El fiscal de Atlántida Ignacio Montedeocar formalizó este lunes al propietario del residencial de Salinas donde fallecieron cuatro personas tras un incendio ocurrido el pasado 18 de julio. Según comentó el vocero de Fiscalía, Javier Benech, el individuo fue imputado por un delito de homicidio complejo y culpable, con resultado de muerte.
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El fiscal dispuso una prisión preventiva de 120 días para el dueño del local (y la prohibición de acercarse a personas vinculadas al caso) mientras continúa la investigación.
El incendio fatal
El fuego se originó en el living de la residencia, donde se registró mucha concentración de humo y comenzó por un calefactor y luego por la explosión de un televisor, según las primeras pericias.
En el lugar, había nueve adultos mayores y dos funcionarios. De los adultos mayores, dos resultaron ilesos, y tres sufrieron lesiones menores; fueron asistidos y dados de alta en el lugar por intoxicación leve por humo.
En primera instancia murió una hombre de 94 años. Tres mujeres, de entre 80 y 82 años, quedaron graves y fallecieron en los días posteriores.
Jerarcas se pasaron la pelota
Quedó constatado que el residencial de Salinas tuvo inspecciones ministeriales previas, pero aun así no contaba con habilitación de Bomberos.
Tras el fatal incendio, el ministro de Desarrollo Social Alejandro Sciarra aseguró que el residencial había sido inspeccionado por técnicos del Mides el 22 de mayo y “no se constataron irregularidades que tengan un riesgo para los residentes” y que "se estaba haciendo seguimiento".
Además, se excusó de que el Mides no dispone de los técnicos capacitados para identificar posibles accidentes “en lo que tiene que ver con incendios”, y en ese sentido aclaró que “eso es una prerrogativa de Bomberos, del Ministerio del Interior”.
Sciarra, dijo que el establecimiento había iniciado su proceso de habilitación (de Bomberos) y contaba con un certificado del Ministerio de Salud Pública (MSP). Al respecto, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, informó que el MSP realizó dos fiscalizaciones al residencial en marzo y abril de este año. Según fuentes de la investigación, los trámites iniciados ante la MSP nunca fueorn completados.
El vocero de la Asociación de Residenciales de Adulto Mayor (Aderama) Juan Sparkov manifestó a los Medios Públicos la necesidad de establecer sanciones para los responsables que no cumplan con los requerimientos necesarios y cuestionó la falta de acción en la inspección.
“Hay que barrer a todos los mandos medios que están asesorando a los titulares de cada una de las direcciones, y hacer una política de salud nacional nueva para la tercera edad”, apuntó Sparkov.
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