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Tierra para pocos

En América Latina, 1% de las explotaciones agrícolas poseen más de la mitad de la tierra productiva. En Uruguay, las pequeñas fincas, que representan 82,1% de las explotaciones agropecuarias, sólo ocupan 22,1% del territorio.

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Por Fernando Sánchez

No es nuevo afirmar que América Latina es la región más desigual del mundo y la que más contrastes presenta. No sólo el desbalance económico y político entre los países del continente plantea esa realidad: la brecha social, los antagonismos y la disparidad en cada uno de ellos son lo que verdaderamente dibuja ese contexto. Aun cuando en los últimos años, bajo la estela de gobiernos progresistas, se dieron pasos para disminuir la desigualdad y la pobreza, el abismo parecería inamovible. Una reciente investigación de la ONG internacional Oxfam así lo demuestra. Según dicho estudio, publicado con el título “Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina”, 1% de las estancias y las fincas más grandes del continente acapara más de la mitad de la tierra agrícola, mientras que 80% de las fincas cuenta tan sólo con 13% del territorio productivo. Es decir, “el 1 por ciento de las fincas utiliza más tierra que el 99 por ciento restante”, sostiene el texto. De esta forma, estamos ante “la región del mundo más desigual en la distribución de la tierra”. Tal afirmación podría no sonar extraña. Ya se sabe que la realidad latinoamericana es la más desigual; no hay ninguna novedad. Sin embargo, la investigación de Oxfam aporta datos verdaderamente alarmantes. Colombia, por ejemplo, es el país donde el contraste de la tierra se ve con mayor fuerza. Allí sólo 0,4% de las explotaciones acapara más de 67% de la tierra productiva y 84% de las explotaciones más pequeñas manejan menos de 4% de la superficie productiva. En Chile y Paraguay el panorama es casi el mismo: 1% de las explotaciones acapara más de 70% de la tierra. En Paraguay, 91% de las fincas apenas ocupa 6% de la tierra. Grandes concentraciones Las explotaciones agropecuarias que concentran la mayor parte de la tierra en el continente tienen en promedio más de 2.000 hectáreas, aproximadamente unos 4.000 campos de fútbol. En países de América del Sur, sin embargo, ese promedio se ubica muy por encima. La razón está en lo que en cada lugar se entiende por “pequeña propiedad”. Si en Uruguay o Argentina el tamaño promedio de la pequeña propiedad ronda las 100 hectáreas, en Centroamérica mediría entre una y tres hectáreas. Una pequeña propiedad por estas latitudes sería una gran superficie en Guatemala, por ejemplo. “Mientras que los grandes latifundios se hacen cada vez más con el territorio, las pequeñas fincas familiares quedan arrinconadas o van desapareciendo”, sostiene el estudio, que analizó los censos agropecuarios de 15 naciones latinoamericanas. Según Oxfam, el extractivismo, “un modelo productivo basado en explotar los recursos naturales con el fin de producir grandes volúmenes de materias primas”, ha aumentado en los últimos tiempos la competencia por la tierra y la concentración de poder en torno a esta. La extrema desigualdad se vincula en gran medida con esa forma de explotación de los recursos naturales, pero también con otros factores que los datos de los censos no traslucen. Si se midieran también aspectos como “la calidad del suelo, la proximidad a los mercados, la disponibilidad de agua, el acceso a vías de transporte y otras características que condicionan la productividad, la desigualdad probablemente resultaría mucho mayor”. “Por su propia naturaleza, las actividades extractivas concentran los beneficios en manos de unas élites que despliegan su dominio sobre la tierra para acceder a todas las fuentes posibles de materias primas. Distintas formas de control más allá de la propiedad –como el alquiler, las concesiones a largo plazo, la producción bajo contrato y la integración de las cadenas de valor– han reconfigurado el poder en torno a la tierra a través de un complejo sistema de relaciones comerciales, políticas y financieras”, se explica en la investigación. Además, se afirma que la máxima expresión de ese poder radica en las corporaciones multinacionales, que, aunque no posean la tierra, mantienen su control gracias a la producción agropecuaria a gran escala, la explotación de reservas minerales y de hidrocarburos, y el dominio de puntos estratégicos de acceso a los mercados. Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de analizar la desigualdad en el acceso a la tierra es la marginación histórica de las mujeres. En América Latina, las mujeres representan menos de 12% de la población beneficiada en procesos de reforma agraria y sólo manejan entre 8% en Guatemala y hasta 30% en Perú. Las cifras que demuestran la exclusión femenina de la tierra son elocuentes: en Honduras poseen únicamente 12% de la tierra; en El Salvador, 13%; en Nicaragua, 23%, y en el resto de los países, valores similares. Además, el tamaño de las fincas que manejan las mujeres resulta considerablemente menor que la superficie que trabajan los hombres. En Brasil, por ejemplo, los productores rurales hombres tienen una superficie promedio de 60,7 hectáreas y las mujeres, 25,5; en Nicaragua, las explotaciones agrícolas de las mujeres en su mayoría no tienen más de diez hectáreas. “A pesar de que en todos los países la legislación reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en la práctica ellas suelen acceder a fincas de menor tamaño, de peor calidad y con menor seguridad jurídica”, expone el estudio, que señala también que “las políticas que han promovido el acceso a la tierra a través del mercado –tales como los fondos de tierras– las han incluido de forma subordinada y minoritaria, siempre en función de su estado civil y de su condición de madres, y no por ser mujeres productoras o trabajadoras”. Uruguay y la geopolítica de la soja El texto de Oxfam señala que la concentración de la tierra en la región ha aumentado exponencialmente desde la década de 1960, pese a que en aquella época se hicieron reformas agrarias para contrarrestar la excesiva acumulación. Esfuerzos más recientes tampoco han podido hacer mella en esa situación. Es el caso de Brasil, donde entre 1995 y 2010 se repartieron más de 80 millones de hectáreas y se asentaron aproximadamente un millón de familias campesinas. Aun así, el gigante sudamericano exhibe una altísima tasa de concentración de la tierra (más de 40% en menos de 1% de las propiedades). La organización internacional lo califica como “paraíso del latifundio”. Uruguay no ha quedado atrás en este proceso. El número de explotaciones censadas en el país se redujo en 34% entre 1961 y 2000. 96% de esa pérdida se concentró en las superficies de menos de 100 hectáreas. Las pequeñas fincas, que representan 82,1% de las explotaciones agropecuarias, sólo ocupan 22,1% de la tierra productiva. “La propiedad campesina, ya de por sí pequeña, se fracciona aun más por la herencia y en determinados contextos el pequeño tamaño hace inviable una producción rentable”, argumenta el informe, y apunta que esta “atomización de la propiedad” va en detrimento de las economías de subsistencia y expulsa de las áreas rurales a los campesinos, especialmente a las generaciones más jóvenes. Uruguay entra en lo que Oxfam denomina “geopolítica de la soja”, un producto que “ha impuesto un modelo de organización territorial a la medida de las necesidades de las transnacionales”. Junto con Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, integra lo se ha dado en llamar “repúblicas unidas de la soja”. Estos países producen juntos más de la mitad de la soja que se consume en todo el mundo. En las últimas dos décadas y media, las repúblicas unidas de la soja triplicaron el área de cultivo y quintuplicaron la producción hasta alcanzar conjuntamente más de 150 millones de toneladas en 60 millones de hectáreas. “Sólo entre 2000 y 2014 las plantaciones de soja en América del Sur se ampliaron en 29 millones de hectáreas”, indica la investigación, basándose en datos de 2014, y señala a Uruguay como el que ha tenido la expansión más rápida. Aquí, 45% del territorio cultivado tiene soja. No obstante, entre sus vecinos es el de menor producción. Brasil y Argentina concentran cerca de 90% de la producción regional. Oxfam reclama a los gobiernos latinoamericanos que brinden una respuesta “urgente y efectiva” a la demanda de tierra y medios de producción por parte de las poblaciones rurales. Asimismo, denuncia el uso de la violencia como acentuación del desigual reparto. “Con la expansión de las actividades extractivas se han multiplicado los conflictos territoriales y se han disparado de forma alarmante los índices de violencia contra quienes defienden el agua, los bosques y los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Estos grupos son marginados, perseguidos, agredidos y criminalizados por defender su derecho a la tierra”, denuncia el informe.

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