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Editorial LUC |

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Por Leandro Grille.

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La permanente prédica antisindical del gobierno no entraña ninguna novedad, puesto que uno de los principales objetivos de la derecha es bajar el salario real o, como lo llaman los neoliberales, el costo salarial de las empresas y, para ello, la desarticulación de la resistencia organizada de los trabajadores es una condición sine qua non. Ahora bien, es importante asumir que más allá de la prédica, el gobierno ejecuta acciones a esos efectos, algunas promocionadas y visibles, como las normativas antisindicales contenidas en la Ley de Urgente Consideración, las comisiones de persecución en el Parlamento, las denuncias y sanciones administrativas contra sindicatos y dirigentes, las leyes orientadas a dificultar la actividad gremial o las frecuentes campañas de denostación en los medios de comunicación dominantes. Pero también es probable que organice operaciones oscuras, lejos de los flashes, discretas, conspirativas, eventualmente reñidas con la legalidad y con los principios democráticos en un Estado de derecho.

El gobierno de nuestro país se inscribe en una corriente de la derecha sudamericana que carece de escrúpulos. Desde su asunción, con la lista de mandatarios invitados, Lacalle Pou dejó su marco de alianza continental claro: por eso lo acompañaron Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, Mario Abdo Benítez, Iván Duque y Luis Almagro. Los cuatro presidentes más reaccionarios de América del Sur en ese entonces y el Topo Almagro, secretario general de la OEA, completamente alineado con el Departamento de Estado de Donald Trump, cuando no un agente directo de Estados Unidos.

¿Qué tan a la derecha está la derecha sudamericana? Pues bien, apunten: en Chile, el gobierno de Piñera es incalificable, y el expresidente llegó a declararle al pueblo movilizado, pero ahora mismo el candidato de la derecha en las recientes elecciones fue un pinochetista hijo de un militante nazi. En Brasil, Jair Bolsonaro, acusado de genocidio por su gestión de la pandemia, es un fascista evidente, vinculado con milicias ilegales, reaccionario y loco. Pero que, por lo demás, accedió a la presidencia luego de que el principal de la izquierda brasileña y el hombre más popular de ese país fuera enviado a prisión en conjunto de causas amañadas, truchas, por un juez hoy despreciado y reconocido como un farsante responsable de una persecución ilegal y ordinaria. En Bolivia, la derecha dio un golpe de Estado racista, blandiendo la cruz, quemando wiphalas y ejecutando masacres, hasta que el pueblo pudo devolver a la izquierda al poder. En Argentina, además de las múltiples operaciones de lawfare, ahora se conoce que el expresidente Macri, tan cercano a Lacalle Pou, ordenaba a los servicios de inteligencia espiar a todo el mundo, armar causas judiciales contra sus opositores y, a partir de videos revelados esta semanas, ya sabemos que sus jerarcas soñaban con tener una Gestapo para deshacerse de los líderes sindicales. En Colombia, el gobierno de Iván Duque se ha caracterizado por la represión y por las matanzas –más de cien ya– en las que mueren jóvenes y miltantes sociales a manos de paramilitares u operaciones clandestinas de fuerzas de seguridad.

Esa es la derecha continental de hoy. Y las pruebas abundan. Ese es el contexto ideológico en el que hay que inscribir al gobierno uruguayo. Por lo tanto, es legítimo preguntarse a qué está dispuesto nuestro gobierno en el marco de su propósito explícito de combatir la actividad sindical y opositora. Cuál es el transfondo de las declaraciones de Manini, llamando a parar el “atropello” que representarían los paros y las movilizaciones de los trabajadores, o de las permanentes intervenciones de los legisladores Da Silva, Bianchi, Schipani, señalando al sindicalismo y a los opositores como un enemigo, o incluso de la publicación del presunto socialdemócrata Ope Pasquet, que escribió este 28 de diciembre en Twitter la siguiente barbaridad: “Pararon la refinería, como en la dictadura; preparan marcha a P. del E., como en 2002; se movilizan contra la reforma educativa, trabajando para el referéndum contra la LUC. Mensaje: no importa quién gane las elecciones, nadie gobierna si el Pit-Cnt no quiere. Contra eso vamos” .

Toda esa retahíla de imprecaciones contra las organizaciones obreras busca construir una legitimación ante conductas represivas y persecutorias que tienen en carpeta. Conductas más severas que las que ya han puesto en práctica, porque todavía no se atreven a dar los siguientes pasos que postergan para después del referéndum. Si logran salir victoriosos de esa instancia, usarán el aparato legal que edificaron para impedir la acción sindical, pero si el pueblo anula los artículos de la LUC impugnados, eso no significa que cesarán en sus intenciones. Las llevarán adelante por otros medios y hay que estar bien alerta, tener los ojos bien abiertos para anticipar, para prevenir y para denunciar, porque vinieron por todo, con rencor en alma y una sólida voluntad, ya no de mera restauración, sino  de venganza. Desde el primer día sabemos con quién andan, no ignoremos, entonces, lo que son.

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