El mismo tribunal condenó a pena de prisión a 8 directivos del BGN acusados de “integrar una estructura delictiva desde sus respectivos cargos”. La investigación incluyó referencias a la participación de bancos internacionales en el entramado societario del grupo, señalando a directivos como William Harrison Jr. (J.P. Morgan), Bernd Fahrholz (Dresdner Bank) y Lukas Mühlemann (Credit Suisse), quienes fueron sobreseídos por prescripción de la causa.
Sin embargo, del total de dinero decomisado, 25.494.000 dólares corresponden al Credit Suisse, y 19.740.000 dólares al JP Morgan Chase Bank. Estos fondos deberán destinarse a la restitución de las víctimas afectadas, cuyo perjuicio económico se estimó en al menos 19.020.811 dólares. Asimismo, se ordenó el decomiso de los fondos provenientes de la venta de acciones de la empresa Química Estrella SA, que serán utilizados para el pago de la demanda por daño moral, fijada en 98.614.500 pesos argentinos.
Carlos Rohm ya había sido procesado con prisión en el año 2002 por la jueza argentina María Servini de Cubría. Pero luego de muchas dilatorias y presiones ante la propia Justicia, fue sobreseído.
El directorio del Banco General de Negocios era una buena muestra sobre cómo funciona el poder. Algunos de sus miembros más destacados eran Adalbert Krieger Vasena y José Alfredo Martínez de Hoz, ambos ministros de economía en dictadura. El primero con Juan Carlos Onganía y el segundo con Jorge Videla, ambos generales.
También ocupaba un lugar en ese directorio el exsubsecretario del Tesoro norteamericano, David Mulford en representación del Credit Suisse First Boston. Este amigo del exministro de Economía Domingo Cavallo manejó en la década del 90 la colocación de títulos de la deuda externa, y fue el cerebro de la primera gran operación de megacanje, que se conoció como Plan Brady.
Mulford terminó siendo suegro de José Rohm. Y, obviamente, también socio en el Comercial.
La estafa en Uruguay
El 11 de enero del 2002 la sucursal Punta del Este del Banco Galicia de Buenos Aires comenzó a vivir una corrida bancaria ante la posibilidad de que la institución quebrara en pocas horas. Varias fuentes confirmaron la novedad y aseguraron que “el mayor receptor de esos dineros era el Banco República, por la seguridad que brinda”.
El sábado 12 el BROU abrió su sucursal en Gorlero, y en una hora de operativa recibió depósitos por algo más de medio millón de dólares, “una cifra muy importante para cualquier época y mucho más si se atiende a las circunstancias”, señalaron entonces dos fuentes bancarias.
Por otro lado, tanto en Punta del Este como en Colonia se habían producido ingresos masivos de personas trasladando dinero. “Es probable que la mitad de lo que salió de Argentina en esos días esté depositado en Uruguay”, dijo un importante cambista esteño. A la vez, reconoció que “los cambios son, en los hechos, los principales intermediarios en el traslado de dinero. Por una importante comisión, traen el dinero desde la vecina orilla y lo depositan en el banco que el cliente elija”.
Entonces era absolutamente libre el ingreso de cualquier tipo de valores a nuestro país —“y ningún aduanero diría nada si ingresan valijas con plata”, aseguró la fuente—, “algunos ciudadanos argentinos estarían trayendo grandes cantidades en aviones privados que aterrizan en pequeñas pistas del interior del país y luego por carretera van al banco más cercano”.
El Banco Central de Uruguay decretó la intervención del Galicia durante 90 días. La situación en la sucursal Punta del Este de este banco era calificada como grave. Durante una intervención parlamentaria, la diputada argentina Graciela Ocaña denunció que esta sucursal “había recibido 400 millones de dólares, de un total de 650 millones de la misma moneda que fugaron de Argentina entre el 25 y el 30 de noviembre del 2001, antes de que se aplicara el corralito”.
Esta no sería la peor noticia que recibiría el presidente Batlle durante ese enero del 2002. La peor le llegó por el presidente del Banco Central. Casi a fines de enero, César Rodríguez Batlle, presidente del BCU, recibió una visita en su departamento de Punta del Este, ubicado frente al puerto. El visitante le informó que los hermanos Carlos y José Rohm habían vaciado el Banco Comercial. Increíblemente, un día antes el presidente Batlle anunció que “había alcanzado un acuerdo con los tres principales accionistas del Banco Comercial —JP Morgan Chase & Co., el Credit Suisse First Boston y el Dresdner Bank— para recapitalizar al Comercial en cien millones de dólares.
Este banco fue vendido a principios de los 90 por el Gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera a los hermanos Rohm. Pero debió enfrentar una fuerte oposición del FA y en la interna del propio Partido Nacional, encabezada por el diputado Jorge Machiñena, quien calificó a los banqueros como “ladrones” y motivó su ruptura definitiva con el herrerismo.
El banquero uruguayo Carlos Rohm había urdido una maniobra financiera para estafar por casi 800 millones de dólares al Banco Comercial del Uruguay, realizando acciones dolosas que se extendieron hasta Ámsterdam y las Islas Vírgenes, según probó el juez penal José Balcaldi.
Carlos tuvo como principal cómplice a su hermano José en maniobras con bonos y dineros de ahorristas. Pero también estaban implicados varios financistas, siete de los cuales fueron procesados y enviados a prisión por Balcaldi.
La fiscal Cristina González, en parte de su dictamen, que reveló el diario El País, consideró que "la creación falsa de aparente solvencia y prosperidad de la institución bancaria, mediante la utilización de instrumentos y operaciones rodeados de falsedad, fue de tal magnitud que engañaron a auditores internos y externos del banco". Los puestos gerenciales "estaban dirigidos por personas que vinieron con Carlos Rohm a Uruguay en 1990 (cuando adquirió el Comercial) y eran Antonio Lago, Peter Shearer, Ignacio Llambías y Juan José Curone. En estas personas se estructuraba y resumía todo el poder", agregó la fiscal.
El dictamen responsabilizaba a los integrantes de la cúpula gerencial del Banco Comercial —o sus empresas subsidiarias— así como al corredor de bolsa Ignacio Rospide, por participar del "maquillaje financiero" del Banco Comercial.
Asimismo, se informó que cuando el Comercial adquirió el ING Bank Uruguay, la institución ofrecía a sus clientes la posibilidad de colocar depósitos a plazo fijo en ING Ámsterdam.
Un informe de los peritos señaló que la "Compañía General de Negocios y CGN S.A. de Islas Vírgenes, colaterales de los Rohm, fueron herramientas desarrolladas con propósitos de desviación y desaparición de cientos de millones de dólares para lo cual el Banco General de Negocios y San Luis Financial ingeniaron múltiples y enredadas operaciones financieras", por lo cual "se ha producido un verdadero vaciamiento de la empresa".
Balcaldi ordenó la captura internacional de José Rohm y solicitó la extradición de su hermano Carlos, quien estaba procesado en Argentina por la jueza Servini.
Ninguna de las dos acciones se efectivizaron. Aún así la Justicia ordenó el decomiso de varias propiedades que ambos tenían en Uruguay. Los estafados por el Comercial recibieron del Estado uruguayo una parte de su capital. Pero las secuelas y magnitud de las acciones de estos banqueros aún persisten en nuestros días. Porque enseguida cayó el grupo Peirano. Pero Carlos Rohm jamás fue procesado en Uruguay.
Banqueros del poder, narcolavadores, estafadores
Seguramente muchos lo creían muerto, como su hermano José “Puchi” Rohm. Ambos fueron socios en la compra del Banco Comercial durante el gobierno de Lacalle Herrera y ambos también lo fueron en el robo del banco.
El periodista y exdiputado de Santa Fé, Carlos del Frade, relata cómo los hermanos Rohm comenzaron su actividad lavando dinero de los narcos y de la corrupción. Establece un punto de partida para considerar a la hidrovía como la ruta de la droga. El 24 de abril de 1978 llegó al puerto de Rosario desde Bolivia un cargamento de azúcar que en realidad encubría 200 kilos de cocaína. Leopoldo Galtieri era el comandante del Cuerpo II del Ejército y, junto al almirante Eduardo Massera, recibió oficialmente con ese cargamento a los militares bolivianos que luego propiciarían lo que se llamó el narcogolpe en ese país, encabezado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez. Trabajaban con Roberto Suárez Gómez, el principal impulsor del desarrollo de la cocaína desde Bolivia hacia el mundo, y primer proveedor de Pablo Escobar Gaviria. “Ahí se armó un negocio paraestatal y multinacional, en el que el Estado argentino empezó sus negocios corruptos mientras continuaba con los crímenes, desapariciones y violaciones a los derechos humanos”, dice Del Frade.
Otro punto crucial que señala el periodista en su libro Ciudad blanca, crónica negra, historia del narcotráfico en Santa Fe, fue la privatización durante el menemismo del banco provincial. “Se lo entregaron a los hermanos narcolavadores uruguayos José y Carlos Rohm, que venían del Banco General de Negocios relacionados con el lavado de dinero del Cártel de Juárez”.
Eso fue lo que hicieron exactamente los hermanos uruguayos Carlos y José “Puchi” Rohm. Residiendo en Argentina en 1971, con 20 y pocos años, trabajaban en una financiera que en poco tiempo controlaron y que en 1976 transformaron en el Banco General de Negocios (BGN).
En esos años, en dictadura y con el contexto de “la plata dulce” instalado por el ministro de Economía José Martínez de Hoz, los hermanos Rohm eran ciudadanos ejemplares, exitosos hombres de negocios, con iniciativa y audacia para solucionar problemas a muchos argentinos que necesitaban esconder o lavar su dinero.
En los años siguientes, los Rohm se asociaron con el Credit Suisse First Boston, el Chase Manhattan Bank y el Dresdner Bank. Con un pie en Suiza, otro en EEUU y un tercero en Europa, desembarcaron en Uruguay —participando en el Banco Comercial, creando la Compañía General de Negocios— y se registraron en los paraísos fiscales del Caribe. Con esos antecedentes se convirtieron en los banqueros preferidos del menemismo. Aunque también se podría decir que, en función de sus fines, Carlos Menem era su presidente predilecto.
El BGN no tenía locales ni cajeros automáticos, ni muchos funcionarios. Se dedicaba a intermediar operaciones financieras y a poner a salvo dineros argentinos con gran discreción, lejos de miradas estatales y sin hacer preguntas. Es decir, lavaban dinero. También tenían una diversificada cartera de empresas en propiedad. Por ejemplo, Química Estrella, asociados a fondos norteamericanos de inversión.
La década menemista los hizo protagonistas porque contaban con la confianza del poder como para intermediar en la puesta en el mercado de las acciones de YPF cuando se la privatizó. Un impresionante negocio que les dejó ganancias de decenas de millones de dólares en comisiones. Le siguieron las privatizaciones de Segba, Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Bahía Blanca, Somisa, Altos Hornos Zapla y el Banco Hipotecario.
Intermediaron en la construcción del hotel Hyatt en Buenos Aires, con fondos del traficante de armas egipcio Ghaith Pharaon, definido entonces por el FBI como “el mayor lavador de dinero en el mundo”. Laith Pharaon, su hijo, se asoció con el argentino Eduardo “Pacha” Cantón y desarrollaron Miramar Acres, un fraccionamiento de lujo ubicado en La Barra de Maldonado y también el hotel 5 estrellas de Carmelo, llamado Hyatt al principio.
Los Rohm estuvieron vinculados a la ruta de las coimas del caso IBM-Banco de la Nación. Según probó la Justicia argentina, por la Compañía General de Negocios de Uruguay pasaron 21 millones de dólares rumbo a bancos en Estados Unidos, Suiza y Luxemburgo. Por esta causa en 1997 fue procesado Carlos Rohm, pero “en 1999 logró ser sobreseído por el juez Adolfo Bagnasco y la sala 1 de la Cámara Federal, que entendieron que no podían probar que el banquero sabía que esos fondos eran coimas. Curiosamente, los cheques que movía la cuenta investigada aparecían a nombre de mozas de pizzería y de muertos”, escribió el periodista argentino Sergio Kiernan.
Kiernan afirmó que “el BGN era uno de los poquísimos bancos privados autorizados a pagar obras públicas en nombre del Estado. Otro era el Galicia, exponencialmente mayor que la pequeña entidad de Esmeralda 120. El negocio de la venta de bonos de deuda argentina en los mercados internacionales llegó de la mano de David Mulford, exsubsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, que casualmente es el representante del Credit Suisse First Boston en el BGN. El tránsito de estos bonos fue tan focalizada en el BGN que para 1993 ya tenía el puesto número uno entre las agencias colocadoras de esos papeles”. Este no es un dato menor porque, como se verá más adelante, en Uruguay también tenían gente que trabajaba “de los dos lados del mostrador”.
En los años 90 los hermanos controlaban el denominado “Grupo General de Negocios” integrado por: Compañía General de Negocios Sociedad Anónima de Inversión Financiera en el Exterior (SAIFE); Compañía General de Negocios SA; Banco General de Negocios SA y el Banco de Santa Fé, ambos de la República Argentina; y el Banco Comercial, la Compañía General de Negocios en Uruguay y de la sociedad Saint Louis Investment, con sede en Panamá.
El banquero monegasco Edmond Safra —quien tenía varias propiedades en Punta del Este— decía a sus socios que “la mejor forma de robar un banco es comprarlo”. Y eso fue exactamente lo que hicieron Carlos y José Rohm.
Se lo vendieron a los ladrones
Históricamente el Banco Comercial perteneció a la más rancia oligarquía uruguaya. Sus propietarios eran los grupos Braga Salvañach, Gallinal Heber, García Capurro, Irureta Goyena, Ameglio, Supervielle, Santayana, Peirano, Taranco y Aramendía. Tenía varias colaterales y en 1971 sus accionistas eran propietarios de 300.000 hectáreas.
En los 80 tenía una importante cartera de incobrables. El Estado lo capitalizó más de una vez en 187 millones de dólares. Hasta que en 1989 mediante el convenio de Reestructuración Bancaria pasó a manos de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Aunque en total el Estado “invirtió” 400 millones de dólares para salvar a un banco fundido por sus propios dueños.
En 1990 gobernaba Luis Lacalle Herrera, su ministro de Economía era Enrique Braga, el subsecretario Nicolás Herrera y el presidente del Banco Central, Ramón Díaz. Entonces aparece en escena la Deutsch-Südamerikanische Bank, asociada al Dresdner Bank. El Estudio Guyer & Regules eran sus representantes legales en Uruguay. El subsecretario de Economía, Nicolás Herrera, era socio principal del bufete.
Pero lo que pocos sabían era que detrás estaba la sociedad Saint Louis Investment de los hermanos Rohm. Casi todos los negociadores nombrados por el Gobierno habían tenido vinculación con los interesados, según reveló el periodista Samuel Blixen en su libro Bancotráfico.
Finalmente se acordó su venta en 30 millones de dólares. Pero el Gobierno debió enfrentar tres interpelaciones, una fuerte oposición del FA, de legisladores colorados y en la interna del propio Partido Nacional encabezada por el diputado Jorge Machiñena, quien calificó a los banqueros como “ladrones” y motivó su ruptura definitiva con el herrerismo.
Luego de pasar raya y de los “quítame de ahí esas deudas”, el contador Ricardo Lombardo, representante colorado en el BCU, informó a su partido que “Uruguay pagó 1.500.000 de dólares para vender el Comercial”. Sí, pagamos, nunca cobramos.
Así llegamos hasta el 23 de enero del 2002, cuando Carlos Rohm, vicepresidente del Banco Comercial, fue detenido por la Justicia argentina arriba de un avión de Lufthansa intentando huir. Su hermano José , director del mismo Banco, había logrado fugar. Los hermanos se acusaron mutuamente de haber robado 250 millones de dólares de sus depositantes para “pagar deudas de Saint Louis Investment”.
Los socios extranjeros del Comercial anunciaron que “no se iban a hacer cargo y lo dejarían caer”. Entonces el Gobierno de Jorge Batlle lo capitalizó en 118 millones de dólares, lo que evitó “corridas” y escraches contra los Rohm.
La caída del Comercial casi al mismo tiempo que el Galicia operó como aluvión sobre el sistema bancario uruguayo. Así marcharon enseguida el Banco de Cobranzas (de Moon), el Montevideo y el de Crédito (de los Peirano).
En diferentes documentos a los que accedió este cronista se establece la forma operativa empleada por el grupo para desviar el dinero que le confiaban sus clientes, hacia empresas fantasmas que dirigían personalmente y lejos de los controles del Gobierno uruguayo.
La CGN SAIFE era una banca offshore autorizada a funcionar en nuestro territorio por el Banco Central del Uruguay. Tenía sede en el lujoso edificio ubicado en Plaza Independencia al 749 bis.
En la puerta anterior, que corresponde al 749, tenía su sede Exterbanca Institución Financiera Externa (IFE), el banco uruguayo offshore propiedad de la familia argentina Werthein, por donde circuló gran parte del dinero vinculado al contrabando de armas argentinas hacia Croacia y Ecuador. Según señaló en abril del 2001 el diario argentino La Nación, “el resto de ese dinero que circuló por el Uruguay girado por croatas y ecuatorianos lo hizo a través del Banco de Montevideo (del Grupo Velox), que también canalizó dinero del contrabando de oro argentino a Estados Unidos”.
Las transferencias entre Exterbanca y el banco de los Rohm figuran en todos los expedientes abiertos con motivo de la investigación que, incluso, mantuvo detenido varios meses al expresidente Carlos Menem, a su exministro de Economía, Domingo Cavallo, y a otros ministros, jerarcas y familiares de esos exgobernantes. Varios de ellos fueron luego desprocesados. En el medio de las operaciones financieras estaban los Rohm.
Pero en la misma sede de la CGN SAIFE, los Rohm habían dado forma legal a una estafa. A mediados de 1999 crearon una empresa de idéntico nombre —CGN— pero esta vez con diferente estatus legal. Es decir, tenía ojos de gato, cola de gato, patas de gato, pero no era gato.
La operatoria financiera paralela tenía como objetivo captar fondos de ahorristas para ser depositados en una plaza financiera extranjera, siendo receptoras sociedades vinculadas a los accionistas de la entidad bancaria.
Así se acreditaban los depósitos efectuados en Buenos Aires, en la sede del BGN, "a favor de la Compañía General de Negocios SAIFE o SA, con asiento registral en el Uruguay y en las Islas Vírgenes Británicas, respectivamente”. Exactamente lo mismo que hicieron después los Peirano con el TCB de Islas Caimán.
El monto total del fraude de los Rohm es desconocido, porque estafaron tanto en Uruguay como en Argentina. Pero algunas fuentes del sistema financiero lo estiman en una cifra cercana a los mil millones de dólares.
Casuales casualidades
Para desarrollar su corta trayectoria bancaria en Uruguay, apenas 11 años, los Rohm contaron con varios cómplices. Entre ellos Ramón Díaz y Agustín de Urtubey, entonces presidente y vice del BCU, respectivamente.
El entonces ministro de Economía, Enrique Braga, quien fuera procesado con prisión y luego, ya fallecido, sobreseído, ocultó información muy importante al Parlamento, que tal vez hubiera impedido la venta del Comercial.
El caso del subsecretario Nicolás Herrera es particular. Desde ese cargo representó al país en la refinanciación de la deuda externa para solucionar el problema que ocasionaban los bancos gestionados. Pero al mismo tiempo, representaba al grupo Rohm en la compra del Comercial. Y todo esto en las oficinas del mismo bufete legal que asesoraba al Citibank como acreedor del Uruguay.
El periodista Víctor Carrato denunció en Caras y Caretas que dos integrantes del bufete Guyer & Regules tenían a su nombre la sucursal en Montevideo del estudio panameño Icaza, González-Ruiz & Alemán, que dio origen a la Compañía General de Negocios de Islas Vírgenes y fue utilizada por los hermanos Rohm para vaciar el ex Banco Comercial. El estudio Icaza aparece en los “Panama Papers” gestionando una multitud de empresas offshore propiedad de Mauricio Macri.
El estudio Guyer & Regules representó a la multinacional Philip Morris cuando inició juicio a nuestro país por los decretos antitabaco firmados por el presidente Tabaré Vázquez.
A principios del 2021 el presidente Luis Lacalle Pou, al anunciar las compras de vacunas contra el covid-19, le agradeció públicamente a “Nicolás Herrera por su importante contribución en la negociación con los laboratorios”. Seguro fue casualidad que pocas semanas después el Gobierno aprobara la venta de cigarrillos electrónicos (vapeadores), cuyo principal fabricante en el mundo es, casualmente, Philip Morris.
Pero esta no es la única casualidad. El 1 de enero de 2023, Nicolás Herrera dejó de integrar el Comité Ejecutivo del estudio Guyer & Regules, aunque se mantuvo como socio. La contadora Corina Bove pasó a integrar la dirección del estudio. Bove es hoy la pareja de Luis Lacalle Pou.
