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Editorial Venezuela |

Uruguay, a dos puntas

Por Leandro Grille.

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El Grupo Internacional de Contacto, conformado por la Unión Europea (UE), Uruguay, México, Bolivia y los países de la comunidad del Caribe (Caricom) se reunió este jueves para buscar una salida negociada y pacífica a la situación creada en Venezuela, tras la autoproclamación del diputado opositor Juan Guaidó como “presidente encargado” y su reconocimiento aluvional por Estados Unidos (EEUU) y sus países aliados en la región y en otras partes del mundo. Antes del encuentro, los países latinoamericanos del grupo se reunieron el jueves 6 y suscribieron un “mecanismo de Montevideo”, cuyos términos de referencia discrepaban con los términos de la UE en cuanto a que sólo detallaban las cuatro fases para alcanzar una salida dialogada, pero no se exigía el adelantamiento de las elecciones presidenciales ni, mucho menos, se le ponía un plazo perentorio a su realización.

Así las cosas, a la cumbre del grupo de contacto llegaron dos visiones gruesas y casi inconciliables sobres las formas encarar la crisis: la europea, donde mayoritariamente ya han reconocido a Guaidó y quieren obligar a Venezuela a adelantar las elecciones, y la latinoamericana, impulsada originalmente por Uruguay, México y los países del Caribe, que proponía una estrategia de diálogo en etapas, sin condiciones a priori e instrumentadas con la mediación de facilitadores latinoamericanos, como el excanciller uruguayo Enrique Iglesias, el excanciller mexicano Bernardo Sepúlveda y la secretaria general iberoamericana Rebeca Grynspan.

La extensa reunión entre los países del grupo de contacto europeo y los países signatarios del mecanismo de Montevideo terminó con las dos partes básicamente en la misma posición, pero con la curiosidad de que Uruguay firmó los dos pronunciamientos: el de Europa, que exige elecciones para superar la crisis, y el acordado con México y los países caribeños, que no las reclama ni las impone. Siendo generosos, tal vez esa fue la única forma de constituir una base para un amplio acuerdo de diálogo, toda vez que Europa excluye explícitamente el uso de la fuerza y ya no pone un plazo de 90 días, pero ambos protocolos comenzarán a funcionar paralelamente: el mecanismo se comenzará a desplegar la semana entrante con los negociadores previstos, entre ellos un uruguayo,  mientras que los países de la UE insisten con cargar sobre el gobierno venezolano la responsabilidad de resolver la situación apuntando a Nicolás Maduro y convocando a elecciones. Otra novedad es que ahora el grupo de contacto de los europeos, a los que se sumaron Uruguay, Ecuador y Costa Rica, ya no le pone fecha a esta instancia electoral, lo que diluye el ultimátum y, todavía más, de acuerdo con lo expresado por el canciller Nin, la fecha no podrá ser impuesta desde afuera.

La posición de Uruguay es muy difícil de comprender. Y es débil. Uruguay participa en dos mecanismos que son abiertamente contradictorios. En uno se pretende imponer el adelantamiento de elecciones y se abre juicio sobre la instituciones venezolanas; en el otro se expresa abiertamente que hay que respaldar la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención. Será una genialidad de la cancillería, una salida salomónica para satisfacer a todos los concurrentes, una obligación de la sede de no dejar tirado a ningún invitado, pero no hubo una sola nación entre todas las que vinieran que se atreviera a semejante esquizofrenia diplomática, cuya sustancia es, por lo menos, confusa.

El problema de la posición europea es evidente a la luz del derecho internacional, pero lo es antes desde una mínima evaluación de riesgo: se está pariendo un método para cambiar gobiernos que se basa en el reconocimiento de las autoridades por la Casa Blanca. La UE se arrastra ante un tuit de Donald Trump, así como lo hacen otros gobiernos del mundo, sometidos hasta psicológicamente a la prepotencia estadounidense.

EEUU, por su parte, continúa preparando la guerra que ya tiene decidida. No es una guerra conjetural. No es una guerra posible si se dan un conjunto de circunstancias. Es una guerra segura, aunque se ignore cuándo comienza y cómo se desarrollará. No se sabe si será directa o echando mano a mercenarios y terceros países. Los detalles se nos escapan, pero la decisión política es transparente y los cortesanos de Trump no se esmeran en opacarla.

Venezuela se prepara para la defensa. La inmensa mayoría de los venezolanos no quiere una guerra y mucho menos una intervención extranjera. Pero si se produce, las Fuerzas Armadas y las milicias bolivarianas van a combatir: no va a ser una travesía corta ni una operación quirúrgica. Va a ser una guerra prolongada que va a costar cientos de miles de vidas.

La semana que viene comenzará a operar el “mecanismo de Montevideo”, intentando tomar contacto con las partes y el grupo de contacto de los europeos seguirá su agenda de intentar imponer por vía diplomática a Venezuela un cambio de presidente y un gobierno de derecha, porque es eso lo que está haciendo la UE, pero ahora con el apoyo de Uruguay. El grupo de contacto no va a conseguir que el gobierno venezolano le dé ni la hora y el mecanismo de Montevideo va a ser rechazado por la oposición venezolana y por su autoproclamado Guaidó, que es apenas un peón de EEUU.

Como en ambos protocolos -el europeo y el “mecanismo”- se excluye el uso de la fuerza y se acuerda contribuir con ayuda humanitaria, quizá eso pueda ganar tiempo para que no se utilice el ingreso de “ayuda” de los EEUU como la excusa o la estrategia para iniciar la operación estadounidense de “cambio de régimen” y desatar la violencia, pero todos los países que genuinamente aspiran a la paz saben que es imposible alcanzar un acuerdo que suponga la rendición del gobierno venezolano y que la voluntad de diálogo de los opositores está supeditada a la determinación del Departamento de Estado.

El grupo de contacto se volverá a reunir en el mes de marzo. Europa buscará apretar las clavijas todavía más, hasta lograr sustituir “el menor tiempo posible” -que expresa la declaración- para la realización de elecciones presidenciales por una fecha límite, un ultimátum tras el cual, va de suyo, se habilitaría la imposición de nuevas sanciones a un país que ya está completamente bloqueado y, aunque no se diga, el uso de la fuerza.

Cabe preguntarse qué busca el gobierno de Uruguay adhiriendo a un protocolo notablemente injerencista y, sobre todo, qué busca adhiriendo simultáneamente a los dos, que se excluyen en las formas y en el contenido. Es un misterio que habrá de develar el tiempo. Por lo pronto, como país, hay que admitir que hemos perdido la neutralidad y nos hemos sumado al bando de los países que reclaman un cambio de gobierno y el desconocimiento de las elecciones venezolanas del pasado 20 de mayo: mal que nos pese, lo único que nos distingue hoy de los partidarios del golpe de Estado internacional es que no hemos reconocido a Juan Guaidó, el títere investido por Donald Trump. Por ahora.

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