Cuando la vivienda pasa de ser un derecho a ser una condena

Que entre algunos de los miles de ocupantes se hallan sumado personas con fines delictivos, tampoco es la causa ni el motivo principal.

Miles de familias, muchas de las que esperaban las "mediáticas 50 mil viviendas" que la Ministra de vivienda Irene Moreira iba a construir, se sumaron a la legión de ocupantes.

A ellos, sin respuestas institucionales que resolviera su situación, se le aplicó un procesamiento que parece a obedecer a una suerte de escarmiento, de disciplinamiento, por encima incluso, de la defensa del derecho a la propiedad privada.

Porque la propiedad privada, una vez recuperada de sus fugaces usurpadores, sigue su redotero como en muchos casos, de inmuebles abandonados sin ningún fin útil para la sociedad.

Mas daño que el que se quiso evitar

Carlos y su esposa Roxana junto a sus hijos forman parte de las mas de mil familias que a fines del 2019 ocuparon terrenos por la zona de Santa Catalina, en el oeste de Montevideo.

Carlos particularmente fue "condecorado" por el Fiscal Diego Pérez junto a otras 90 personas, procesándolo por los delitos de Usurpación y Hurto de suministro eléctrico, dándoles un plazo para abandonar el terreno y no hacer efectivo el procesamiento con prisión.

Gente de trabajo con poco conocimiento de los marcos legales, Carlos y su familia a pesar de no tener otra solución, decidieron aprovechar el plazo dado para abandonar el terreno y buscar otra opción; nada es mas preciado que la libertad, sin tomar en cuenta el primer gran daño causado por la decisión judicial: encarcelar a un hombre de trabajo con delincuentes.

Una esperanza nació cuando desde España a Carlos le ofrecen un trabajo estable y sin horizonte en Uruguay, debiendo abandonar el terreno que era su precaria solución, no lo pensó dos veces.

Con creces cumpliría el deseo del Fiscal Diego Perez, no solo de abandonar el terreno, sino incluso el país.

Logró vender rápidamente la cabaña prefabricada que había construido y otras pertenencias para poder juntar plata para los pasajes.

Y allí aparece la otra "herida"; cuando fue a tramitar el pasaporte, en forma burocrática se le respondió que no se lo podían otorgar por tener antecedentes.

Por el delito de Usurpación el CPP establece que "Será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría", a lo que se le suma el delito de Hurto de energía eléctrica.

Carlos ya pidió asistencia legal y ojalá llegue a buen puerto, pero sirva su experiencia como un ejemplo de la aplicación séptica de las normas legales, en la realidad social.