Este miércoles 25 de noviembre se conmemora un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un escenario complejo. Un gobierno de derecha, una ley contra la violencia de género a la que no se destinaron recursos, recortes presupuestales en áreas sociales fundamentales y la violencia machista de siempre, agudizada por el contexto de la pandemia.
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En este marco, Caras y Caretas Portal dialogó con Tamara García, vocera de la Intersocial Feminista, quien profundizó sobre las reivindicaciones más relevantes en esta jornada de lucha contra la violencia hacia la mujer. «La violencia es más que un golpe, y por eso este año remarcamos que la lucha es contra toda las formas de violencia que sufren las mujeres, como la institucional o la patromonial, que son, en definitiva, las que nos terminan empujando a situaciones de violencia intrafamiliares y a no poder salir de ese círculo», expresó.
García subrayó que la Intersocial «seguirá pidiendo» presupuesto para la Ley Integral de Violencia Basada en Género y que el Estado se haga responsable de adjudicar recursos para una problemática que fue declarada como emergencia nacional durante el período anterior. La falta de recursos para combatir las situaciones específicas de violencia de género no es el único problema, explicó, sino que a eso se le suman las consecuencias de recortes presupuestales en otros servicios que, de alguna forma, están destinados a las mujeres en mayores situaciones de vulnerabilidad.
«Cuando se desmantelan ciertos servicios es necesario pensar de qué forma afectará a las mujeres. Hace meses que no se entregan las tarjetas del Mides y sabemos que quienes reciben este aporte son, principalmente, las mujeres. Lo mismo ocurre con el Sistema de Cuidados, que asiste a las mujeres que se hacen cargo de los cuidados del hogar y que además trabajan afuera. ¿Qué posibilidades tienen esas compañeras de poder seguir sosteniendo la vida y manteniendo un trabajo estable que les permita generar aportes para el hogar, si aquedan relegadas solo a la vida doméstica? Estamos hablando de un servicio que ayuda a mujeres que tienen a cargo hijas, hijos, personas en situación de discapacidad o adultos mayores. Se trata de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad que, ante la inexistencia de políticas específicas, no pueden salir adelante», expresó García.
Otra de las reivindicaciones importantes de este año tiene que ver con la implementación de los juzgados multimateria, que el gobierno propuso derogar y que, mediante el diálogo parlamentario, se logró pasar de la derogación a la suspensión. Para García «es una pérdida tremenda», ya que ese sistema busca generar mayores garantías para las mujeres que sufren violencia de género. Estos juzgados son importantes, de acuerdo a García, porque evita que la mujer quede expuesta a un proceso engorroso luego de que realiza la denuncia. «Cuando una mujer logra hacer la denuncia, comienza a transitar de juzgado en juzgado para ir solucionando todo lo que implica el proceso de denuncia. Primero resolver las medidas cautelares, si hay menores a cargo tiene que ir a un juzgado de familia por la tenencia, y así con cada aspecto. A eso se suma que en el Poder Judicial no existe una perspectiva de género o sensibilización. Hay compañeras que por errores internos se encuentran en esos juzgados con sus agresores. El juzgado multimateria esta enfocado en tratar todos los temas de la mujer y se tramita todo en un solo lugar».
Sobre las promesas electorales del actual gobierno respecto al combate de la lucha contra la violencia de género, opinó que se lee «una gran contradicción» al observar que se declara una emergencia nacional y no se destinan recursos. «Si la violencia de género es prioridad del Estado necesitamos que las medidas que toman sean acordes a esa prioridad y no que se reduzcan los recursos existentes», sentenció.
«Seguimos teniendo causas dormidas, hay mujeres que no están accediendo a la Justicia y hay niñas, niños y adolescentes que sufrieron violencia intrafamiliar o sexual y están esperando asistencia desde hace un año», agregó.
Consultada sobre los efectos de la pandemia y la crisis económica, García reconoció que afecta a todas las personas, pero que esas afectaciones estan enfocadas principalmente en las mujeres «porque somos las que sostenemos los cuidados en los hogares». En tal sentido, enfatizó en la necesidad que tiene el colectivo de contar con políticas específicas. «En Uruguay la pobreza tiene cara de mujer y necesitamos que se haga énfasis en la cuestión de género. Los recortes no pueden ser en una línea de seguir vulnerando a personas que ya están en situación de vulnerabilidad».
Con respecto a la postura del gobierno, García dejó en claro que muchas decisiones que se están tomando agudizan la desigualdad entre hombres y mujeres. «Tenemos claro el momento complejo que esta atravesando el país, entendemos lo que implica la emergencia sanitaria, pero necesitamos que el Estado cumpla con las prioridades. Las mujeres somos las grandes relegadas en el proyecto del gobierno. Somos conscientes de que la mitad de la población apoyó ese proyecto de gobierno, pero no lo vamos a acompañar y nos van a ver luchando para que los recortes planteados no sigan aumentando las brechas de desigualdad que existen».
García hizo referencia a una placa sobre la violencia de género difundida desde el Instituto Nacional de la Mujer (Inmujeres) que plantea la problemática como «prioridad de Estado, pero responsabilidad ciudadana» y cuestionó que el Estado, con ese tipo de mensajes, busque delegar responsabilidades. «Claramente hay una responsabilidad de la sociedad en la lucha contra la violencia en lo que tiene que ver con denunciar, no ser cómplices, entre otras cosas. Pero la responsabilidad principal la sigue teniendo el Estado y no vamos a respaldar una postura que le quite responsabilidad».