Un caso de extrema violencia contra un animal volvió a instalar el debate sobre la protección de las mascotas y las limitaciones de la legislación uruguaya en materia de maltrato animal. La situación ocurrió en un complejo de viviendas de Santa Lucía, en el departamento de Canelones, donde un hombre fue denunciado por golpear brutalmente a un gato hasta provocarle la muerte.
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El hecho tomó estado público luego de que se viralizara un video que registró la agresión. Las imágenes fueron obtenidas por un vecino, quien relató que escuchó los maullidos del animal mientras se encontraba en su vivienda. Al acercarse al lugar, observó al hombre agrediéndolo y decidió grabar la escena para reunir pruebas de lo sucedido.
De acuerdo con su testimonio, tras registrar las imágenes logró rescatar al gato y gestionar asistencia veterinaria de urgencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales, el animal murió debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Prisión domiciliaria con tobillera
En las últimas horas, la Fiscalía Departamental de Canelones de 1º Turno, a cargo de la fiscal Irena Penza, informó que obtuvo la formalización de la investigación contra el hombre denunciado por matar a golpes al gato, que pertenecía a una vecina del complejo habitacional.
Según detalló el organismo, la denuncia presentada por los residentes reveló que no se trataba de un episodio aislado. La Fiscalía señaló que "no era la primera vez que los vecinos del complejo recibían amenazas sobre sus mascotas por parte de este hombre" y agregó que "a muchos de ellos ya les habían faltado otros gatos".
Desde Fiscalía explicaron que, si bien el maltrato hacia los animales está prohibido por la Ley Nº 18.471 de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales, "en nuestro país no está tipificada como delito".
Ante esa situación, la estrategia jurídica se apoyó en otros tipos penales. Al tratarse de una mascota que tenía propietaria, la Fiscalía logró la imputación del hombre por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado, un delito de daño y un delito de violencia privada especialmente agravada.
Respecto a este último punto, el organismo sostuvo que la violencia fue ejercida sobre el animal, pero estaba dirigida a la dueña del gato, configurando así una afectación indirecta hacia la propietaria.
La fiscal Penza solicitó como medida cautelar la prisión preventiva del imputado mientras avanza la investigación. No obstante, la sede judicial resolvió imponerle prisión domiciliaria total por 90 días con colocación de dispositivo electrónico.
Disconforme con esa resolución, la representante del Ministerio Público presentó una apelación, por lo que la medida adoptada por la Justicia podría ser revisada en una instancia superior.