Pronunciamiento del Ministerio de Ambiente
En respuesta, el ministro Edgardo Ortuño informó en una carta enviada a la INDDHH que, hasta la fecha, ningún proyecto ha recibido autorización ambiental, un requisito imprescindible para avanzar en la aplicación de la sísmica.
Ortuño confirmó que se están evaluando cinco proyectos, todos clasificados como de Categoría C, por su “potencial de generar impactos ambientales negativos significativos”. Según el ministro, las dos iniciativas más avanzadas —PGS Exploration y CGG Services— están en las etapas finales de evaluación.
Impactos ambientales
Para la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay, la preocupación va más allá del proceso administrativo. En la denuncia enviada a la INDDHH, la organización advierte que la prospección sísmica “representa una amenaza directa a la biodiversidad marina, la salud de ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades que dependen del mar como fuente de vida y trabajo”.
Consideran que estos proyectos constituyen un retroceso en materia de cambio climático, ya que contradicen los compromisos asumidos por Uruguay en el Acuerdo de París y en el Acuerdo de Escazú, además del Plan Nacional de Acción contra el Cambio Climático.
También critican las limitaciones en la participación ciudadana: desde la escasa difusión de los proyectos hasta problemas técnicos para completar formularios en la web del Ministerio. “A pesar de existir normativas que respaldan el derecho a un ambiente sano, estos principios no siempre son efectivamente aplicados o respetados”, afirma la organización.
Lo que detectó la INDDHH
En su análisis, la INDDHH detectó falta de evaluaciones integrales sobre los impactos acumulativos y sinérgicos de los proyectos. A pesar de que las propias empresas reconocen posibles afectaciones graves —como la muerte de peces, cefalópodos, mamíferos marinos y reptiles, además de alteraciones en zonas de biodiversidad crítica—, el organismo advierte que no está claro si las medidas de mitigación propuestas son suficientes ni si habrá controles estatales efectivos.
Además, la INDDHH cuestiona las capacidades del Estado uruguayo para fiscalizar estas actividades en alta mar, recordando antecedentes de limitada vigilancia frente a la pesca ilegal en aguas profundas. También menciona litigios judiciales aún vigentes por afectaciones pesqueras derivadas de exploraciones anteriores.
Debilidad institucional
La evaluación jurídica realizada por la INDDHH revela una ausencia de normativa específica que regule de forma integral la prospección sísmica y la explotación petrolera offshore. Aunque Uruguay cuenta con leyes ambientales robustas, el vacío regulatorio específico genera un escenario de incertidumbre y debilidad institucional.
El organismo insiste en que la información geológica y ambiental que surja de estas actividades es de interés público y no puede estar sujeta únicamente a la lógica comercial de las empresas. “El acceso a datos clave para la gestión ambiental debe estar garantizado por el Estado”, señala el informe.
El colectivo ambiental exige la suspensión total de las prospecciones y solicita una Evaluación Ambiental Estratégica que considere todos los proyectos en conjunto. Además, demanda el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información, así como la protección efectiva de los derechos humanos en la toma de decisiones ambientales.
Mientras tanto, la INDDHH aguarda la respuesta formal del Ministerio de Ambiente. El debate continúa abierto, con múltiples actores en tensión entre el desarrollo económico y la protección del ambiente.
