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El Sindicato Único de Policías del Uruguay en conjunto con la Asociación de Funcionarios Policiales en Actividad y Retiro de Administración Central – Sindicato Policial, emitieron una comunicación en conjunto a pocas horas de conocerse la muerte de un efectivo policial en Maldonado.
En la misma, ambas organizaciones reclaman una mayor atención por parte de las autoridades ministeriales y políticas: «… existe falta de garantías claras por parte de las autoridades, principalmente por los representantes y actores políticos, quienes son los principales responsables de brindar más garantías y herramientas al trabajador policial en cumplimiento del deber al servicio de la sociedad, y así poder detener y desalentar este flagelo que están llevando a cabo las delincuentes contra los policías desde ya hace un buen tiempo habiéndose perdido todo el respeto hacia la autoridad policial…»
La comunicación, con independencia del repudio que generan estas situaciones, se alinea a los contenidos y enunciados que aparecen en el Proyecto de Ley de Urgencia sobre la supuesta «falta de garantías para los policías y la necesidad de cambios en las sanciones penales ante la impunidad de la delincuencia».
Desatender las complejas problemáticas que en materia de seguridad pública existen, significa, no solo un reduccionismo analítico que evidencia una clara insolvencia de responsabilidad política, sino, además, alentar a una radicalización de demandas que, en última instancia, no aportan a la comprensión de las causas que alimentan las ya violentas respuestas ante estos episodios, contribuyendo así a una irreflexiva y ascendente intolerancia social.
