Ante el desenlace fatal de su socio, Carrasco escribió: "Con profunda tristeza compartimos con ustedes el fallecimiento inesperado en un accidente de tránsito de nuestro querido socio fundador y amigo Gustavo Basso. Acompañamos a su familia, amigos y colaboradores en este momento. Por este motivo nuestras oficinas permanecerán cerradas hasta el próximo lunes 2 de diciembre”, dijo.
Sin embargo, la oficina de Conexión Ganadera ubicada en Pocitos Nuevo nunca volvió a abrir y las facturas se amontonaron durante meses en la puerta. La paciencia de los inversores se agotó y de la sospecha pasaron rápido a la indignación, a partir de la nula respuesta del principal responsable de la empresa que aún seguía vivo.
Cuando finalmente decidió informar —primero a un grupo privilegiado de 100 inversores y luego a 4.200 ahorristas damnificados— que se habían esfumado más de U$S 250 millones de las cuentas de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco apuntó a su exsocio, Gustavo Basso, como el cerebro financiero de la empresa “ganadera”.
En ese streaming de fines de enero, el contador Ricardo Giovio —contratado por Carrasco para hacer una auditoría express de ocho días por la módica suma U$S 100 mil, además de cobrar el dinero que había invertido en bonos ganaderos— desnudó que el pasivo de Conexión Ganadera se ubicaba en los U$S 405 millones. Allí develó lo que ya era un secreto a voces: la empresa fundada en 1999 por Carrasco, Basso y dos ingenieros de sistemas con experiencia en esquemas financieros, desde hace varios años funcionaba como un mero esquema Ponzi.
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Conexión Ganadera: la estafa de las vacas fantasmas.
La propuesta de Carrasco de reestructurar la empresa a varios años no convenció a los inversores que decidieron asesorarse en los principales estudios jurídicos para iniciar acciones legales contra los responsables de lo que consideraron una estafa. En total fueron 28 los abogados que presentaron ante la Justicia distintas denuncias penales, no solo por reiterados delitos de estafa, sino por apropiación indebida, lavado de activos, asociación para delinquir e insolvencia societaria fraudulenta.
La empresa pasó a concurso de acreedores, fue intervenida por el síndico Alfredo Ciavattone y el juez Leonardo Méndez tomó la decisión de liquidarla el 31 de marzo.
En Fiscalía, Carrasco volvió a declarar en contra de Basso, excusándose con que él solo se encargaba del aspecto ganadero y que no conocía los números de Conexión Ganadera, puesto que el floridense se encargaba de las finanzas de ésta. En la audiencia, afirmó que desde la muerte de Basso es "otra persona" y que estaba "dolorido, desilusionado, triste y en shock” por la muerte de quien era su socio.
Carrasco dijo que no había elementos que lo hicieran sospechar de Basso y expresó que le resultaba “innecesario” tener que controlarlo. “Para mí era la persona con la que yo me había sacado la lotería. Era un referente”, dijo ante el fiscal Rodríguez. “El balance él me lo comentaba porque yo casi no sé leer un balance. No es mi know-how. Pero, en todo caso, encontraba cifras alentadoras de Conexión Ganadera”, declaró Carrasco. De hecho, señaló que era tal la confianza que tenía en el negocio que le recomendó a su hijo que invirtiera sus primeros ahorros allí.
Ante el fiscal, la viuda de Gustavo Basso mencionó una reunión clave con Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y su hija Marcela el domingo posterior al fallecimiento de Basso, cuando velaban a su esposo en Florida. En dicha reunión Carrasco e Iewdiukow le informaron que venían de hablar con el empresario Juan Otegui (cuñado de Carrasco) y el abogado penalista Jorge Barrera sobre un "desfasaje financiero" en las cuentas de Conexión Ganadera. Cabral manifestó su desconcierto y desconocimiento sobre la situación planteada allí.
Daniela Cabral intentó —sin éxito— desmarcar la relación contractual entre su sociedad de hecho Gustavo Basso Negocios Rurales y acusó a Carrasco de intentar encubrir su responsabilidad al culpar a Basso. Aseguró que éste tenía conocimiento de los números de la empresa y cuestionó el trabajo de Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow al frente de Hernandarias XIII, principal tomadora de ganado del esquema comercial de Conexión Ganadera.
Las vacas fantasmas
Cabral acusó al matrimonio Carrasco-Iewdiukow de ser los principales responsables del colapso de Conexión Ganadera, alegando que Hernandarias XIII, bajo su control, no gestionó adecuadamente los fondos ni el ganado, lo que contribuyó al déficit financiero de U$S 250 millones. Calificó las acciones de Carrasco como un intento de encubrir sus responsabilidades en el negocio, cuestionando la transparencia de sus operaciones y su relación con los inversores.
Cabral puso sobre la mesa de la investigación preguntas críticas sobre el manejo de Hernandarias XIII, empresa que tomaba el 90 % del ganado de Conexión Ganadera. Preguntas que sugieren que Cabral sospechaba que Hernandarias XIII, bajo la dirección de Carrasco y Iewdiukow, pudo haber desviado fondos y manipulado registros, contribuyendo al déficit financiero de Conexión Ganadera.
¿Qué pasó si Hernandarias XIII no destinó los fondos entregados por Conexión Ganadera para comprar ganado?; ¿Cumplió Hernandarias XIII con su obligación de reponer el ganado bajo su custodia?; ¿Pagó Hernandarias XIII a Conexión Ganadera el precio pactado por la venta del ganado?; ¿Dio Hernandarias XIII otro uso al dinero entregado, en perjuicio de Conexión Ganadera y los inversores?; ¿Reflejaba el sistema de trazabilidad (SNIG) la realidad del inventario de ganado en los campos de Hernandarias XIII?
El caso fue bautizado mundialmente como la “estafa de las vacas fantasma”, puesto que el relevamiento realizado por el síndico interventor detectó que el 90 % de las vacas que decía tener registradas Conexión Ganadera nunca se encontraron.
Hernandarias XIII era la empresa encargada de la gestión, engorde y mantenimiento de los animales en campos arrendados o propios. Según los contratos analizados en la investigación, debía pagar a Conexión Ganadera el 3 % más IVA del valor de los animales vendidos, mientras que Conexión Ganadera gestionaba la logística comercial. Sin embargo, la investigación de Fiscalía reveló que solo existían 80 mil cabezas de ganado frente a las 804.604 declaradas, lo que sugiere que Hernandarias XIII no cumplió con sus obligaciones de reposición o registro adecuado del ganado supuestamente adquirido por inversores, maquillando sus declaraciones al Ministerio de Agricultura y Pesca (MGAP), que en más de dos décadas no inspeccionó un solo campo del mayor “fondo” ganadero.
Por ejemplo, Pasfer, una de las principales empresas tenedoras de ganado de Conexión Ganadera, tenía solo 49 vacas de las 3.740 que había presentado en garantía al Banco República (BROU), donde tenía un crédito de U$S 1,8 millones.
El juez Méndez, quien ya determinó el embargo preventivo contra Carrasco, Iewdiukow y Cabral, evalúa, además, decretar un concurso personal a la viuda de Basso y a la esposa de Carrasco, solicitado por una mujer que arrendó aproximadamente 800 hectáreas de campo a la empresa Conexión Genética. En el contrato de arrendamiento, Iewdiukow y Cabral figuraban como fiadoras solidarias, pero “no eran simples fiadoras, eran empresarias que con esa fianza garantizaban el cumplimiento de los contratos de sus empresas, asumiendo responsabilidad solidaria como parte de la actividad empresarial que desarrollaban”, dijeron los abogados Álvaro Arrillaga y Matías De Freitas a El País.
Contratos truchos y la gambeta al MGAP
Los contratos "truchos" y el engaño a la trazabilidad de ganado fueron una herramienta clave de la estafa orquestada por Conexión Ganadera, ya que permitió simular inversiones en un ganado inexistente, engañando a miles de inversores y explotando así las debilidades del sistema de contralor del MGAP y del BCU.
La investigación del fiscal encontró contratos de inversión falsificados, incluso con la firma de Basso, días después de su muerte. Algunos inversores descubrieron que sus nombres aparecían en documentos sin su conocimiento, mientras que otros contratos eran firmados por personas que prestaban su nombre. Además, los registros en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) se basaban en declaraciones juradas proporcionadas por la propia empresa, sin controles efectivos, lo que permitió la creación de un inventario ficticio de ganado.
Esta última maniobra fue obscenamente explicada por el propio Carrasco en uno de los programas rurales a los que era invitado asiduamente como una especie de gurú del campo. Allí explicó que “un amigo” le enseñó cómo engañar al MGAP en las declaraciones de ganado en el Dicose, y también una manera de conseguir préstamos bancarios utilizando datos falsos de la magnitud del negocio ganadero.
Los contratos apócrifos incluían números de caravanas (etiquetas de identificación del ganado) que, en teoría, correspondían a vacas específicas. Sin embargo, la investigación encontró que muchas de estas caravanas (cientos de ellas halladas en el escritorio de Basso) nunca se colocaron en animales reales, ya que el ganado no fue comprado, sino reutilizado, vendido ilegalmente, faenado o exportado.
Con respecto a los contratos, el gerente operativo de Conexión Ganadera, Rodolfo Flores, declaró que en la oficina de Florida (Gustavo Basso Negocios Rurales-Conexión Ganadera) tenían cajas enteras de contratos sin firmar por los clientes, a lo que Flores reconoció al fiscal que esa situación “era un tema constante nuestro”.
Tanto Flores como el responsable de trazabilidad de la empresa, Diego Quiroga, coincidieron en Fiscalía en señalar que "últimamente" una de las principales “tomadoras” de ganado, con unos 30 contratos, era la firma Gladenur SA, exportadora de ganado en pie que le compraba animales al escritorio rural Basso para venderlo a Turquía, Irak, Marruecos, Túnez, Líbano, China, Egipto, que supuestamente llegó a deberle U$S 7 millones. Sin embargo, ante el fiscal Rodríguez el titular de Gladenur, Mohamed Montazel, negó ser tomador y denunció penalmente que le falsificaron su firma en los referidos 30 contratos.
Lavado y fuga del dinero robado
En la información general sobre balances presentados en 2022 (el último) ante la Auditoría Interna de la Nación, al que tuvo acceso Caras y Caretas, “se visualiza cómo desde el año 2022 se estaba vaciando la empresa”, apuntaron los ahorristas. En dicho informe, en la subclasificación de activo-pasivo y patrimonio, comparados los ejercicios a junio de los años 2021 y 2022, se refleja entre los conceptos efectivo de caja y saldos de bancos en 2021, la empresa sumaba más de $256 millones, mientras que, en el período de 2022, esos dos mismos rubros sumaron poco más de $22 millones, lo que evidencia el vaciamiento de fondos.
La compleja red de empresas que hacían transacciones con Conexión Ganadera estaba conformada por Hernandarias XIII, Pasfer S.A., Etranil S.A., Del Terruño S.R.L., Bamidal S.A., La Hucha S.H., Rava Goyeche S.A.S., Grupo Isla Mala S.R.L., Cuchilla Da Silvera S.R.L., Gladenur, Frigorífico Casa Blanca, Menafra S.A.S., Sauce Chico S.A.S., Ruben Gustavo Basso Pallares / Sucesores de Basso Pallares, y Conexión Genética Sociedad Agraria Ganadera de RL, y las offshore: Tango Resources y Conga Resources (Panamá), y Del Terruño LLC (Delaware, EEUU).
Un informe de 90 páginas realizado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), al que accedió Caras y Caretas, reveló “una compleja red de transacciones inmobiliarias y societarias de alto valor, uso de letras de cambio, hipotecas y arrendamientos rurales entre los investigados, sus familiares y empresas relacionadas”.
El informe de la Senaclaft a pedido del fiscal detalló la compra de inmuebles de Carrasco entre 2022 y 2024, cuando la empresa mostraba grandes pérdidas en los balances. En esos años, Carrasco compró un apartamento en Punta del Este por U$S 290.000 a nombre de su hija mayor, Marcela. También compró bienes a sus otros cuatro hijos y donó a sus dos hijos más chicos una chacra en Montevideo rural en el predio pegado a La Baguala con un valor de casi U$S 1 millón.
A su vez, el estudio detectó que, en abril de 2022, Gustavo Basso adquirió un campo en Río Negro mediante Menafra SAS. Pagó U$S 5.729.318 a Gabefox S.A. y Gabegim Sociedad Agraria. Menafra SAS, con Basso como representante legal y único accionista, declaró en 2024 un patrimonio neto de $252 millones en 2024. El rubro principal fue “cuenta de socios, directores y/o accionistas” (99,9 %). Un mes después, Basso compró tres padrones en Rocha por U$S 3.149.807 mediante Sauce Chico SAS. El pago se realizó con cinco cheques certificados del BROU y depósitos en cuenta notarial. En marzo de 2022, esos padrones fueron arrendados a Hernandarias XIII por diez años por un canon anual de U$S 115.858.
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Abogados apuntan al círculo familiar y empresarial de Gustavo Basso.
La empresa unipersonal Gustavo Basso Negocios Rurales, tras el fallecimiento de su titular, quedó a cargo de sus hijas Agustina y Candelaria, que la reinscribieron como Sucesores de Basso Pallares. Ampliaron sus giros a remates ganaderos, cría de vacunos y cultivos. Dicha empresa empleó a Alfredo Rava, yerno y mano derecha de Basso.
Las hijas del matrimonio Basso-Cabral tenían amplia participación en las empresas y adquirieron varios inmuebles en el último periodo, según el informe de la Senaclaft. Agustina, junto a su marido (Rava) compraron en 2022 varios campos en Durazno e inmuebles en Florida por U$S 1.550.466.
La Senaclaft determinó que “las operaciones involucran montos significativos que justifican la investigación por presunto lavado de activos” por parte de Fiscalía.
Asimismo, el fiscal Rodríguez espera pedidos de información que hizo a Paraguay, Panamá, EEUU y España con los que se están rastreando cuentas y bienes vinculados a los indagados.
Hasta ahora aparecieron apartamentos que Carrasco tenía en Madrid y Punta del Este, cuyos títulos entregó a la Fiscalía.
Imputaciones en carpeta e indignación en puerta
El próximo jueves 17 de julio, en una audiencia fijada por la jueza especializada en Crimen Organizado de 2° turno, Diovanet Olivera, se conocerán los primeros pedidos de imputaciones del fiscal Enrique Rodríguez para los principales responsables de la estafa de Conexión Ganadera.
Según se filtró en varios medios, y fue confirmado por Caras Caretas en base a fuentes cercanas a la investigación, Rodríguez tiene previsto imputar, en esta primera instancia, a los tres principales responsables del “fondo” ganadero. A Pablo Carrasco por estafa y lavado de activos, seguramente con prisión preventiva, mientras que a su esposa y Daniela Cabral solo por el delito de estafa, y todavía no está claro si se serán beneficiadas con prisión domiciliaria.
La información filtrada sobre las primeras formalizaciones de la investigación causó malestar en las defensas de los damnificados, no solo por no ser notificados (como si entienden que lo hicieron con los abogados de los que serán imputados), sino también porque sostienen que con la evidencia que hay en la carpeta de investigación, el fiscal Rodríguez debió pedir la imputación por lavado también a Iewdiukow y Cabral por lavado de activos, y a los tres por varios otros delitos.
Las defensas también entienden que el fiscal deberá imputar a más personas involucradas en el esquema. “Ha quedado claro que solo con estos tres imputados el sistema no funcionaba. Hay más responsables que deben ser formalizados”, advirtió el Dr. Ignacio Durán.
Desde Fiscalía aclararon que la investigación continuará, no solo para determinar mayores responsabilidades penales de los tres socios, sino de decenas de mandos medios que hacían posible la estafa de Conexión Ganadera. Entre ellos se encuentran varios familiares de los tres socios, los ya mencionados Rava, Flores, Quiroga, el gerente general de Conexión Ganadera Martín Bartol (también gerente de operaciones en Del Terruño) y el responsable de la empresa Pasfer, Maximiliano Rodríguez.
La cuenta principal de los damnificados Inversores de Conexión Ganadera publicó en redes sociales un descargo respecto de las imputaciones que tiene en carpeta el fiscal.
“Una vergüenza como pocas. Tomarse 6 meses para hacer una imputación ‘a prueba de balas’ y que esa imputación termine en solo 2 delitos para una persona que hizo mínimo una decena. Y con una imputación por estafa, que tiene un máximo de 4 años de cárcel (que jamás van a cumplir) a AI (Ana Iewdiukow) y DC (Daniela Cabral). No se sostiene por ningún lado, ni siquiera comparando con Jairo Larrarte, el cual está imputado por estafa con prisión efectiva”, apuntaron.
“Tanto en lo penal como en lo civil se nos cagan de risa en la cara. Y esto prueba que en Uruguay la justicia no existe, y que el territorio está liberado para las estafas, el narcotráfico y el lavado de activos”, acusaron los damnificados y aseguraron que van a ir “hasta las últimas de las consecuencias”, acá o en una corte internacional, “pero esto no va a quedar así”.
Lamentaron que “siguen sentando el precedente de que en este país estafar es una papa y es un gran negocio”.
