Se trató del último quiebre del orden constitucional que la política uruguaya ha vivido. El 27 de junio de 1973, cumpliendo las órdenes de los mandos militares, el presidente constitucional Juan María Bordaberry, del Partido Colorado, anunció la disolución de las cámaras parlamentarias, acto con el cual comenzó un “proceso cívico militar” que se prolongó por 11 años y en el que participaron militares de alto rango y un gran número de civiles en los órganos de decisión.
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El régimen iniciado aquel día se caracterizó por las prácticas del Terrorismo de Estado. Censura, encarcelamiento, torturas, asesinatos y desapariciones fueron algunas de las herramientas con las que el régimen se impuso y eliminó o silenció cualquier disidencia.
Durante la dictadura se torturó a miles de personas y se encarceló a miles de opositores. Otros tantos se exiliaron en el exterior. Cientos fueron asesinados y desaparecidos. Muchos niños, hijos de víctimas de la represión, fueron robados y su identidad cambiada.
A través del Plan Cóndor, el régimen coordinó acciones con otras dictaduras del continente para detener, asesinar y torturar a disidentes políticos que se encontraban exiliados en países vecinos.
El preludio
Antes del Golpe, el país ya vivía una época de deterioro en las libertades políticas de los ciudadanos. El gobierno colorado de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) instauró en varias oportunidades las medidas prontas de seguridad, votadas por la mayoría de los parlamentarios blancos y colorados, mediante las cuales se suspendían las garantías constitucionales.
Esta época de deterioro de los derechos políticos y desprestigio del régimen democrático sentó las bases para el definitivo quiebre constitucional de 1973.
La resistencia
El mismo 27 de junio, tras conocerse la noticia del Golpe, la Central Nacional de Trabajadores comenzó una huelga general que duraría 15 tensos días, en la que se reclamó el restablecimiento de las libertades públicas y los derechos constitucionales. A este llamado se plegaron la Universidad de la República y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).
Después de 15 días, se convocaron a asambleas en fábricas y plantes ocupadas para proponer el levantamiento de la huelga, viendo cómo a pesar de la firmeza de la medida, la misma no surtiría los efectos deseados y el régimen no daría marcha atrás.
Asimismo, cientos de militares de distinto rango que no participaron del Golpe, fueron arrestados o destituidos. Unos 350 integrantes de las fuerzas castrenses, dentro de los cuales se encontraban oficiales, fueron condenados por motivos políticos y recluidos en condiciones inhumanas junto a miles de civiles.
Muchos sectores políticos, principalmente el Frente Amplio y algunos miembros del Partido Nacional, siguieron funcionando en la clandestinidad y denunciando en el exterior, ante organismos internacionales, las violaciones a los derechos humanos y las duras condiciones de encarcelamiento impuestas por el régimen dictatorial.
Sin embargo, la dictadura contó con el apoyo y la participación de civiles y figuras partidarias de los partidos blanco y colorado. La denominación de «dictadura cívico-militar», obedece a la complicidad y servilismo de quienes antes se proclamaban democráticos y posteriormente ocuparon cargos en órganos de decisión del régimen.