El documento establece explícitamente el criterio de “costo cero” como principio rector de esta Rendición de Cuentas. Toda iniciativa deberá financiarse dentro de los márgenes presupuestales vigentes, sin generar expansión global del gasto público. Esto supone un enfoque de fuerte control fiscal y obliga a priorizar programas considerados estratégicos o de mayor impacto económico y social.
En ese marco, el gobierno propone avanzar en un rediseño y reformulación de programas existentes, orientando el gasto hacia políticas con mejores resultados y mayor impacto sobre el bienestar de la población. Los organismos deberán justificar sus prioridades y demostrar la pertinencia y efectividad de las intervenciones que buscan sostener o fortalecer.
La revisión integral del gasto aparece como uno de los aspectos centrales del proceso. El instructivo señala que los Incisos deberán analizar la pertinencia y resultados de los programas vigentes, posibles superposiciones o duplicaciones, y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El objetivo es avanzar hacia una gestión pública más orientada a resultados, evaluación y evidencia, en línea con tendencias internacionales de modernización presupuestal.
En materia de funcionamiento e inversiones, los lineamientos establecen que se priorizarán aquellas iniciativas directamente vinculadas al cumplimiento de objetivos estratégicos de política pública. Incluso las carteras de inversión vigentes deberán ser revisadas para identificar posibles ajustes o reformulaciones.
Respecto a los servicios personales, el gobierno plantea que cualquier propuesta vinculada a recursos humanos deberá contemplar la estructura organizativa actual y financiarse también mediante reasignaciones internas. El instructivo aclara además que no se prevén incrementos generales de carácter salarial o presupuestal en esta Rendición de Cuentas.
Otro elemento relevante es la incorporación de mayores exigencias técnicas y metodológicas para justificar las propuestas presupuestales. Cada iniciativa deberá incluir: diagnóstico del problema público, fundamentación de la intervención, objetivos verificables, y resultados esperados con indicadores de seguimiento y evaluación.
Asimismo, el documento incorpora explícitamente enfoques transversales vinculados a cambio climático, igualdad de género e infancia, alineándose con prácticas internacionales de presupuestación orientada por políticas públicas.
El cronograma definido establece que las propuestas debían presentarse antes del 22 de mayo de 2026, con posteriores instancias de intercambio bilateral entre el Ministerio de Economía y los distintos organismos públicos.
Desde el punto de vista político y económico, los lineamientos reflejan una estrategia de prudencia fiscal en un contexto internacional todavía incierto, marcado por menores márgenes presupuestales, aumento de tensiones geopolíticas y mayores restricciones financieras globales. Al mismo tiempo, muestran una intención de fortalecer mecanismos de evaluación, eficiencia y trazabilidad del gasto público.
El desafío para el gobierno será equilibrar esa disciplina fiscal con las crecientes demandas de inversión social, infraestructura y políticas públicas en áreas sensibles. La Rendición de Cuentas no solo definirá prioridades presupuestales, sino también parte importante de la orientación política y de gestión de esta etapa de gobierno.
