Este martes 27 de julio se desarrolló el conversatorio virtual «Cuentas que no cierran – Análisis crítico del proyecto Rendición de Cuentas 2020». La actividad organizada por el Departamento de Trabajadores Públicos del Pit-Cnt, tuvo como objetivo analizar la propuesta de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo presentó ante el Parlamento y contó con la participación de Natalia Vibel (MSCE), Pablo Elizalde (AFJU), Aidemar González (COFE), Pablo Da Rocha (ICUDU), José Olivera (CSEU), entre otros.
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En el encuentro se abordaron las preocupaciones comunes ante un escenario de recortes, debilitamiento de las empresas públicas y la situación crítica de los servicios, con riesgo de su desaparición. Se habló de «qué justicia queremos como sociedad» si los presupuestos no le asignan recursos al Poder Judicial, el panorama de recortes en la enseñanza, y una serie de elementos altamente preocupantes para el movimiento sindical. Tal como lo señaló el economista Pablo Da Rocha en su intervención, la ley de Rendición de Cuentas «se alinea con la LUC, promueve la mercantilización, concentra el ingreso y achica el Estado» y lo que consideró aún más preocupante, que «este gobierno no cuenta con una estrategia de reactivación económica, no tiene una hoja de ruta pos pandemia, por lo tanto, parece improvisado».
Finalizado el encuentro, José Olivera presidente de Fenapes, aseguró que «el resultado de este ajuste es pérdida salarial, pérdida de horas docente y de puestos de trabajo, situación que impacta directamente en los procesos de aprendizaje del estudiantado».
Natalia Vibel, en representación de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), dijo que la Rendición de Cuentas «viene a consolidar un proceso que ya comenzó tiempo atrás que no es otra cosa que el ajuste, recorte y desmantelamiento de todas las empresas públicas».
El coordinador del Departamento de Estatales del Pit-Cnt, Joselo López, dijo que hay un desmantelamiento de las empresas públicas, lo que provocará que haya dificultades para la reactivación económica.
López indicó además que el proyecto de ley establece privilegios para los trabajadores de la Presidencia de la República y favorece a la privatización de los entes públicos.