto al 1% más rico. Esta propuesta, impulsada por algunos sectores del oficialismo y el PIT-CNT, busca capturar una mayor contribución de los segmentos de mayor capacidad económica. Sin embargo, desde el propio Poder Ejecutivo se han manifestado señales de cautela respecto a la creación de nuevos tributos, lo que refleja tensiones internas sobre el rumbo de la política fiscal.
Otro de los ejes innovadores del informe es la idea de un “IVA personalizado”, orientado a corregir el carácter regresivo del impuesto al consumo. La propuesta apunta a aliviar la carga sobre bienes de la canasta básica mediante mecanismos diferenciales, lo que implicaría un rediseño relevante del Impuesto al Valor Agregado tal como funciona actualmente.
A su vez, se plantea la posibilidad de revisar el Impuesto Específico Interno y otras tasas, con el objetivo de fortalecer la recaudación. Estas medidas, sin embargo, no están exentas de debate, ya que pueden tener impactos en precios relativos y consumo.
Todo este planteo se inscribe en un contexto fiscal desafiante. Uruguay cerró 2025 con un déficit de 4,7% del PIB, lo que presiona sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y limita el margen de maniobra. En ese marco, aunque el Ministerio de Economía y Finanzas ha descartado en otras instancias la creación de nuevos impuestos, el informe de la Unidad de Economía insiste en que no revisar el sistema también es una decisión política, con consecuencias en términos de equidad y capacidad del Estado.
El documento no solo propone medidas concretas, sino que reabre una discusión de fondo: si el sistema tributario actual es suficiente para sostener un modelo de desarrollo con inclusión, o si —como plantea el FA— llegó el momento de ajustarlo para que sea más justo y más efectivo.