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Política

Seguridad presidencial: Un manto de dudas

El pasado 14 de abril, el diputado frenteamplista Gerardo Núñez Fallabrino elevó un pedido de informes al Ministerio del Interior. En él se solicitó “tomar conocimiento acerca del personal asignado a un servicio tan relevante como es el Servicio de Seguridad Presidencial (SSP) y en el entendido que la información solicitada resulta relevante para la labor parlamentaria”.

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En ese sentido, el representante solicitó: “1) La nómina de funcionarios dependientes de esa Secretaría de Estado que se desempeñan en el Servicio de Seguridad Presidencial desde el 1° de marzo pasado indicando grado, procedencia o unidad de origen de los mismos.

2) La nómina de funcionarios dependientes del Ministerio del Interior que fueran asignados a la jefatura, coordinadores y asesores del SSP, acompañando el texto del legado funcional correspondiente en cada caso”.

Sin embargo, pasados los plazos de 45 días hábiles para remitir los datos e informes solicitados por los legisladores y la prórroga reglamentaria de un plazo de 30 días hábiles, no hubo respuesta alguna.

 

El reglamento

El reglamento del SSP está regido por el decreto Nº 16/006 de 16/01/2006, artículo 1.

El Servicio de Seguridad Presidencial SSP es una dependencia de la Presidencia de la República, subordinada directamente a la Prosecretaría de la Presidencia, es decir, al Dr. Rodrigo Ferré en la actualidad.

“El personal asignado al Servicio de Seguridad Presidencial podrá tener estado policial o ser de carácter civil. En uno y otro caso, sus integrantes serán designados directamente por el Presidente de la República, debiendo reunir en todos los casos las condiciones que se establezcan para el desempeño de esa función”.

 

El jefe

Según información llegada a Caras y Caretas, el actual jefe del SSP sería Alejando Andrés Astesiano Severgnini, de 48 años de edad, uruguayo, casado, con fecha de nacimiento 24 de julio de 1971. Su cargo de jefe del SSP lo muestra su tarjeta cuya copia publicamos adjunta.

De acuerdo a las informaciones llegadas a este medio, Astesiano habría sido procesado por estafa fuera de la reiteración real con dos delitos descritos en los literales A, C y E del artículo 58 del decreto ley 14.412 sin prisión. Esto data del 18 de abril de 2002.

El 30 de mayo de 2002, habría sido indagado por hurto, por parte de la Comisaría 6ª de Montevideo.

El 18 de febrero de 2003, fue indagado por el Área de Seguridad Zona 2.

El 24 de setiembre de 2003, indagado por hurto, por la Comisaría 19ª de Montevideo.

El 24 de diciembre de 2003, indagado por apropiación indebida, por parte de la Comisaría 16ª de Montevideo

El 6 de julio de 2004, indagado por apropiación indebida, por parte de la Comisaría 19ª De Montevideo.

Más tarde, el 8 de marzo de 2010, habría sido indagado por la Comisaría 4ª.

Posteriormente, habría sido indagado por estafa en mayo de 2010 por el Área Investigación Zona 2.

Luego, el 2 de diciembre, fue indagado, por estafa, por Investigaciones del departamento de Colonia y el 30 diciembre de 2011, indagado también por estafa por parte de la Comisaría 2ª del departamento de Canelones.

El 9 de enero de 2012, indagado por la dependencia de asuntos judiciales de la Policía de Montevideo.

El 27 de enero de 2012, indagado por la dependencia de asuntos judiciales de la Policía de Montevideo.

El 20 de mayo de 2012, indagado en averiguación de paradero, por la Jefatura de Policía de Canelones

Finalmente, el 3 de agosto de 2012, es indagado por daño por parte de la Jefatura de policía de Montevideo.

 

Temer lo peor

No es necesario abundar en las responsabilidades que supone integrar, mucho más la jefatura del SSP .

El asunto asume mayor relevancia cuando tanto el presidente de la República y su subsecretario, que es el responsable del servicio SSP, deberían tener conocimiento de estos datos.

Resulta poco transparente el hecho de que el Ministerio del Interior no haya respondido al pedido de informes realizado el 14 de abril de este año.

Como decía William Shakespeare: “El temer lo peor es con frecuencia el mejor medio de remediarlo”.

 

La fruta cae siempre cerca del árbol

No es la primera vez que el custodia presidencial  se vuelve un personaje muy controvertido. En particular, puede recordarse que el comisario Miguel Zuluaga, quien integraba el cuerpo de seguridad de Luis Alberto Lacalle Herrera, fue denunciado antes del Mundial de Rusia, siendo el encargado de seguridad de la Selección Uruguaya de Fútbol, por haber integrado los cuerpos policiales del Departamento IV de la División de Información e Inteligencia en la dictadura.

Zuluaga, quien fuera subcomisario de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, negó haber participado en torturas, aunque no negó su vinculación con la Inteligencia policial y con el departamento de Policía, que ha sido tan cuestionado por el tratamiento dispensado allí a los presos políticos.

Los misteriosos criterios que usan los Lacalle para elegir sus custodias están nuevamente en tela de juicio y, al no haber respondido Larrañaga el pedido de informes formulado por el diputado Gerardo Núñez, se deja entrever que al propio ministro del Interior le resultan impresentables.

 

El rey del bagayo

¿Como  encuentran policías tan pillos?

El vicepresidente de la República en el gobierno de Lacalle Herrera era el Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez. El custodia del vicepresidente era el inspector Artigas Rivero, de quien fuera requerida su captura nacional e internacional en 2001 por el Juzgado Penal de 12º turno por estar sospechado de contrabando, entre otros delitos.

Artigas Rivero huyó y permaneció fuera del país hasta que Caras y Caretas lo entrevistó en una lujosa finca el balneario Hermenegildo en la Barra del Chuy.

Artigas Rivero, que evidenció tener vínculos estrechos con la Policía de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay y contactos con Estados Unidos, también reconoció vínculos con el tráfico ilegal de cigarrillos y diversas empresas de free shops que estaban siendo investigadas por contrabando y actividades ilegales. Pidió garantía para volver a Uruguay, acusó a la jueza Ana Lima y al inspector Julio Guarteche y reconoció haber asesorado al diputado Gustavo Borsari en su despacho en temas de seguridad y, naturalmente, haber sido el responsable de la custodia vicepresidencial.

 

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