El anuncio generó una reacción inmediata en el mercado. Durante el fin de semana previo a la entrada en vigencia del aumento, se registró un incremento significativo en la demanda de combustibles. La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay reportó niveles de ventas entre 25% y 30% superiores a lo habitual, reflejando un comportamiento anticipatorio por parte de los consumidores.
Sin embargo, la medida también generó cuestionamientos desde distintos sectores. Representantes del sector productivo, especialmente vinculados al agro, advirtieron sobre el impacto del aumento del gasoil en los costos de producción, transporte e industria. Desde la Asociación Rural del Uruguay se planteó la preocupación por el uso del precio del gasoil como herramienta para financiar otros componentes del sistema, reclamando mayor transparencia en la estructura de costos.
En el plano político, surgieron críticas desde la oposición, que cuestionan tanto la oportunidad del ajuste como su magnitud. Algunos dirigentes sostienen que el gobierno podría haber evitado o moderado el aumento, e incluso plantean que existe un componente de recaudación asociado a la suba de tarifas. También se ha señalado una supuesta falta de simetría en la política de precios: mientras los ajustes al alza se trasladan rápidamente, las bajas internacionales no siempre se reflejan con la misma velocidad en el mercado local.
El impacto también se siente en los hogares. El aumento del supergás —que pasó de $88,46 a $94,64 por kilo— genera preocupación, especialmente de cara a los meses más fríos, dado su rol esencial en el consumo doméstico. Este aspecto refuerza la sensibilidad social de la medida y su impacto directo en el costo de vida.
En términos regionales, el gobierno destacó que los ajustes en Uruguay se ubican por debajo de los registrados en otros países. En Argentina, los aumentos oscilaron entre 20% y 25%; en Paraguay entre 18% y 28%; en Chile alcanzaron el 30% en nafta y 40% en gasoil; y en Perú llegaron hasta el 40%. Este argumento busca contextualizar la medida dentro de una tendencia global y regional de suba de precios energéticos.
La suba de combustibles en Uruguay refleja la tensión entre un contexto internacional adverso y la necesidad de mantener cierta estabilidad interna. Mientras el gobierno defiende la medida como un mecanismo de amortiguación frente a un shock externo sin precedentes recientes, sectores productivos y políticos advierten sobre sus efectos en la competitividad y el costo de vida. El aspecto central sigue siendo gestionar esta volatilidad en un escenario global incierto, donde el precio de la energía seguirá siendo un factor determinante.
