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Primera imputación por la Ley

Responsabilidad Penal Empresarial: Omisiones, riesgos y abuso de confianza

En aplicación del artículo 1 de la Ley 19.196, la fiscal Gabriela Fosatti solicitó el procesamiento del arquitecto y del capataz por un accidente laboral en una obra de construcción.

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Por primera vez en la historia, dos personas fueron imputadas penalmente por el artículo 1 de la Ley 19.196, de Responsabilidad Penal Empresarial. La fiscal Gabriela Fosatti solicitó el procesamiento sin prisión del arquitecto y del capataz de una obra por no adoptar las medidas de seguridad necesarias para efectuar una operativa que puso en riesgo a los trabajadores. El expediente pasará ahora a estudio de la jueza Penal de 6º Turno, Fanny Canessa. La denuncia penal fue presentada por representantes del Sunca en diciembre de 2015, ante un hecho que ocurrió en una obra en la zona del puerto de Buceo. Una linga de acero de aproximadamente una pulgada de diámetro y varios metros de largo cayó al vacío desde una grúa; la linga descendió “viboreando” desde una altura de once pisos, hasta quedar en el suelo del patio central, luego de golpear en las barandas de los pisos inferiores. La linga fue cortada en una de sus puntas por un grupo de trabajadores, pero se zafó y se deslizó hasta golpear la baranda de madera, la que cedió y se rompió. Además, se aducía que al momento del hecho, y tratándose de un trabajo en altura, no se dio aviso del trabajo a los obreros que se encontraban en sus tareas, ni se delimitó la zona con los elementos de protección de estilo. El lugar donde cayó la linga es un espacio de circulación permanente del personal, cercana a los baños químicos y a una escalera de acceso a los pisos superiores, por lo que se generó una situación de peligro grave y concreto para la vida y salud de los trabajadores, refería la denuncia. Durante la indagatoria, se estableció que el trabajo fue solicitado por el jefe de la obra, quien pidió a la empresa enviar personal de mantenimiento para la grúa, porque la linga se había desilachado; los trabajadores fueron enviados por con la orden de realizar el trabajo, siendo notificados el arquitecto y el capataz. A este último se le informó el trabajo que se realizaría y este autorizó hacerlo, pero sin informar sobre las tareas a realizar a los delegados de seguridad de la obra ni a otra persona, sin realizar ningún seguimiento de las tareas, sin encomendar a otra persona responsable que lo hiciera, señaló la fiscal Fosatti. Asimismo, no se previó ningún cercado, ni señalamiento con cartelería o exclusión del patio central por estos trabajos de reparación de la grúa, como ocurrió en otras oportunidades. Incluso, el capataz declaró ante la Justicia que no consideró necesario adoptar estas medidas porque no había gente trabajando en ese lugar. En este marco, “se incurrió en abuso de confianza por parte del personal”. “Es sabido que la rotura de la linga es una posibilidad pero no se actuó con la diligencia debida”, señaló Fosatti. Además, el jefe de la obra no confeccionó ningún documento de seguridad, ningún permiso, ni se impartió directivas específicas de seguridad al capataz presente en el lugar, al tiempo que tampoco se informó a la técnica prevencionista de la obra sobre las tareas que estaban programadas. A esto se suma, que “momentos antes habían ocurrido otro incidente en el que otro trabajador resultó lesionado luego de caer en una escalera aparentemente clausurada”. En este contexto, “esta Fiscalía estima que surge indubitable que no fueron adoptadas las medidas de resguardo necesarias para la seguridad de los trabajadores de la obra el día que de los hechos”, entre ellas, que no se comunicó a todos los involucrados (trabajadores, encargados de seguridad, técnico prevencionista) de los trabajos que se realizarían, que no se colocó un vallado ni cartelería adecuada advirtiendo de los trabajos en altura, ni se realizó un seguimiento de la tareas. “Todo ello contraviene de manera inequívoca la reglamentación” sobre seguridad laboral, “ por lo que sin duda se generó un riesgo”, señaló Fosatti. Valoración jurídica La fiscal Fosatti sustentó su imputación en el artículo 1 de la Ley 19.196: “El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión”. En este sentido, Fosatti valoró que se trata de un “delito de peligro”, por lo que “no se requiere el daño para su configuración. Basta con la mera puesta en peligro del trabajador. El peligro del tipo es puramente objetivo, no se requiere que quien omitió la conducta debida tuviera representación de la posibilidad de la ocurrencia de un daño”. “Este delito es lo que se conoce como un delito de comisión por omisión, donde lo que se castiga es la omisión de adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral exigidos por la Ley y su reglamentación. No se trata de una omisión cualquiera sino que debe tratarse de una omisión pasible de causar un peligro grave y concreto a la vida del trabajador, situación que a nuestro juicio se dio en autos”. Sobre el bien jurídico comprometido, Fosatti señala que la doctrina no es unánime, ya que algunos señalan la vida, salud e integridad física del trabajador individual y otros la seguridad laboral. “Para esta fiscalía, resulta claro que nuestro legislador procuró a través de la norma poner un freno a la alta siniestralidad laboral, por lo que el bien jurídico protegido es general: la seguridad laboral. Dicho esto, no cabe duda que el peligro generado por la conducta omisa generó un riesgo al mismo”, valoró Fosatti.

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