En las últimas horas, tanto el intendente de Maldonado, Enrique Antía, como el director de Vivienda de ese departamento, Alejandro Lussich, realizaron declaraciones sobre una suerte de discriminación que se estaría llevando a cabo por parte del gobierno nacional al gobierno de ese departamento. Uno de los problemas que plantearon fue el atraso de las transferencias del gobierno nacional para la construcción de viviendas, así como problemas para la firma de convenios con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma).
El director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, expresó su preocupación por esos dichos: «Como ministerio queremos dejar constancia de dos situaciones verificables: La primera, es que no hay ningún atraso con respecto a partidas comprometidas y acordadas con ningún gobierno departamental, pero en particular con el gobierno de Maldonado; la segunda, que el Plan Quinquenal de Vivienda ha previsto convenios con los 19 gobiernos departamentales», indicó, resaltando que tres fueron firmados con el departamento de Maldonado sólo en este período, buscando soluciones que involucran a unas quinientas familias.
Según Schelotto, en Maldonado, un departamento que tiene el 5% de la población del país, la inversión pública en vivienda -excluyendo la Agencia de Vivienda y el Banco Hipotecario- rondará los US$ 75 millones en los cinco años, aproximadamente el 5,5% de la inversión total prevista para el quinquenio con el Fondo Nacional de Vivienda: «Con esto queremos decir que el departamento de Maldonado no sólo está atendido en condiciones equivalentes al resto de los departamentos sino que tiene una pequeña sobreejecución, porque quien ejecuta bien y va más rápido que los otros recibe más recursos», sostuvo, reconociendo la capacidad de ejecución de fondos de la intendencia fernandina, pero también explicando que también se incluyen otras acciones, como «la construcción de viviendas directamente por el Ministerio, a través de empresas constructoras, las de viviendas nuevas a través del cooperativismo de vivienda, el programa de mejoramiento de barrios que interviene en asentamientos irregulares, y también la intervención de localidades medias y pequeñas, así como en el medio rural a través de Mevir. Si a esto le sumamos la solución que aporta la Agencia Nacional de Viviendas y el Banco Hipotecario, vamos a estar muy por encima de las metas quinquenales», señaló, agregando que con eso no quería decir que esté todo bien ni que alcance, pero sí que a Maldonado se le contempla.
Con esas precisiones sobre la mesa, Schelotto dijo: «Probablemente el señor intendente y alguno de sus colaboradores se esté refiriendo a una propuesta de iniciativa de la Intendencia en este período, que fue trasladada a la ministra con su equipo y que está siendo estudiada, de realojo al asentamiento llamado Kennedy, en la localidad de Punta del Este próximo al aeropuerto y al Parque del Jagüel. Eso fue una decisión unilateral de la Intendencia. Es decir, es una propuesta de realojo de un asentamiento que perfectamente se podría regularizar in situ. Los realojos, por ejemplo, de Isla de Gaspar en Montevideo o de áreas inundables en el interior del país, responden a familias que no pueden de ninguna manera permanecer en el sitio porque son áreas que se pueden inundar o que están contaminadas o con algún tipo de riesgo. Cuando no es este tipo de situaciones, no necesariamente hay que relocalizar a toda la familia sino que perfectamente pueden permanecer en el sitio con un mejoramiento de la infraestructura y una regularización de la tenencia», afirmó.
Consultado sobre qué motiva al intendente Antía a cambiar ese asentamiento, Schelotto fue claro: «Evidentemente, es una decisión política que ya empezó a ejecutarse, porque tiene que ver con algunas permutas y adquisición de terrenos, una vez que el terreno quedare libre podría tener un valor inmobiliario muy importante», indicó.
«Lo que podemos decir es que esa acción no ha tenido ningún tipo de acuerdo con el Ministerio de Vivienda ni con la ministra, y que ningún otro responsable se ha comprometido a respaldar financieramente, simplemente estamos estudiando la propuesta que se nos ha acercado y no encuadra dentro de la política del Plan Nacional de Relocalizaciones, que va a atender aquellas situaciones más vulnerables o de mayor emergencia», concluyó.
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